Sergio Sarmiento
21 de mayo de 2012
"Ser dirigente sindical es uno de los negocios más rentables de México".
Arturo Alcalde
La culpa no es de Paulina Romero. Ella simplemente actúa como lo han
hecho siempre las hijas de los oligarcas y los poderosos. Mucha más
responsabilidad tiene Carlos Romero Deschamps, quien se ha enriquecido
durante su largo reinado como secretario general del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La mayor de las
culpas, sin embargo, radica en una ley laboral que ha dado enormes
poderes a los sindicatos y que ha permitido que los líderes se eternicen
en el poder y se apropien del dinero de los trabajadores.
No es Romero Deschamps el único líder sindical que se ha enriquecido y
eternizado en el cargo. Ahí están Elba Esther Gordillo del sindicato de
maestros, Víctor Flores de los ferrocarrileros, Napoleón Gómez Urrutia
de los mineros y muchos más. La lista es demasiado amplia como para
pensar que es producto del azar. La corrupción de los sindicatos está
escrita en las reglas del sistema.
Todo empieza con el artículo 28 de la Constitución que establece en su
primer párrafo que no debe haber monopolios, pero procede en los
siguientes a permitir una amplia serie. Este privilegio se les da a "las
asociaciones de trabajadores formadas para defender sus propios
intereses".
Sobre esta base, la ley laboral otorga a los sindicatos poderes enormes
que hacen posible destruir a una empresa o a una industria completa si
así lo desean. Este poder genera la capacidad de extorsionar. Bajo la
excusa de la "autonomía sindical", la legislación permite a los líderes
establecer procesos de elección interna para mantenerse en el poder de
manera indefinida. Peor aún, las reglas les dan la libertad de utilizar
los recursos de los trabajadores como si fueran de su propiedad
personal.
Estos poderes se fortalecen en el caso de los sindicatos de trabajadores
del sector público. En estos ramos los consumidores o usuarios de
servicios no tienen una opción en el mercado. Por eso los políticos
optan por darles a los líderes todo lo que quieren. La consecuencia es
que los trabajadores del sector público gozan de privilegios importantes
sobre los de la empresa privada, entre ellos la inamovilidad. Lo
anterior ha promovido un mercado negro en el que la gente paga a los
líderes para obtener una plaza.
Si no nos damos cuenta de que los abusos de la hija de Carlos Romero
Deschamps son consecuencia de un sistema, no lograremos entender la
naturaleza del problema. De nada sirve cuestionar al líder del sindicato
petrolero o a la presidenta vitalicia del sindicato de maestros si no
comprendemos que ellos son nada más lo que el sistema les permite ser.
Los sindicatos en el mundo fueron creados como mecanismos para defender a
los trabajadores en sus diferencias con las empresas. En México las
reglas se hicieron, sin embargo, para garantizar el enriquecimiento de
los líderes a expensas de los trabajadores.
Si queremos detener estos abusos, de nada servirá quejarnos de la
fortuna de Gordillo o de Romero Deschamps. Debemos cambiar la ley,
empezando por el artículo 28 de la Constitución, que permite a los
sindicatos convertirse en monopolios; siguiendo por las leyes de
autonomía sindical, que evitan que la sociedad y los trabajadores
conozcan el manejo del dinero de los sindicatos; y terminando por las
reglas que permiten que los líderes establezcan procesos no democráticos
en los sindicatos para mantenerse en el poder.
De nada sirve quejarse de los abusos de los líderes -o de sus hijas- si
no estamos dispuestos a cambiar las reglas que los hacen posibles.
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