La reforma laboral

Por Ana Laura Magaloni Kerpel

8 de septiembre de 2012

La decisión del presidente Calderón de presentar nuevamente una reforma laboral en forma de "iniciativa preferente" pone al PRI ante una disyuntiva importante. Aprobar la reforma laboral del PAN significa acotar el tipo de privilegios y rentas que históricamente han tenido las cúpulas sindicales. Ello, a pesar de los beneficios que tenga para trabajadores y empleadores, tiene importantes costos políticos. ¿Podrá el PRI sortear con éxito el conflicto con los poderosos líderes sindicales que existen en el país?

Tiene varios aciertos la reforma laboral que propone el PAN. Por falta de espacio quiero resaltar dos: 1) el tope de un año al pago de salarios caídos y 2) las condiciones para emplazar a huelga por firma de contrato colectivo. Para entender la relevancia de ambas reformas, es preciso dimensionar algunos absurdos kafkianos de nuestra "justicia laboral".

Conozco casos de pequeñas empresas familiares que han tenido que cerrar sus puertas porque uno solo de sus trabajadores reclama un despido injustificado y, con ayuda de un abogado chicanero que lleva a cabo todo tipo de triquiñuelas procesales, logra que el juicio se extienda hasta por 10 años. Al final la Junta de Conciliación y Arbitraje condena al empleador al pago de salarios caídos por ese mismo número de años. No importa que el trabajador despedido haya tenido otro empleo durante el tiempo que duró el juicio o que la suma a pagar sea tan descabellada que el patrón tenga que cerrar su negocio y despedir a todos los que trabajaban ahí. La ley laboral actual no contempla ningún límite a los salarios caídos. Por ello, han proliferado los despachos de coyotes que se dedican a cazar asuntos de este tipo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. La ecuación es simple: los "abogados" utilizan los derechos de los trabajadores para extraer rentas principalmente a los pequeños empresarios que no cuentan con buenos abogados para hacer frente a este tipo de chicanas.

La reforma laboral del PAN plantea dos cuestiones que parecen razonables para terminar con este tipo de abusos: 1) el monto de salarios caídos tiene un plazo máximo de un año y 2) sólo podrán litigar ante las Juntas abogados con cédula profesional. Esto último no necesariamente terminará con el coyotaje pero, quiero pensar, sí lo acotará.

Con respecto al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, vale la pena referirnos a lo que sucede en el ámbito de la construcción. Con nuestro actual marco normativo, cualquier sindicato puede emplazar una huelga para demandar la firma de un contrato colectivo. La Junta no pide al sindicato que emplaza la huelga que demuestre que cuenta con el apoyo de los trabajadores de la empresa emplazada. La huelga estalla, clausuran la obra y después averigua la Junta si existía o no al menos un grupo de trabajadores que apoyaban el contrato colectivo del sindicato. Ello hace que en la práctica existan los denominados "sindicatos golpeadores" que, literalmente, llegan a sacar a golpes a los albañiles de una obra y amenazan al constructor de estallar la huelga si no les paga una suma importante de dinero. Los constructores prefieren ceder a la extorsión del sindicato en vez de asumir el costo que les representa la clausura de la obra. Oscar de la Vega, uno de los mejores abogados laboristas del país del lado empresarial, calcula que la extorsión de los sindicatos en el mundo de la construcción representa entre 20 y 30 por ciento del costo de la obra.

La otra cara de la moneda de este problema son los "sindicatos blancos". Es decir, para protegerse de los golpeadores, los constructores utilizan los denominados "sindicatos blancos", con los que firman un contrato colectivo, a cambio de una suma de dinero, y con ello no puede un sindicato golpeador demandar la firma de otro contrato colectivo. Sin embargo, en este caso tampoco el contrato colectivo es acordado con los albañiles que laboran en la obra.

En cualquiera de los dos formatos, los derechos laborales de los albañiles es lo menos importante para los sindicatos y los empleadores. De ahí que existan miles de albañiles sin seguro médico, con pésimos salarios, en malas condiciones de seguridad y sobreexplotados. Los sindicatos hacen un botín con "sus derechos".

Para terminar con este tipo de abusos, la reforma laboral del PAN propone dos cosas. En primer término, si un sindicato emplaza a huelga por firma de contrato colectivo debe demostrar que cuenta con el apoyo de los trabajadores de la empresa emplazada y 2) si un empleador quiere inscribir ante la Junta un contrato colectivo de trabajo también debe demostrar el apoyo que tiene de sus trabajadores. De aprobarse estos cambios, se reduciría enormemente el espacio de extorsión de sindicatos golpeadores y blancos. Ello abre la posibilidad de que surjan líderes sindicales que defiendan los derechos de sus agremiados.

El corazón de la reforma laboral, como el de las reformas que tienen potencial de cambiar al país, subyace un cambio central de paradigma: movernos de un país en donde "el que no transa no avanza" a uno en donde el trabajo y el esfuerzo honesto sean la única forma de obtener éxito económico.