Por José Woldenberg
25 de octubre de 2012
Por un momento hemos vuelto
los ojos al mundo del trabajo. La iniciativa de reformas a la Ley
Federal del Trabajo ha ofrecido visibilidad a una realidad que
transcurre sin reflectores, escondida, sin suscitar demasiados
comentarios. Ahora, aunque sea por unas semanas, se han puesto en los
primeros lugares de la agenda los temas de las relaciones laborales y el
de la organización y representación de los trabajadores.
(Me) llama la atención que desde los medios la misma noción de sindicato
se haya convertido en una especie de mala palabra -mucho han
contribuido no pocas dirigencias sindicales-, mientras que (creo) desde
el mundo del trabajo contar con un sindicato verdadero es una auténtica
aspiración. Veamos.
Según datos del INEGI, organizados por Jaime Ros, para 2011, el 5.2 por
ciento de la población económicamente activa se encontraba desocupada,
8.3 subocupada y 28.7 en el empleo informal; lo que representaba el 42.4
por ciento. ("El reto del empleo y el imperativo del crecimiento", en
México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo. UNAM.
2012). Quiere decir que franjas enormes de trabajadores potenciales,
subocupados o inmersos en la informalidad, se encuentran fuera de las
regulaciones de la ley laboral. Para ellos no existen sindicatos ni
contratos colectivos ni prestaciones. Viven al margen de las normas
gremiales y sus condiciones de trabajo suelen ser inferiores a los
mínimos que marca la ley. Para ellos, imagino, la aspiración fundamental
sería la de ingresar al mundo laboral formal.
Según Ciro Murayama, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, para el segundo trimestre de 2012, existían en
México 32 millones de trabajadores subordinados, 2.3 millones de
empleadores, 11 millones de trabajadores por cuenta propia, 3.1 millones
de trabajadores no remunerados. Es decir, 48.4 millones de
trabajadores. De los 32 millones de subordinados -que tienen una
relación salarial- sólo 16. 7 tienen contrato escrito, el 52 por ciento.
Es probable que el universo de los trabajadores subordinados sin
contrato escrito se encuentre también por debajo de las condiciones
laborales mínimas que fija la ley. Por lo cual su ambición quizá sería
arribar a una situación como la que diseña la Ley Federal del Trabajo:
contar con un salario remunerador, prestaciones sociales y poder ejercer
sus derechos.
¿Cuántos son entonces los trabajadores que se encuentran organizados?
¿Cuántos pertenecen a un sindicato y por ello están en posibilidades de
negociar -teóricamente- de manera bilateral las condiciones de su
trabajo? Javier Aguilar García nos proporciona información oficial. En
el año 2008 de una población económicamente activa de 45.5 millones de
personas, solamente 4.69 millones se encontraban sindicalizados, el 10.3
por ciento. De esos, 2.19 millones se encontraban en el sector privado y
2.5 en el público. (Tasa de sindicalización en México 2005-2008.
Friedrich Ebert Stiftung. 2010). Se trata de una minoría que a su vez
puede subdividirse: aquellos trabajadores que se encuentran
"sindicalizados" sin ellos saberlo, porque pertenecen a algún tipo de
organización fantasma que firma y vende contratos de protección a las
empresas, y aquellos que realmente están afiliados a sindicatos que
funcionan como tales. En el primer caso, se trata de una corrupción
absoluta de la idea misma de sindicato, de la que se benefician líderes
postizos y empresarios inescrupulosos. Son sindicatos de papel,
registrados ante las autoridades del trabajo, pero que difícilmente
pueden considerarse como agrupaciones en defensa de los intereses de sus
agremiados.
En ese mar de desempleados, subempleados, informales, sin contrato,
desorganizados y solo nominalmente sindicalizados, destacan aquellos que
cuentan con una organización gremial digna de tal nombre. Se trata
quizá de los "privilegiados" del mundo del trabajo, de aquellos que
cuentan con estabilidad en el empleo, salario quincenal amarrado, seguro
social o ISSSTE, primas vacacionales, quizá reparto de utilidades y
demás prestaciones. Son la ilusión de quienes no cuentan con chamba o
que tienen un empleo precario carente de cualquier tipo de apoyo
permanente.
Y entre los realmente sindicalizados vuelve a existir una bifurcación.
Aquellos encuadrados en organizaciones sin vida interna, donde la
política y la ruta de la asociación la fijan en exclusiva los dirigentes
y que además jamás rinden cuentas ni de sus actos ni del dinero que
manejan; y aquellos que están afiliados a sindicatos donde existe una
mínima (o máxima) participación de las bases de trabajadores. En el
primer caso, introducir fórmulas para crear o recuperar los lazos entre
dirigentes y dirigidos, para establecer reglas de participación, para
hacer que las organizaciones respondan a los intereses de sus miembros,
resulta más que pertinente.
Pero como hemos tratado de ilustrar aquí, se trata de una franja
minoritaria ya no digamos de los trabajadores en general, sino incluso
de los asalariados.
jueves, 25 de octubre de 2012
viernes, 5 de octubre de 2012
viernes, 28 de septiembre de 2012
sábado, 8 de septiembre de 2012
La reforma laboral
Por Ana Laura Magaloni Kerpel
8 de septiembre de 2012
La decisión del presidente Calderón de presentar nuevamente una reforma laboral en forma de "iniciativa preferente" pone al PRI ante una disyuntiva importante. Aprobar la reforma laboral del PAN significa acotar el tipo de privilegios y rentas que históricamente han tenido las cúpulas sindicales. Ello, a pesar de los beneficios que tenga para trabajadores y empleadores, tiene importantes costos políticos. ¿Podrá el PRI sortear con éxito el conflicto con los poderosos líderes sindicales que existen en el país?
Tiene varios aciertos la reforma laboral que propone el PAN. Por falta de espacio quiero resaltar dos: 1) el tope de un año al pago de salarios caídos y 2) las condiciones para emplazar a huelga por firma de contrato colectivo. Para entender la relevancia de ambas reformas, es preciso dimensionar algunos absurdos kafkianos de nuestra "justicia laboral".
Conozco casos de pequeñas empresas familiares que han tenido que cerrar sus puertas porque uno solo de sus trabajadores reclama un despido injustificado y, con ayuda de un abogado chicanero que lleva a cabo todo tipo de triquiñuelas procesales, logra que el juicio se extienda hasta por 10 años. Al final la Junta de Conciliación y Arbitraje condena al empleador al pago de salarios caídos por ese mismo número de años. No importa que el trabajador despedido haya tenido otro empleo durante el tiempo que duró el juicio o que la suma a pagar sea tan descabellada que el patrón tenga que cerrar su negocio y despedir a todos los que trabajaban ahí. La ley laboral actual no contempla ningún límite a los salarios caídos. Por ello, han proliferado los despachos de coyotes que se dedican a cazar asuntos de este tipo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. La ecuación es simple: los "abogados" utilizan los derechos de los trabajadores para extraer rentas principalmente a los pequeños empresarios que no cuentan con buenos abogados para hacer frente a este tipo de chicanas.
La reforma laboral del PAN plantea dos cuestiones que parecen razonables para terminar con este tipo de abusos: 1) el monto de salarios caídos tiene un plazo máximo de un año y 2) sólo podrán litigar ante las Juntas abogados con cédula profesional. Esto último no necesariamente terminará con el coyotaje pero, quiero pensar, sí lo acotará.
Con respecto al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, vale la pena referirnos a lo que sucede en el ámbito de la construcción. Con nuestro actual marco normativo, cualquier sindicato puede emplazar una huelga para demandar la firma de un contrato colectivo. La Junta no pide al sindicato que emplaza la huelga que demuestre que cuenta con el apoyo de los trabajadores de la empresa emplazada. La huelga estalla, clausuran la obra y después averigua la Junta si existía o no al menos un grupo de trabajadores que apoyaban el contrato colectivo del sindicato. Ello hace que en la práctica existan los denominados "sindicatos golpeadores" que, literalmente, llegan a sacar a golpes a los albañiles de una obra y amenazan al constructor de estallar la huelga si no les paga una suma importante de dinero. Los constructores prefieren ceder a la extorsión del sindicato en vez de asumir el costo que les representa la clausura de la obra. Oscar de la Vega, uno de los mejores abogados laboristas del país del lado empresarial, calcula que la extorsión de los sindicatos en el mundo de la construcción representa entre 20 y 30 por ciento del costo de la obra.
La otra cara de la moneda de este problema son los "sindicatos blancos". Es decir, para protegerse de los golpeadores, los constructores utilizan los denominados "sindicatos blancos", con los que firman un contrato colectivo, a cambio de una suma de dinero, y con ello no puede un sindicato golpeador demandar la firma de otro contrato colectivo. Sin embargo, en este caso tampoco el contrato colectivo es acordado con los albañiles que laboran en la obra.
En cualquiera de los dos formatos, los derechos laborales de los albañiles es lo menos importante para los sindicatos y los empleadores. De ahí que existan miles de albañiles sin seguro médico, con pésimos salarios, en malas condiciones de seguridad y sobreexplotados. Los sindicatos hacen un botín con "sus derechos".
Para terminar con este tipo de abusos, la reforma laboral del PAN propone dos cosas. En primer término, si un sindicato emplaza a huelga por firma de contrato colectivo debe demostrar que cuenta con el apoyo de los trabajadores de la empresa emplazada y 2) si un empleador quiere inscribir ante la Junta un contrato colectivo de trabajo también debe demostrar el apoyo que tiene de sus trabajadores. De aprobarse estos cambios, se reduciría enormemente el espacio de extorsión de sindicatos golpeadores y blancos. Ello abre la posibilidad de que surjan líderes sindicales que defiendan los derechos de sus agremiados.
El corazón de la reforma laboral, como el de las reformas que tienen potencial de cambiar al país, subyace un cambio central de paradigma: movernos de un país en donde "el que no transa no avanza" a uno en donde el trabajo y el esfuerzo honesto sean la única forma de obtener éxito económico.
8 de septiembre de 2012
La decisión del presidente Calderón de presentar nuevamente una reforma laboral en forma de "iniciativa preferente" pone al PRI ante una disyuntiva importante. Aprobar la reforma laboral del PAN significa acotar el tipo de privilegios y rentas que históricamente han tenido las cúpulas sindicales. Ello, a pesar de los beneficios que tenga para trabajadores y empleadores, tiene importantes costos políticos. ¿Podrá el PRI sortear con éxito el conflicto con los poderosos líderes sindicales que existen en el país?
Tiene varios aciertos la reforma laboral que propone el PAN. Por falta de espacio quiero resaltar dos: 1) el tope de un año al pago de salarios caídos y 2) las condiciones para emplazar a huelga por firma de contrato colectivo. Para entender la relevancia de ambas reformas, es preciso dimensionar algunos absurdos kafkianos de nuestra "justicia laboral".
Conozco casos de pequeñas empresas familiares que han tenido que cerrar sus puertas porque uno solo de sus trabajadores reclama un despido injustificado y, con ayuda de un abogado chicanero que lleva a cabo todo tipo de triquiñuelas procesales, logra que el juicio se extienda hasta por 10 años. Al final la Junta de Conciliación y Arbitraje condena al empleador al pago de salarios caídos por ese mismo número de años. No importa que el trabajador despedido haya tenido otro empleo durante el tiempo que duró el juicio o que la suma a pagar sea tan descabellada que el patrón tenga que cerrar su negocio y despedir a todos los que trabajaban ahí. La ley laboral actual no contempla ningún límite a los salarios caídos. Por ello, han proliferado los despachos de coyotes que se dedican a cazar asuntos de este tipo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. La ecuación es simple: los "abogados" utilizan los derechos de los trabajadores para extraer rentas principalmente a los pequeños empresarios que no cuentan con buenos abogados para hacer frente a este tipo de chicanas.
La reforma laboral del PAN plantea dos cuestiones que parecen razonables para terminar con este tipo de abusos: 1) el monto de salarios caídos tiene un plazo máximo de un año y 2) sólo podrán litigar ante las Juntas abogados con cédula profesional. Esto último no necesariamente terminará con el coyotaje pero, quiero pensar, sí lo acotará.
Con respecto al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, vale la pena referirnos a lo que sucede en el ámbito de la construcción. Con nuestro actual marco normativo, cualquier sindicato puede emplazar una huelga para demandar la firma de un contrato colectivo. La Junta no pide al sindicato que emplaza la huelga que demuestre que cuenta con el apoyo de los trabajadores de la empresa emplazada. La huelga estalla, clausuran la obra y después averigua la Junta si existía o no al menos un grupo de trabajadores que apoyaban el contrato colectivo del sindicato. Ello hace que en la práctica existan los denominados "sindicatos golpeadores" que, literalmente, llegan a sacar a golpes a los albañiles de una obra y amenazan al constructor de estallar la huelga si no les paga una suma importante de dinero. Los constructores prefieren ceder a la extorsión del sindicato en vez de asumir el costo que les representa la clausura de la obra. Oscar de la Vega, uno de los mejores abogados laboristas del país del lado empresarial, calcula que la extorsión de los sindicatos en el mundo de la construcción representa entre 20 y 30 por ciento del costo de la obra.
La otra cara de la moneda de este problema son los "sindicatos blancos". Es decir, para protegerse de los golpeadores, los constructores utilizan los denominados "sindicatos blancos", con los que firman un contrato colectivo, a cambio de una suma de dinero, y con ello no puede un sindicato golpeador demandar la firma de otro contrato colectivo. Sin embargo, en este caso tampoco el contrato colectivo es acordado con los albañiles que laboran en la obra.
En cualquiera de los dos formatos, los derechos laborales de los albañiles es lo menos importante para los sindicatos y los empleadores. De ahí que existan miles de albañiles sin seguro médico, con pésimos salarios, en malas condiciones de seguridad y sobreexplotados. Los sindicatos hacen un botín con "sus derechos".
Para terminar con este tipo de abusos, la reforma laboral del PAN propone dos cosas. En primer término, si un sindicato emplaza a huelga por firma de contrato colectivo debe demostrar que cuenta con el apoyo de los trabajadores de la empresa emplazada y 2) si un empleador quiere inscribir ante la Junta un contrato colectivo de trabajo también debe demostrar el apoyo que tiene de sus trabajadores. De aprobarse estos cambios, se reduciría enormemente el espacio de extorsión de sindicatos golpeadores y blancos. Ello abre la posibilidad de que surjan líderes sindicales que defiendan los derechos de sus agremiados.
El corazón de la reforma laboral, como el de las reformas que tienen potencial de cambiar al país, subyace un cambio central de paradigma: movernos de un país en donde "el que no transa no avanza" a uno en donde el trabajo y el esfuerzo honesto sean la única forma de obtener éxito económico.
jueves, 14 de junio de 2012
Duros golpes al sindicalismo
Por Sergio Muñoz Bata
14 de junio de 2012
En esta época de austeridad económica los votantes estadounidenses arremeten contra el poder político del sindicalismo de Wisconsin a California limitando los beneficios y las pensiones de los trabajadores del sector público.
El sindicalismo estadounidense recibe tres duros golpes en las elecciones primarias de junio. En el estado de Wisconsin, los sindicatos fracasaron en su intento por destituir al Gobernador del estado, Scott Walker quien el año pasado promovió y promulgó como ley un conjunto de reformas que limitan la negociación colectiva de contratos y afectan directamente el sistema de pensiones de los trabajadores del sector público sindicalizados: maestros, policías, bomberos y burócratas. En San Diego y San José California, los ciudadanos también votaron para fijarle límites al sistema de pensiones de los trabajadores del sector público.
De los tres casos, el de Wisconsin es sin duda el más relevante por el alcance de las reformas que hace apenas un año convirtió en ley el Gobernador Walker con el apoyo de la legislatura local y ahora, de la mayoría del electorado. Según Walker las reformas eran necesarias para empezar a reducir de forma permanente los enormes déficits presupuestarios que enfrenta el estado. Se calcula que este año el déficit estatal será de 3.6 miles de millones de dólares, déficit que a juicio de Walker se debe principalmente al gasto fijo en las pensiones de los trabajadores públicos. Hoy, en Estados Unidos solo el 7 por ciento de quienes trabajan en el sector privado son miembros de un sindicato mientras que el 37 por ciento de quienes trabajan en el sector público están sindicalizados. En Wisconsin, la proporción es semejante. Pero para entender la verdadera dimensión del golpe al sindicalismo habría que considerar que la ley de Wisconsin prohíbe a los gobiernos condales, municipales y a los distritos escolares retener las cuotas de los trabajadores para dárselas a los sindicatos. Se calcula que un trabajador sindicalizado paga una cuota anual de aproximadamente $500 y que una gran parte de este dinero se utiliza para financiar campañas políticas.
La ley también dispone que los trabajadores deberán votar anualmente para determinar si quieren continuar siendo representados por el sindicato; prohíbe que los sindicatos participen en la negociación de pensiones, beneficios o condiciones laborales; limita los aumentos a los salarios al tope marcado por el índice de inflación y elimina la posibilidad de negociar la figura del puesto irrevocable (tenured) de los maestros. Y si en Wisconsin hablamos de revocar reivindicaciones sindicales que tomaron años de lucha, lo mismo se puede decir de los resultados de la votación en San Diego y San José, California donde los votantes aprobaron proposiciones que también reforman y limitan los programas de pensiones de los mismos trabajadores del sector público en esas ciudades.
En términos generales lo que las tres derrotas al sindicalismo muestran es que en la apretada situación económica que vivimos los ciudadanos resienten que los trabajadores del sector público disfruten de generosas pensiones y beneficios con el dinero de los contribuyentes. Y si bien es cierto que parte del problema, según reflejan los resultados de una encuesta del Pew Center de 2011, es que los sindicatos no se han preocupado por mejorar su imagen ante la ciudadanía y sólo un 45 por ciento de los estadounidenses ve a los sindicatos con simpatía, la realidad es que el problema es mucho más complejo. Un dato demoledor es que en Wisconsin mismo, las encuestas a boca de urna mostraron que un 38 por ciento de los votantes que apoyaron al Gobernador Walker son miembros de carnet de algún sindicato.
Como suele suceder en estos casos, lo sucedido en Wisconsin ha tenido muchas lecturas. Algunos analistas estiman que la elección mostró que la mayoría de los votantes está en contra de la idea de destituir a un Gobernador electo. Otros atribuyen el resultado a que el Gobernador y sus aliados en toda la nación gastaron más del triple de lo que gastaron los sindicatos, y critican la decisión de la Suprema Corte de Justicia que permitió que las corporaciones, al igual que los sindicatos, puedan gastar los que quieran a favor de sus candidatos o causas.
Yo soy un convencido de la idea de que por regla general los sindicatos no solo benefician a los trabajadores porque les protegen del posible abuso de los dueños de los negocios sino que en muchos casos son indispensables. Eso no significa que concuerde con algunas prácticas excesivas de muchos sindicatos que a veces rondan en el terreno de la delincuencia y frecuentemente cometen abusos. Mucho menores por supuesto que los que cometen los banqueros, inversionistas, abogados, empresarios o políticos pero abusos al fin. Y aunque no creo que las pensiones de los trabajadores sean la causa principal de los desequilibrios presupuestales, y sí las reducciones de impuestos y la ineficiencia y corrupción de las autoridades, sí creo que en épocas de austeridad económica como esta que hoy vivimos, la generosidad de dichas pensiones puede ser vista como injusta. Sobre todo cuando se les compara con las miserables pensiones de los trabajadores que se retiran del sector privado. Y es en este sentido que espero que el sindicalismo entienda que en la política la percepción es realidad y tome estas tres derrotas como lecciones para replantear el alcance de los beneficios que ofrece a su membresía en términos más acordes con la realidad del resto de los trabajadores.
14 de junio de 2012
En esta época de austeridad económica los votantes estadounidenses arremeten contra el poder político del sindicalismo de Wisconsin a California limitando los beneficios y las pensiones de los trabajadores del sector público.
El sindicalismo estadounidense recibe tres duros golpes en las elecciones primarias de junio. En el estado de Wisconsin, los sindicatos fracasaron en su intento por destituir al Gobernador del estado, Scott Walker quien el año pasado promovió y promulgó como ley un conjunto de reformas que limitan la negociación colectiva de contratos y afectan directamente el sistema de pensiones de los trabajadores del sector público sindicalizados: maestros, policías, bomberos y burócratas. En San Diego y San José California, los ciudadanos también votaron para fijarle límites al sistema de pensiones de los trabajadores del sector público.
De los tres casos, el de Wisconsin es sin duda el más relevante por el alcance de las reformas que hace apenas un año convirtió en ley el Gobernador Walker con el apoyo de la legislatura local y ahora, de la mayoría del electorado. Según Walker las reformas eran necesarias para empezar a reducir de forma permanente los enormes déficits presupuestarios que enfrenta el estado. Se calcula que este año el déficit estatal será de 3.6 miles de millones de dólares, déficit que a juicio de Walker se debe principalmente al gasto fijo en las pensiones de los trabajadores públicos. Hoy, en Estados Unidos solo el 7 por ciento de quienes trabajan en el sector privado son miembros de un sindicato mientras que el 37 por ciento de quienes trabajan en el sector público están sindicalizados. En Wisconsin, la proporción es semejante. Pero para entender la verdadera dimensión del golpe al sindicalismo habría que considerar que la ley de Wisconsin prohíbe a los gobiernos condales, municipales y a los distritos escolares retener las cuotas de los trabajadores para dárselas a los sindicatos. Se calcula que un trabajador sindicalizado paga una cuota anual de aproximadamente $500 y que una gran parte de este dinero se utiliza para financiar campañas políticas.
La ley también dispone que los trabajadores deberán votar anualmente para determinar si quieren continuar siendo representados por el sindicato; prohíbe que los sindicatos participen en la negociación de pensiones, beneficios o condiciones laborales; limita los aumentos a los salarios al tope marcado por el índice de inflación y elimina la posibilidad de negociar la figura del puesto irrevocable (tenured) de los maestros. Y si en Wisconsin hablamos de revocar reivindicaciones sindicales que tomaron años de lucha, lo mismo se puede decir de los resultados de la votación en San Diego y San José, California donde los votantes aprobaron proposiciones que también reforman y limitan los programas de pensiones de los mismos trabajadores del sector público en esas ciudades.
En términos generales lo que las tres derrotas al sindicalismo muestran es que en la apretada situación económica que vivimos los ciudadanos resienten que los trabajadores del sector público disfruten de generosas pensiones y beneficios con el dinero de los contribuyentes. Y si bien es cierto que parte del problema, según reflejan los resultados de una encuesta del Pew Center de 2011, es que los sindicatos no se han preocupado por mejorar su imagen ante la ciudadanía y sólo un 45 por ciento de los estadounidenses ve a los sindicatos con simpatía, la realidad es que el problema es mucho más complejo. Un dato demoledor es que en Wisconsin mismo, las encuestas a boca de urna mostraron que un 38 por ciento de los votantes que apoyaron al Gobernador Walker son miembros de carnet de algún sindicato.
Como suele suceder en estos casos, lo sucedido en Wisconsin ha tenido muchas lecturas. Algunos analistas estiman que la elección mostró que la mayoría de los votantes está en contra de la idea de destituir a un Gobernador electo. Otros atribuyen el resultado a que el Gobernador y sus aliados en toda la nación gastaron más del triple de lo que gastaron los sindicatos, y critican la decisión de la Suprema Corte de Justicia que permitió que las corporaciones, al igual que los sindicatos, puedan gastar los que quieran a favor de sus candidatos o causas.
Yo soy un convencido de la idea de que por regla general los sindicatos no solo benefician a los trabajadores porque les protegen del posible abuso de los dueños de los negocios sino que en muchos casos son indispensables. Eso no significa que concuerde con algunas prácticas excesivas de muchos sindicatos que a veces rondan en el terreno de la delincuencia y frecuentemente cometen abusos. Mucho menores por supuesto que los que cometen los banqueros, inversionistas, abogados, empresarios o políticos pero abusos al fin. Y aunque no creo que las pensiones de los trabajadores sean la causa principal de los desequilibrios presupuestales, y sí las reducciones de impuestos y la ineficiencia y corrupción de las autoridades, sí creo que en épocas de austeridad económica como esta que hoy vivimos, la generosidad de dichas pensiones puede ser vista como injusta. Sobre todo cuando se les compara con las miserables pensiones de los trabajadores que se retiran del sector privado. Y es en este sentido que espero que el sindicalismo entienda que en la política la percepción es realidad y tome estas tres derrotas como lecciones para replantear el alcance de los beneficios que ofrece a su membresía en términos más acordes con la realidad del resto de los trabajadores.
lunes, 21 de mayo de 2012
Líderes y leyes
Sergio Sarmiento
21 de mayo de 2012
"Ser dirigente sindical es uno de los negocios más rentables de México".
Arturo Alcalde
La culpa no es de Paulina Romero. Ella simplemente actúa como lo han hecho siempre las hijas de los oligarcas y los poderosos. Mucha más responsabilidad tiene Carlos Romero Deschamps, quien se ha enriquecido durante su largo reinado como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La mayor de las culpas, sin embargo, radica en una ley laboral que ha dado enormes poderes a los sindicatos y que ha permitido que los líderes se eternicen en el poder y se apropien del dinero de los trabajadores.
No es Romero Deschamps el único líder sindical que se ha enriquecido y eternizado en el cargo. Ahí están Elba Esther Gordillo del sindicato de maestros, Víctor Flores de los ferrocarrileros, Napoleón Gómez Urrutia de los mineros y muchos más. La lista es demasiado amplia como para pensar que es producto del azar. La corrupción de los sindicatos está escrita en las reglas del sistema.
Todo empieza con el artículo 28 de la Constitución que establece en su primer párrafo que no debe haber monopolios, pero procede en los siguientes a permitir una amplia serie. Este privilegio se les da a "las asociaciones de trabajadores formadas para defender sus propios intereses".
Sobre esta base, la ley laboral otorga a los sindicatos poderes enormes que hacen posible destruir a una empresa o a una industria completa si así lo desean. Este poder genera la capacidad de extorsionar. Bajo la excusa de la "autonomía sindical", la legislación permite a los líderes establecer procesos de elección interna para mantenerse en el poder de manera indefinida. Peor aún, las reglas les dan la libertad de utilizar los recursos de los trabajadores como si fueran de su propiedad personal.
Estos poderes se fortalecen en el caso de los sindicatos de trabajadores del sector público. En estos ramos los consumidores o usuarios de servicios no tienen una opción en el mercado. Por eso los políticos optan por darles a los líderes todo lo que quieren. La consecuencia es que los trabajadores del sector público gozan de privilegios importantes sobre los de la empresa privada, entre ellos la inamovilidad. Lo anterior ha promovido un mercado negro en el que la gente paga a los líderes para obtener una plaza.
Si no nos damos cuenta de que los abusos de la hija de Carlos Romero Deschamps son consecuencia de un sistema, no lograremos entender la naturaleza del problema. De nada sirve cuestionar al líder del sindicato petrolero o a la presidenta vitalicia del sindicato de maestros si no comprendemos que ellos son nada más lo que el sistema les permite ser.
Los sindicatos en el mundo fueron creados como mecanismos para defender a los trabajadores en sus diferencias con las empresas. En México las reglas se hicieron, sin embargo, para garantizar el enriquecimiento de los líderes a expensas de los trabajadores.
Si queremos detener estos abusos, de nada servirá quejarnos de la fortuna de Gordillo o de Romero Deschamps. Debemos cambiar la ley, empezando por el artículo 28 de la Constitución, que permite a los sindicatos convertirse en monopolios; siguiendo por las leyes de autonomía sindical, que evitan que la sociedad y los trabajadores conozcan el manejo del dinero de los sindicatos; y terminando por las reglas que permiten que los líderes establezcan procesos no democráticos en los sindicatos para mantenerse en el poder.
De nada sirve quejarse de los abusos de los líderes -o de sus hijas- si no estamos dispuestos a cambiar las reglas que los hacen posibles.
21 de mayo de 2012
"Ser dirigente sindical es uno de los negocios más rentables de México".
Arturo Alcalde
La culpa no es de Paulina Romero. Ella simplemente actúa como lo han hecho siempre las hijas de los oligarcas y los poderosos. Mucha más responsabilidad tiene Carlos Romero Deschamps, quien se ha enriquecido durante su largo reinado como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La mayor de las culpas, sin embargo, radica en una ley laboral que ha dado enormes poderes a los sindicatos y que ha permitido que los líderes se eternicen en el poder y se apropien del dinero de los trabajadores.
No es Romero Deschamps el único líder sindical que se ha enriquecido y eternizado en el cargo. Ahí están Elba Esther Gordillo del sindicato de maestros, Víctor Flores de los ferrocarrileros, Napoleón Gómez Urrutia de los mineros y muchos más. La lista es demasiado amplia como para pensar que es producto del azar. La corrupción de los sindicatos está escrita en las reglas del sistema.
Todo empieza con el artículo 28 de la Constitución que establece en su primer párrafo que no debe haber monopolios, pero procede en los siguientes a permitir una amplia serie. Este privilegio se les da a "las asociaciones de trabajadores formadas para defender sus propios intereses".
Sobre esta base, la ley laboral otorga a los sindicatos poderes enormes que hacen posible destruir a una empresa o a una industria completa si así lo desean. Este poder genera la capacidad de extorsionar. Bajo la excusa de la "autonomía sindical", la legislación permite a los líderes establecer procesos de elección interna para mantenerse en el poder de manera indefinida. Peor aún, las reglas les dan la libertad de utilizar los recursos de los trabajadores como si fueran de su propiedad personal.
Estos poderes se fortalecen en el caso de los sindicatos de trabajadores del sector público. En estos ramos los consumidores o usuarios de servicios no tienen una opción en el mercado. Por eso los políticos optan por darles a los líderes todo lo que quieren. La consecuencia es que los trabajadores del sector público gozan de privilegios importantes sobre los de la empresa privada, entre ellos la inamovilidad. Lo anterior ha promovido un mercado negro en el que la gente paga a los líderes para obtener una plaza.
Si no nos damos cuenta de que los abusos de la hija de Carlos Romero Deschamps son consecuencia de un sistema, no lograremos entender la naturaleza del problema. De nada sirve cuestionar al líder del sindicato petrolero o a la presidenta vitalicia del sindicato de maestros si no comprendemos que ellos son nada más lo que el sistema les permite ser.
Los sindicatos en el mundo fueron creados como mecanismos para defender a los trabajadores en sus diferencias con las empresas. En México las reglas se hicieron, sin embargo, para garantizar el enriquecimiento de los líderes a expensas de los trabajadores.
Si queremos detener estos abusos, de nada servirá quejarnos de la fortuna de Gordillo o de Romero Deschamps. Debemos cambiar la ley, empezando por el artículo 28 de la Constitución, que permite a los sindicatos convertirse en monopolios; siguiendo por las leyes de autonomía sindical, que evitan que la sociedad y los trabajadores conozcan el manejo del dinero de los sindicatos; y terminando por las reglas que permiten que los líderes establezcan procesos no democráticos en los sindicatos para mantenerse en el poder.
De nada sirve quejarse de los abusos de los líderes -o de sus hijas- si no estamos dispuestos a cambiar las reglas que los hacen posibles.
viernes, 11 de mayo de 2012
Un sindicato en los brazos del patrón
Por Yoani Sánchez
11 de mayo de 2012
Si algo distingue al primero de mayo de otros días del año, no es el desfile, ni tampoco la muchedumbre que agita sus banderitas de papel. Lo más llamativo resulta el silencio que cae sobre La Habana después de que terminara el acto masivo en la Plaza de la Revolución. Una quietud apenas interrumpida por los pocos autos que recorren las calles y por algún policía que suena el silbato en una esquina. Todas las escuelas, los centros laborales, las dependencias oficiales y hasta las paradas de ómnibus se quedan vacías. Ese escenario se ha repetido por décadas, pero en este 2012 algo rompió el tedio habitual de la jornada de los trabajadores. Muchos negocios particulares, conocidos aquí con el calificativo de cuentapropistas, abrieron sus puertas a pesar del feriado, se saltaron la conmemoración para volcarse en el comercio de pizzas, helados o batidos de frutas. Mientras otros lanzaban consignas de reafirmación revolucionaria, ellos vendían sus productos; pescaban en el río apacible dejado por los comercios estatales cerrados.
Se espera que al finalizar este año alrededor de 600.000 cubanos ostenten una licencia para trabajar en el sector privado. Entre ellos se incluirán muchos de los que quedarán sin empleo a raíz de la reducción de plantillas que se lleva a cabo por todo el país. En los próximos meses más de 170.000 plazas serán cerradas en diferentes esferas pertenecientes al Estado y al personal se le reubicará en otras labores o irá al despido. Los eufemismos que caracterizan al lenguaje oficial han llegado a su máxima expresión a la hora de hacer referencia a este impopular proceso. Han dado en llamar a los recortes “reordenamiento laboral” y a las personas que están en el paro les han colgado el calificativo de “disponibles”. Como si no bastaran tales peculiaridades en el plano nominal, el único sindicato autorizado en el país ha apoyado la decisión de “desinflar las plantillas para lograr eficiencia”. La Central de Trabajadores de Cuba ha dejado claro que su papel está más al lado del empleador que de los empleados. Postura que no ha sorprendido a ninguno de sus casi tres millones de miembros, acostumbrados a pagar disciplinadamente su cuota pero conscientes de que esta organización representa los intereses del poder frente a la base y no a la inversa.
A ese mismo obediente sindicato ha ido a parar más del 80% de los más de 370.000 trabajadores por cuenta propia y una representación de ellos desfiló el pasado primero de mayo. No se han inscrito en él buscando representatividad o amparo, sino para evitarse problemas. Intuyen —con razón— que de no afiliarse podrían señalarse como “apáticos”, “burgueses” y en el peor de los casos como “contrarrevolucionarios”. Todos ellos, sin dudas, preferirían una asociación que los defendiera de los altos impuestos, convocara a protestas por la ausencia de un mercado mayorista y reclamara préstamos bancarios con los que sostener sus negocios. De poder elegir, ni siquiera hubieran votado por Salvador Valdés Mesa, el actual secretario general de la CTC, cuya ocupación anterior fue en el antagónico Ministerio del Trabajo. En lugar de la Iglesia en manos de Lutero, el nuestro parece ser un sindicato atrapado en los brazos del patrón. Una federación que ha respaldado la supresión de medio millón de empleos que se implementará hasta el año 2015 y que ha llamado a una mayor compromiso con el Gobierno de Raúl Castro. Como legado negativo de esa actitud pasiva y cómplice, quedará el rechazo futuro de muchos obreros a integrar sus filas o las de otra organización proletaria. A la palabra sindicato habrá que sacudirle en Cuba sus actuales connotaciones de inacción para devolverle aquel papel irreverente y autónomo que una vez tuvo.
Por el momento, en la tribuna del primero de mayo en lugar de un mensaje reivindicativo se imponen como lemas los llamados a la disciplina, la exigencia y el control. La inconformidad laboral no tiene cabida en una Plaza de consignas triunfales y loas al sistema. Ni un solo bloque representa a los desempleados, ni un solo puño se levanta en señal de protesta, ni un sólo cartel pone en jaque a las autoridades. Muchos de los allí presentes han asistido por la misma razón que se han inscrito en la CTC, para no marcarse como desafectos a un proceso político en el que ya apenas si creen. Sonríen a la cámara y algunos lleven a sus hijos sentados sobre los hombros; pero nada queda en ellos de la esencia contestataria del Día de los Trabajadores. Cuando termina el acto regresan a casa o se adentran en las calles de los alrededores en busca de algo para comer o beber. Terminan comprando en el mostrador de algún cuentapropista no sindicalizado que mantuvo abierto su negocio durante el feriado. A la mañana siguiente, el periódico oficialista Granma publica un orgulloso titular en letras rojas “este ha sido el desfile más organizado y más rápido” de nuestra historia. Y por esta vez, Granma tiene razón.
11 de mayo de 2012
Si algo distingue al primero de mayo de otros días del año, no es el desfile, ni tampoco la muchedumbre que agita sus banderitas de papel. Lo más llamativo resulta el silencio que cae sobre La Habana después de que terminara el acto masivo en la Plaza de la Revolución. Una quietud apenas interrumpida por los pocos autos que recorren las calles y por algún policía que suena el silbato en una esquina. Todas las escuelas, los centros laborales, las dependencias oficiales y hasta las paradas de ómnibus se quedan vacías. Ese escenario se ha repetido por décadas, pero en este 2012 algo rompió el tedio habitual de la jornada de los trabajadores. Muchos negocios particulares, conocidos aquí con el calificativo de cuentapropistas, abrieron sus puertas a pesar del feriado, se saltaron la conmemoración para volcarse en el comercio de pizzas, helados o batidos de frutas. Mientras otros lanzaban consignas de reafirmación revolucionaria, ellos vendían sus productos; pescaban en el río apacible dejado por los comercios estatales cerrados.
Se espera que al finalizar este año alrededor de 600.000 cubanos ostenten una licencia para trabajar en el sector privado. Entre ellos se incluirán muchos de los que quedarán sin empleo a raíz de la reducción de plantillas que se lleva a cabo por todo el país. En los próximos meses más de 170.000 plazas serán cerradas en diferentes esferas pertenecientes al Estado y al personal se le reubicará en otras labores o irá al despido. Los eufemismos que caracterizan al lenguaje oficial han llegado a su máxima expresión a la hora de hacer referencia a este impopular proceso. Han dado en llamar a los recortes “reordenamiento laboral” y a las personas que están en el paro les han colgado el calificativo de “disponibles”. Como si no bastaran tales peculiaridades en el plano nominal, el único sindicato autorizado en el país ha apoyado la decisión de “desinflar las plantillas para lograr eficiencia”. La Central de Trabajadores de Cuba ha dejado claro que su papel está más al lado del empleador que de los empleados. Postura que no ha sorprendido a ninguno de sus casi tres millones de miembros, acostumbrados a pagar disciplinadamente su cuota pero conscientes de que esta organización representa los intereses del poder frente a la base y no a la inversa.
A ese mismo obediente sindicato ha ido a parar más del 80% de los más de 370.000 trabajadores por cuenta propia y una representación de ellos desfiló el pasado primero de mayo. No se han inscrito en él buscando representatividad o amparo, sino para evitarse problemas. Intuyen —con razón— que de no afiliarse podrían señalarse como “apáticos”, “burgueses” y en el peor de los casos como “contrarrevolucionarios”. Todos ellos, sin dudas, preferirían una asociación que los defendiera de los altos impuestos, convocara a protestas por la ausencia de un mercado mayorista y reclamara préstamos bancarios con los que sostener sus negocios. De poder elegir, ni siquiera hubieran votado por Salvador Valdés Mesa, el actual secretario general de la CTC, cuya ocupación anterior fue en el antagónico Ministerio del Trabajo. En lugar de la Iglesia en manos de Lutero, el nuestro parece ser un sindicato atrapado en los brazos del patrón. Una federación que ha respaldado la supresión de medio millón de empleos que se implementará hasta el año 2015 y que ha llamado a una mayor compromiso con el Gobierno de Raúl Castro. Como legado negativo de esa actitud pasiva y cómplice, quedará el rechazo futuro de muchos obreros a integrar sus filas o las de otra organización proletaria. A la palabra sindicato habrá que sacudirle en Cuba sus actuales connotaciones de inacción para devolverle aquel papel irreverente y autónomo que una vez tuvo.
Por el momento, en la tribuna del primero de mayo en lugar de un mensaje reivindicativo se imponen como lemas los llamados a la disciplina, la exigencia y el control. La inconformidad laboral no tiene cabida en una Plaza de consignas triunfales y loas al sistema. Ni un solo bloque representa a los desempleados, ni un solo puño se levanta en señal de protesta, ni un sólo cartel pone en jaque a las autoridades. Muchos de los allí presentes han asistido por la misma razón que se han inscrito en la CTC, para no marcarse como desafectos a un proceso político en el que ya apenas si creen. Sonríen a la cámara y algunos lleven a sus hijos sentados sobre los hombros; pero nada queda en ellos de la esencia contestataria del Día de los Trabajadores. Cuando termina el acto regresan a casa o se adentran en las calles de los alrededores en busca de algo para comer o beber. Terminan comprando en el mostrador de algún cuentapropista no sindicalizado que mantuvo abierto su negocio durante el feriado. A la mañana siguiente, el periódico oficialista Granma publica un orgulloso titular en letras rojas “este ha sido el desfile más organizado y más rápido” de nuestra historia. Y por esta vez, Granma tiene razón.
martes, 1 de mayo de 2012
lunes, 30 de abril de 2012
martes, 27 de marzo de 2012
viernes, 24 de febrero de 2012
El supuesto declive de las clases bajas
Por Paul Krugman
24 de febrero de 2012
David Frum, quien verdaderamente podría ser el último conservador sincero, publicaba recientemente una excelente repulsa en The Daily Beast. Frum escribía: "Para entender lo que hace Murray en Coming Apart, imaginemos esta analogía: un sociólogo visita un pueblo de la costa del Golfo. Se fija en que todas las casas que están cerca del agua han sido demolidas y reducidas a escombros. Sus exocupantes viven ahora en tiendas de campaña y remolques. El sociólogo redacta un informe:
'Las pruebas demuestran fehacientemente que vivir en casas es mejor para los niños y para las familias que vivir en tiendas de campaña y remolques. La gente de la zona ribereña somete irresponsablemente a sus hijos a unas condiciones inaceptables’.
"Cuando publica el informe, alguien le indica: 'Sabe usted, hace una semana hubo un huracán aquí'. El sociólogo quita importancia a la crítica y responde: 'Estoy escribiendo sobre la vivienda, no sobre el clima".
Y Alec MacGillis, analista de The New Republic, señalaba en una publicación en Internet el 6 de febrero que el propio Murray se crió en un pueblo fabril donde Maytag proporcionaba buenos trabajos a los obreros hasta que cerró la planta y trasladó sus operaciones a México.
"A juicio de Murray", escribía MacGillis, "la clase obrera se ha visto menos afectada por los cambios económicos que han hecho que a sus miembros – especialmente los hombres – les resulte difícil ganarse bien la vida que por el lamentable declive de la dedicación y de los valores sociales que las agitaciones de la década de 1960 han provocado".
MacGillis proseguía: "Por tanto, la pregunta para Murray y los que están usando sus teorías para explicar la desigualdad se puede plantear muy concisamente: ¿de verdad que la comunidad en la que disfrutó su infancia en Newton (Iowa) desapareció porque sus vecinos de clase obrera perdieron misteriosamente su iniciativa? A lo mejor fue algo más sencillo".
Desde un punto de vista analítico, este parece un momento muy raro para centrarse en el supuesto declive moral de las clases bajas. En la década de 1960, era al menos un tanto razonable preguntarse por qué aumentaban los males sociales pese a que la próspera economía generaba ganancias ampliamente compartidas (aunque, como señalaba el sociólogo William Julius Wilson en su libro When Work Disappears: The World of the New Urban Poor [Cuando el trabajo desaparece: el mundo del nuevo pobre de ciudad], los puestos de trabajo estaban desapareciendo en las ciudades del interior, y esto ayudaba a explicar el aumento de los problemas sociales entre los que estaban atrapados en esas ciudades del interior).
Pero ahora tenemos una economía que ha dejado atrás a los trabajadores manuales: ¿por qué invocar los valores sociales para explicar su precaria situación?
Y en la medida en que el deterioro social es una realidad entre, digamos, el tercio con las rentas más bajas entre los blancos, ¿no dice esto que Wilson estaba en lo cierto, que la falta de oportunidades económicas es lo que provoca la agitación social?
Naturalmente, el repentino alboroto acerca de los valores tiene mucho sentido desde un punto de vista político, para distraernos del tema del aumento de los ingresos en lo más alto de la escala.
Una forma rara de desplome social
Al leer el libro de Murray y todos los comentarios sobre los orígenes del hundimiento moral entre los blancos de la clase obrera, no para de incordiarme una pregunta: ¿realmente está todo así de mal?
Lo que quiero decir es que, sí, la tasa de matrimonios ha caído en picado y la participación en la fuerza laboral ha descendido entre los hombres en edad de trabajar (aunque no tanto como insinúa parte de la retórica), pero la consecuencia que por lo general se extrae de esto es que estas tendencias deben estar provocando males sociales enormes. ¿Lo están?
Bueno, algo que curiosamente brilla por su ausencia en la obra de Murray es cualquier mención del indicador tradicional de desintegración social: el embarazo en adolescentes. ¿Por qué? Porque de hecho ha estado cayendo como una losa, según datos del sistema nacional de Estadísticas Vitales.
¿Y qué hay de la delincuencia? Está por las nubes, ¿no es cierto? Falso, según datos del Departamento de Justicia.
Así que esto es lo que yo pienso: es posible que los valores sociales tradicionales se estén deteriorando entre la clase trabajadora blanca, pero a lo mejor esos valores sociales tradicionales no son tan esenciales para una buena sociedad como les gusta suponer a los conservadores.
24 de febrero de 2012
Parece que de lo único que habla la derecha intelectual (o pseudointelectual) es del libro de Charles Murray Coming Apart: The State of White America
[Desmoronamiento: la situación del Estados Unidos Blanco], que afirma
que el problema con los trabajadores manuales blancos es... la pérdida
de los valores familiares.
David Frum, quien verdaderamente podría ser el último conservador sincero, publicaba recientemente una excelente repulsa en The Daily Beast. Frum escribía: "Para entender lo que hace Murray en Coming Apart, imaginemos esta analogía: un sociólogo visita un pueblo de la costa del Golfo. Se fija en que todas las casas que están cerca del agua han sido demolidas y reducidas a escombros. Sus exocupantes viven ahora en tiendas de campaña y remolques. El sociólogo redacta un informe:
'Las pruebas demuestran fehacientemente que vivir en casas es mejor para los niños y para las familias que vivir en tiendas de campaña y remolques. La gente de la zona ribereña somete irresponsablemente a sus hijos a unas condiciones inaceptables’.
"Cuando publica el informe, alguien le indica: 'Sabe usted, hace una semana hubo un huracán aquí'. El sociólogo quita importancia a la crítica y responde: 'Estoy escribiendo sobre la vivienda, no sobre el clima".
Y Alec MacGillis, analista de The New Republic, señalaba en una publicación en Internet el 6 de febrero que el propio Murray se crió en un pueblo fabril donde Maytag proporcionaba buenos trabajos a los obreros hasta que cerró la planta y trasladó sus operaciones a México.
"A juicio de Murray", escribía MacGillis, "la clase obrera se ha visto menos afectada por los cambios económicos que han hecho que a sus miembros – especialmente los hombres – les resulte difícil ganarse bien la vida que por el lamentable declive de la dedicación y de los valores sociales que las agitaciones de la década de 1960 han provocado".
MacGillis proseguía: "Por tanto, la pregunta para Murray y los que están usando sus teorías para explicar la desigualdad se puede plantear muy concisamente: ¿de verdad que la comunidad en la que disfrutó su infancia en Newton (Iowa) desapareció porque sus vecinos de clase obrera perdieron misteriosamente su iniciativa? A lo mejor fue algo más sencillo".
Desde un punto de vista analítico, este parece un momento muy raro para centrarse en el supuesto declive moral de las clases bajas. En la década de 1960, era al menos un tanto razonable preguntarse por qué aumentaban los males sociales pese a que la próspera economía generaba ganancias ampliamente compartidas (aunque, como señalaba el sociólogo William Julius Wilson en su libro When Work Disappears: The World of the New Urban Poor [Cuando el trabajo desaparece: el mundo del nuevo pobre de ciudad], los puestos de trabajo estaban desapareciendo en las ciudades del interior, y esto ayudaba a explicar el aumento de los problemas sociales entre los que estaban atrapados en esas ciudades del interior).
Pero ahora tenemos una economía que ha dejado atrás a los trabajadores manuales: ¿por qué invocar los valores sociales para explicar su precaria situación?
Y en la medida en que el deterioro social es una realidad entre, digamos, el tercio con las rentas más bajas entre los blancos, ¿no dice esto que Wilson estaba en lo cierto, que la falta de oportunidades económicas es lo que provoca la agitación social?
Naturalmente, el repentino alboroto acerca de los valores tiene mucho sentido desde un punto de vista político, para distraernos del tema del aumento de los ingresos en lo más alto de la escala.
Una forma rara de desplome social
Al leer el libro de Murray y todos los comentarios sobre los orígenes del hundimiento moral entre los blancos de la clase obrera, no para de incordiarme una pregunta: ¿realmente está todo así de mal?
Lo que quiero decir es que, sí, la tasa de matrimonios ha caído en picado y la participación en la fuerza laboral ha descendido entre los hombres en edad de trabajar (aunque no tanto como insinúa parte de la retórica), pero la consecuencia que por lo general se extrae de esto es que estas tendencias deben estar provocando males sociales enormes. ¿Lo están?
Bueno, algo que curiosamente brilla por su ausencia en la obra de Murray es cualquier mención del indicador tradicional de desintegración social: el embarazo en adolescentes. ¿Por qué? Porque de hecho ha estado cayendo como una losa, según datos del sistema nacional de Estadísticas Vitales.
¿Y qué hay de la delincuencia? Está por las nubes, ¿no es cierto? Falso, según datos del Departamento de Justicia.
Así que esto es lo que yo pienso: es posible que los valores sociales tradicionales se estén deteriorando entre la clase trabajadora blanca, pero a lo mejor esos valores sociales tradicionales no son tan esenciales para una buena sociedad como les gusta suponer a los conservadores.
jueves, 23 de febrero de 2012
Falla Corte de EU a favor de jornaleros
El fallo influye ahora a por lo menos una docena de ciudades de California, uno de los estados que más migrantes hispanos recibe
NTX
NTX
San Diego, Estados Unidos (22 febrero 2012).- La
Suprema Corte de Estados Unidos refrendó este miércoles que los
jornaleros latinos tienen derecho a ofrecer sus servicios en la vía
pública como ejercicio constitucional de su libertad de expresión.
La decisión del tribunal supremo estadounidense reafirma a una corte federal que rechazó una ordenanza de la ciudad de Redondo Beach, en el condado de Orange, en California, que prohibía a los jornaleros ofrecer servicios en la vía pública.
El caso de Redondo Beach influye ahora a por lo menos una docena de ciudades de California que prohibían a los jornaleros buscar trabajo entre potenciales clientes en las calles.
Las ciudades del condado de Orange con ordenanzas similares buscaban detener a los trabajadores que ofrecieran servicios en las calles para, al ficharlos, entregarlos a autoridades de migración para su deportación en caso de que fueran indocumentados.
La decisión de la Suprema Corte se presenta a tres días de haber iniciado en Los Ángeles la Asamblea Nacional de Jornaleros, que reunirá esta semana a por lo menos 41 delegaciones nacionales con miles de afiliados.
La ciudad de Redondo Beach había apelado el año pasado la decisión de la corte federal, pero en septiembre la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco favoreció con votación de nueve a favor y dos en contra a los jornaleros.
Abogados de Redondo Beach llevaron entonces el caso ante el máximo tribunal en el país, bajo argumento de que los jornaleros no ejercen su derecho de expresión sino que practican una conducta.
La Corte Suprema respondió que los jornaleros ejercen la expresión al ofrecer servicios y buscar trabajo, y que los argumentos de Redondo Beach estaban equivocados, pues, en forma similar, los peatones que caminan por las calles podrían ser sancionados por obstruir el tráfico vehicular.
La decisión del tribunal supremo estadounidense reafirma a una corte federal que rechazó una ordenanza de la ciudad de Redondo Beach, en el condado de Orange, en California, que prohibía a los jornaleros ofrecer servicios en la vía pública.
El caso de Redondo Beach influye ahora a por lo menos una docena de ciudades de California que prohibían a los jornaleros buscar trabajo entre potenciales clientes en las calles.
Las ciudades del condado de Orange con ordenanzas similares buscaban detener a los trabajadores que ofrecieran servicios en las calles para, al ficharlos, entregarlos a autoridades de migración para su deportación en caso de que fueran indocumentados.
La decisión de la Suprema Corte se presenta a tres días de haber iniciado en Los Ángeles la Asamblea Nacional de Jornaleros, que reunirá esta semana a por lo menos 41 delegaciones nacionales con miles de afiliados.
La ciudad de Redondo Beach había apelado el año pasado la decisión de la corte federal, pero en septiembre la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco favoreció con votación de nueve a favor y dos en contra a los jornaleros.
Abogados de Redondo Beach llevaron entonces el caso ante el máximo tribunal en el país, bajo argumento de que los jornaleros no ejercen su derecho de expresión sino que practican una conducta.
La Corte Suprema respondió que los jornaleros ejercen la expresión al ofrecer servicios y buscar trabajo, y que los argumentos de Redondo Beach estaban equivocados, pues, en forma similar, los peatones que caminan por las calles podrían ser sancionados por obstruir el tráfico vehicular.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)