Por Miguel Ángel Granados Chapa
24 de marzo de 2011
En tres meses cambió de opinión la bancada priista en San Lázaro y pasó de formular un proyecto de reforma laboral aceptable a uno que responde a los criterios de las cúpulas empresariales y del gobierno
Aun con la oposición de miembros de su fracción en la Cámara de Diputados, y en alianza con el grupo parlamentario panista, el PRI busca sacar adelante, cuanto antes, una reforma laboral elaborada por abogados patronales que obligaron a mudar el parecer de los legisladores del tricolor. Al proceder de esa manera, y a pesar de que se le llena la boca hablando de modernización, el partido que emitió y reformó una ley federal del trabajo, que no dejaba a la simple fuerza del mercado las relaciones laborales, fomentará el capitalismo salvaje en esa materia.
En el sexenio pasado Acción Nacional presentó un proyecto de legislación laboral que no fue apoyado por el PRI no porque sus principios lo impidieran, sino por mera conveniencia coyuntural y debido a las divisiones internas del partido. También se abstuvo de compartir la nueva versión reformadora patrocinada por el secretario Javier Lozano, cuya concepción del mundo del trabajo dista de la posición sostenida por el fallecido Carlos Abascal, algo matizada por su convicción humanista, ausente en la actuación del ex priista que abriga la ilusión de ser candidato del PAN a la Presidencia de la República.
En diciembre pasado, por efecto de alguna negociación cuyos términos no han quedado claros todavía, la fracción priista elaboró su propia propuesta de reforma. Y antes que someterla al conocimiento y estudio de los trabajadores (como corresponde al espíritu de la legislación laboral vigente ocho décadas), la hizo revisar por los abogados de las cámaras patronales y el Consejo Coordinador Empresarial. De esa consulta resultó un adefesio contrario a las mínimas garantías de los asalariados, que con el pretexto de crear empleos flexibiliza al extremo las relaciones laborales, haciendo legales prácticas contrarias a la ley, que ya han precarizado los empleos.
A diferencia del proyecto presentado en diciembre por el mismo grupo priista, el que ahora está a punto de convertirse en norma está suscrito por el coordinador de la fracción tricolor Francisco Rojas, para que se aprecie su fuerza y la voluntad de hacerlo salir adelante. El responsable de procesarlo en San Lázaro es un típico representante del corporativismo sindical, Tereso Medina, que preside la Comisión de Trabajo en la Cámara. En una metamorfosis no extraña al funcionamiento de ese género de sindicalismo, Medina pasó en los años noventa de ser inspector del trabajo y procurador de la defensa de los trabajadores (una función administrativa, dependiente del gobierno de Coahuila) a dirigente de la federación local cetemista, al mismo tiempo que lo es de un sindicato nacional de industria, la metalmecánica.
Presentado el proyecto el 10 de marzo, se intentó dictaminarlo en comisiones a la semana siguiente. Tan apresurada fue esa pretensión que se atropelló la regulación del procedimiento parlamentario (como lo denunció Porfirio Muñoz Ledo) y tuvo que aplazarse la cita a la comisión dictaminadora. Eso ha permitido que se expresen opiniones que van de la preocupación a la indignación, aun dentro de la fracción priista. Habrá que encontrar el significado de la posición que a ese respecto adoptó el dirigente de los trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, pero por lo pronto hay que registrarla. Voluble militante del PRI, que ha sido legislador local y federal adherido a los grupos del Panal y del Partido Verde y hoy ha sido recibido de nuevo en el seno del tricolor, Espino Arévalo es uno de los dirigentes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos -escisión de la federación burocrática priista, la FSTSE-, organizada en 2004 por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
Si la impugnación expresada por el dirigente gordillista refleja la de su líder, es de esperar que se plantee un diferendo protagonizado por la cúpula que rodea a Rojas, y en este caso al diputado Medina, por una parte; y por la otra los adeptos de la dirigente magisterial, que los hay en todas las fracciones. Aun si no es así, diputados pertenecientes al mundo laboral, como Francisco Hernández Juárez se manifiestan contrarios a la reforma. La Unión Nacional de Trabajadores, cuyo líder principal lo es Hernández Juárez, realiza el día de hoy marchas al Palacio Legislativo para apoyar la posición de su dirigente.
Un grupo de entidades civiles, organizaciones de derechos humanos, se ha dirigido a los coordinadores parlamentarios para demandar la cancelación del proyecto de reforma laboral. Lo hacen, por primera vez en la historia, con una perspectiva humanista, en que los derechos de los trabajadores son considerados como derechos humanos. Demandan congruencia entre lo que se legisle y los principios que la Organización Internacional del Trabajo ha convertido en convenios. En especial desearían ver en una reforma laboral, distante de la que se busca aprobar a las carreras, nociones como la del Trabajo Decente, que es fuente de dignidad personal y de paz en la comunidad.
Arturo Alcalde, uno de los propugnadores más tenaces del respeto a los trabajadores, encuentra entre los defectos sobresalientes de la reforma en curso la forma en que regula el subcontratismo (outsourcing) así como "los salarios mínimos caídos limitados a un año, en lugar de modificar el sistema de justicia para que los juicios duren...aproximadamente tres meses" y no se cargue "a los trabajadores una tardanza imputable al Estado". Con ello "se abarata el despido injustificado y se lesiona la integralidad de las instituciones del derecho del trabajo".
jueves, 24 de marzo de 2011
sábado, 19 de marzo de 2011
Bloquean ley antisindical en Wisconsin
La decisión de la jueza es un revés para el Gobernador republicano del estado, que firmó la iniciativa la semana pasada
REFORMA / Redacción
Washington DC, Estados Unidos (18 marzo 2011).- Una jueza en Wisconsin emitió una orden de restricción temporal para la entrada en vigor de una nueva y polémica ley que quitaría sus derechos de negociación colectiva a los empleados públicos del estado, informó The Wisconsin State Journal.
La decisión de la jueza Maryann Sumi de detener temporalmente la ley es un revés para el Gobernador republicano Scott Walker, tras una demanda presentada por el fiscal del condado de Dane, Ismael Ozanne.
Ismael Ozanne acusó a los republicanos de violar las leyes de sesión abierta en el Congreso estatal durante la votación, que se realizó sin dar aviso 24 horas antes, requerido por la ley de Wisconsin.
El Gobernador republicano, Scott Walker, firmó la iniciativa la semana pasada y se esperaba que la medida fuera publicada el 25 de marzo, pero la orden de la jueza la frenó por ahora.
La Asamblea estatal votó hace una semana en favor de una ley que golpea a la fuerza sindical del estado, ya que priva a los empleados públicos de la mayor parte de sus derechos de negociación colectiva.
REFORMA / Redacción
Washington DC, Estados Unidos (18 marzo 2011).- Una jueza en Wisconsin emitió una orden de restricción temporal para la entrada en vigor de una nueva y polémica ley que quitaría sus derechos de negociación colectiva a los empleados públicos del estado, informó The Wisconsin State Journal.
La decisión de la jueza Maryann Sumi de detener temporalmente la ley es un revés para el Gobernador republicano Scott Walker, tras una demanda presentada por el fiscal del condado de Dane, Ismael Ozanne.
Ismael Ozanne acusó a los republicanos de violar las leyes de sesión abierta en el Congreso estatal durante la votación, que se realizó sin dar aviso 24 horas antes, requerido por la ley de Wisconsin.
El Gobernador republicano, Scott Walker, firmó la iniciativa la semana pasada y se esperaba que la medida fuera publicada el 25 de marzo, pero la orden de la jueza la frenó por ahora.
La Asamblea estatal votó hace una semana en favor de una ley que golpea a la fuerza sindical del estado, ya que priva a los empleados públicos de la mayor parte de sus derechos de negociación colectiva.
viernes, 4 de marzo de 2011
Ganan reflectores sindicatos
El conflicto inició cuando el Gobernador de Wisconsin propuso quitar a los empleados estatales su derecho a negociar contratos colectivos
AP
AP
Wisconsin, Estados Unidos (4 marzo 2011).- El Gobernador de Wisconsin, Scott Walter, desea quitarles a los servidores públicos del estado casi todos los derechos de negociación colectiva, pero los líderes sindicales creen que, a la larga, podría lograr involuntariamente algo distinto: darle al movimiento sindical de Estados Unidos el impulso que requiere luego de años de declive.
La lucha entre los líderes republicanos en Wisconsin y los sindicatos ha llevado a que los agremiados tengan un nivel de entusiasmo que no habían visto en años, algo que podría desencadenar un resurgimiento en el movimiento trabajador estadounidense, dijo Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la más grande federación sindical de Estados Unidos.
"Nunca habíamos visto la increíble solidaridad que presenciamos en este momento", dijo Trumka a periodistas en la sede de la federación durante la reunión anual de la AFL-CIO.
Un pequeño grupo de gobernadores republicanos, incluyendo a algunos que salieron beneficiados en las elecciones de noviembre por la frustración económica, se han ganado la adulación de los conservadores por enfrentar a los sindicatos del sector público para realizar recortes a los gastos gubernamentales y reducir sus enormes déficit.
Los republicanos que más han atraído la atención a nivel nacional durante las últimas semanas son los gobernadores Walker de Wisconsin y Chris Christie de Nueva Jersey. Ambos podrían incluso opacar a los potenciales candidatos republicanos a la presidencia, pese a que han negado tener planes de desafiar al Presidente Barack Obama en 2012.
El enfrentamiento comenzó el 11 de febrero cuando el Gobernador Walker propuso una ley que le quitaría a los empleados estatales su derecho a negociar contratos colectivos como parte de un plan para reducir el déficit presupuestal calculado en 137 millones de dólares para julio.
Los senadores demócratas, que son minoría en la legislatura, abandonaron el estado y se fueron al vecino Illinois el mismo día en que el Senado debía votar sobre la ley. Su ausencia dejó al Senado sin un voto requerido para tener quorum para una votación.
El proyecto fue aprobado en la Cámara baja la semana pasada y los republicanos han dicho que cuentan con suficientes votos par aprobarlo una vez que los senadores demócratas regresen.
El Gobernador no ha cedido. Los demócratas no planean volver. Y pese a los plazos fijados y las amenazas de despidos, el estado realmente no necesita aprobar un presupuesto para pagar sus cuentas por lo menos hasta mayo.
Ese es el tipo de atención que los sindicatos necesitaban por años mientras los dirigentes han tratado en vano de reactivar la fuerza que la organización laboral tuvo en sus mejores tiempos en las décadas de los 50 y 60.
Autorizan búsqueda de demócratas
El Gobernador de Wisconsin amenazó con emitir miles de notificaciones de despido en las próximas 24 horas si los demócratas en el Senado, que se marcharon a Illinois, no regresan para votar una medida que paralizaría los sindicatos de trabajadores públicos.
Además del Gobernador Scott Walker, otros republicanos intensificaron la presión sobre los demócratas, al autorizar que la Policía busque a los legisladores que se fueron.
Las iniciativas constituyen los pasos más drásticos en el conflicto que se ha extendido durante más de dos semanas, impidiendo que siga adelante el plan de Walker para despojar a los trabajadores del estado de buena parte de sus derechos de negociación colectiva, algo que el Gobernador considera crucial para resolver la crisis presupuestaria de Wisconsin.
La lucha entre los líderes republicanos en Wisconsin y los sindicatos ha llevado a que los agremiados tengan un nivel de entusiasmo que no habían visto en años, algo que podría desencadenar un resurgimiento en el movimiento trabajador estadounidense, dijo Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la más grande federación sindical de Estados Unidos.
"Nunca habíamos visto la increíble solidaridad que presenciamos en este momento", dijo Trumka a periodistas en la sede de la federación durante la reunión anual de la AFL-CIO.
Un pequeño grupo de gobernadores republicanos, incluyendo a algunos que salieron beneficiados en las elecciones de noviembre por la frustración económica, se han ganado la adulación de los conservadores por enfrentar a los sindicatos del sector público para realizar recortes a los gastos gubernamentales y reducir sus enormes déficit.
Los republicanos que más han atraído la atención a nivel nacional durante las últimas semanas son los gobernadores Walker de Wisconsin y Chris Christie de Nueva Jersey. Ambos podrían incluso opacar a los potenciales candidatos republicanos a la presidencia, pese a que han negado tener planes de desafiar al Presidente Barack Obama en 2012.
El enfrentamiento comenzó el 11 de febrero cuando el Gobernador Walker propuso una ley que le quitaría a los empleados estatales su derecho a negociar contratos colectivos como parte de un plan para reducir el déficit presupuestal calculado en 137 millones de dólares para julio.
Los senadores demócratas, que son minoría en la legislatura, abandonaron el estado y se fueron al vecino Illinois el mismo día en que el Senado debía votar sobre la ley. Su ausencia dejó al Senado sin un voto requerido para tener quorum para una votación.
El proyecto fue aprobado en la Cámara baja la semana pasada y los republicanos han dicho que cuentan con suficientes votos par aprobarlo una vez que los senadores demócratas regresen.
El Gobernador no ha cedido. Los demócratas no planean volver. Y pese a los plazos fijados y las amenazas de despidos, el estado realmente no necesita aprobar un presupuesto para pagar sus cuentas por lo menos hasta mayo.
Ese es el tipo de atención que los sindicatos necesitaban por años mientras los dirigentes han tratado en vano de reactivar la fuerza que la organización laboral tuvo en sus mejores tiempos en las décadas de los 50 y 60.
Autorizan búsqueda de demócratas
El Gobernador de Wisconsin amenazó con emitir miles de notificaciones de despido en las próximas 24 horas si los demócratas en el Senado, que se marcharon a Illinois, no regresan para votar una medida que paralizaría los sindicatos de trabajadores públicos.
Además del Gobernador Scott Walker, otros republicanos intensificaron la presión sobre los demócratas, al autorizar que la Policía busque a los legisladores que se fueron.
Las iniciativas constituyen los pasos más drásticos en el conflicto que se ha extendido durante más de dos semanas, impidiendo que siga adelante el plan de Walker para despojar a los trabajadores del estado de buena parte de sus derechos de negociación colectiva, algo que el Gobernador considera crucial para resolver la crisis presupuestaria de Wisconsin.
jueves, 24 de febrero de 2011
Ataque a los derechos laborales
Por Sergio Muñoz Bata
24 de febrero de 2011
Para el Gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el déficit presupuestal de su estado no tiene vuelta de hoja. La culpa es de los sindicatos que defienden los exorbitantes beneficios que reciben los trabajadores estatales. Si los trabajadores del estado, dice Walker, pagaran el doble de lo que actualmente pagan por su seguro de salud; si se aumentara en un 6 por ciento su contribución al fondo de pensiones, se les impusiera un tope a los aumentos salariales y si los trabajadores renunciaran a su derecho a negociar contratos colectivos de trabajo, la salud fiscal del estado mejoraría en un instante. Walker no es el único político estadounidense que ha optado por este tipo de confrontación con los sindicatos. En Ohio, Indiana, Nueva Jersey, Tennessee, Missouri, Michigan y Nueva Hampshire, las legislaturas estatales están elaborando proyectos de ley similares al de Wisconsin, que de convertirse en ley, reducirían considerablemente no sólo los beneficios de los trabajadores sindicalizados, sino el poder económico y político de los sindicatos en toda la nación.
El tema de fondo es complicado porque el desbalance que existe entre los beneficios que reciben los trabajadores del sector público y los del sector privado, es más que evidente en esta época de intensa incertidumbre laboral. Desde hace ya varios años, por ejemplo, las empresas del sector privado han dejado de ofrecer planes de pensiones a sus empleados y a cambio les han ido obligando a enrolarse en riesgosos planes de pensiones sujetos a las veleidades del mercado de valores, mientras que los empleados del sector público siguen gozando de jugosas pensiones financiadas con el dinero de todos los contribuyentes.
También es cierto que dadas las elevadas cifras de desempleo, la mayoría de los empleados del sector privado en Estados Unidos están conscientes de que pueden perder sus trabajos con alarmante facilidad, mientras que quienes trabajan en el sector público, parecen tener asegurados sus contratos de por vida.
Así las cosas, a nadie debería extrañar que el índice de aprobación de los sindicatos haya llegado a su nivel más bajo en el último cuarto de siglo, según revela una encuesta reciente del Pew Center. La mayoría de los estadounidenses piensa que los sindicatos benefician a sus afiliados pero impactan negativamente en la habilidad del país para competir adecuadamente en los mercados internacionales. Y no dudan que si para balancear el presupuesto tuvieran que escoger un entre recortar programas, aumentar impuestos o disminuir las pensiones de los empleados estatales, preferirían esta última opción. No es accidental que la confrontación con los sindicatos en Wisconsin suceda a menos de dos años de la elección presidencial de noviembre de 2012. En la elección presidencial de 2008, Obama ganó el estado con un cómodo margen de 14 puntos. Curiosamente, en los días previos e inmediatamente posteriores a la elección, la venta de armas en el estado se disparó en un 82 por ciento con respecto al año anterior, aparentemente motivada por la incertidumbre que el triunfo de Obama generaba en un sector de la población.
En 2010, sin embargo, los republicanos ganaron la gubernatura, un escaño en el Senado, dos en la Cámara de Representantes y la mayoría en ambas Cámaras de la legislatura estatal, y todo indica que el Partido Republicano ha decidido enfrentar el poder político y económico de los sindicatos abanderando una causa que, según muestra la encuesta del Pew Center, podría tener tracción con los votantes.
También el Presidente Obama parece haber entendido que el horizonte real de la confrontación es político y que Wisconsin es un estado clave para sus aspiraciones electorales. Por eso fue que a finales de enero, apenas terminado su informe sobre el Estado de la Unión, Obama viajó a Manitowoc, Wisconsin para proponer un ejemplo de cómo el país puede "ganar el futuro" si invierte en compañías que cuentan con tecnologías avanzadas para desarrollar proyectos de energía renovable. Y es también por eso que la semana pasada, el Presidente decidió insertarse en el debate presupuestal de Wisconsin y de otros estados que promueven leyes similares para controlar el gasto y le cargan la cuenta a los sindicatos. Lo que está en juego son los millones de dólares con los que los sindicatos contribuyen a las campañas de los candidatos demócratas.
Desde mi perspectiva, lo que los demócratas y sus aliados sindicales deberían hacer es sentarse a la mesa de negociaciones dispuestos a revisar los términos de aquellos beneficios, de pensiones, de seguro médico que evidencian un trato preferencial y ofenden al resto de los trabajadores.
Donde no deben ceder un ápice es en su derecho a negociar sus contratos de forma colectiva. Primero porque es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También porque en 1962, el Presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva otorgando a los sindicatos el derecho a negociar contratos colectivos con el Gobierno federal y, por último, porque sólo presentando un frente unido pueden los trabajadores defenderse adecuadamente frente a los ejércitos de abogados de los gobiernos estatales y de las grandes corporaciones.
24 de febrero de 2011
Para el Gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el déficit presupuestal de su estado no tiene vuelta de hoja. La culpa es de los sindicatos que defienden los exorbitantes beneficios que reciben los trabajadores estatales. Si los trabajadores del estado, dice Walker, pagaran el doble de lo que actualmente pagan por su seguro de salud; si se aumentara en un 6 por ciento su contribución al fondo de pensiones, se les impusiera un tope a los aumentos salariales y si los trabajadores renunciaran a su derecho a negociar contratos colectivos de trabajo, la salud fiscal del estado mejoraría en un instante. Walker no es el único político estadounidense que ha optado por este tipo de confrontación con los sindicatos. En Ohio, Indiana, Nueva Jersey, Tennessee, Missouri, Michigan y Nueva Hampshire, las legislaturas estatales están elaborando proyectos de ley similares al de Wisconsin, que de convertirse en ley, reducirían considerablemente no sólo los beneficios de los trabajadores sindicalizados, sino el poder económico y político de los sindicatos en toda la nación.
El tema de fondo es complicado porque el desbalance que existe entre los beneficios que reciben los trabajadores del sector público y los del sector privado, es más que evidente en esta época de intensa incertidumbre laboral. Desde hace ya varios años, por ejemplo, las empresas del sector privado han dejado de ofrecer planes de pensiones a sus empleados y a cambio les han ido obligando a enrolarse en riesgosos planes de pensiones sujetos a las veleidades del mercado de valores, mientras que los empleados del sector público siguen gozando de jugosas pensiones financiadas con el dinero de todos los contribuyentes.
También es cierto que dadas las elevadas cifras de desempleo, la mayoría de los empleados del sector privado en Estados Unidos están conscientes de que pueden perder sus trabajos con alarmante facilidad, mientras que quienes trabajan en el sector público, parecen tener asegurados sus contratos de por vida.
Así las cosas, a nadie debería extrañar que el índice de aprobación de los sindicatos haya llegado a su nivel más bajo en el último cuarto de siglo, según revela una encuesta reciente del Pew Center. La mayoría de los estadounidenses piensa que los sindicatos benefician a sus afiliados pero impactan negativamente en la habilidad del país para competir adecuadamente en los mercados internacionales. Y no dudan que si para balancear el presupuesto tuvieran que escoger un entre recortar programas, aumentar impuestos o disminuir las pensiones de los empleados estatales, preferirían esta última opción. No es accidental que la confrontación con los sindicatos en Wisconsin suceda a menos de dos años de la elección presidencial de noviembre de 2012. En la elección presidencial de 2008, Obama ganó el estado con un cómodo margen de 14 puntos. Curiosamente, en los días previos e inmediatamente posteriores a la elección, la venta de armas en el estado se disparó en un 82 por ciento con respecto al año anterior, aparentemente motivada por la incertidumbre que el triunfo de Obama generaba en un sector de la población.
En 2010, sin embargo, los republicanos ganaron la gubernatura, un escaño en el Senado, dos en la Cámara de Representantes y la mayoría en ambas Cámaras de la legislatura estatal, y todo indica que el Partido Republicano ha decidido enfrentar el poder político y económico de los sindicatos abanderando una causa que, según muestra la encuesta del Pew Center, podría tener tracción con los votantes.
También el Presidente Obama parece haber entendido que el horizonte real de la confrontación es político y que Wisconsin es un estado clave para sus aspiraciones electorales. Por eso fue que a finales de enero, apenas terminado su informe sobre el Estado de la Unión, Obama viajó a Manitowoc, Wisconsin para proponer un ejemplo de cómo el país puede "ganar el futuro" si invierte en compañías que cuentan con tecnologías avanzadas para desarrollar proyectos de energía renovable. Y es también por eso que la semana pasada, el Presidente decidió insertarse en el debate presupuestal de Wisconsin y de otros estados que promueven leyes similares para controlar el gasto y le cargan la cuenta a los sindicatos. Lo que está en juego son los millones de dólares con los que los sindicatos contribuyen a las campañas de los candidatos demócratas.
Desde mi perspectiva, lo que los demócratas y sus aliados sindicales deberían hacer es sentarse a la mesa de negociaciones dispuestos a revisar los términos de aquellos beneficios, de pensiones, de seguro médico que evidencian un trato preferencial y ofenden al resto de los trabajadores.
Donde no deben ceder un ápice es en su derecho a negociar sus contratos de forma colectiva. Primero porque es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También porque en 1962, el Presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva otorgando a los sindicatos el derecho a negociar contratos colectivos con el Gobierno federal y, por último, porque sólo presentando un frente unido pueden los trabajadores defenderse adecuadamente frente a los ejércitos de abogados de los gobiernos estatales y de las grandes corporaciones.
martes, 30 de noviembre de 2010
Flores: mal lector, peor líder
Por Miguel Ángel Granados Chapa
30 de noviembre de 2010
Propongo ser comprensivos con el diputado priista Víctor Flores Morales, líder de los ferrocarrileros. La noche en que fue medida su velocidad de lectura, cuando se supo que lee como si fuera un educando de cuarto grado de primaria: sólo 103 palabras por minuto, el tema en que intervino lo saca de sus casillas, lo pone "nervioso", como decimos. En todo caso, ser mal lector no es su peor defecto. Los jubilados de su gremio, y aun sus dirigidos, en la actualidad suelen quejarse de algunos de sus más acentuados defectos, que tienen que ver con su afición al dinero ajeno y su necesidad de ostentar lo que hace con él.
Reforma midió intervenciones de diputados durante la discusión del Presupuesto federal, y encontró que los legisladores leen tartajosamente, como escolares. Ya cerca del alba del 16 de noviembre tocó a Francisco Hernández Juárez, líder telefonista, diputado en la fracción del PRD, uno de los presidentes de la Unión Nacional de Trabajadores, abordar el tema cuya reserva había pedido horas antes. Pretendía que el presupuesto incluyera una partida de 3 mil 500 millones de pesos para mitigar los quebrantos del fideicomiso para los jubilados ferrocarrileros, pues de lo contrario ese fondo puede quedarse sin recursos el año próximo. Apenas esbozaba la idea cuando Flores Morales pidió la palabra, dizque para hacer una pregunta al orador, en realidad con la pretensión de que no abordara ese tema, que juzga de su exclusiva incumbencia, aunque en los hechos no sólo no haya hecho nada para asegurar las pensiones de los jubilados sino, al contrario, habría dispuesto de fondos que con el mismo propósito generaron los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, durante décadas, a partir de 1932 y hasta el aciago momento de la privatización ferroviaria, que se inició en 1997.
A pesar de su alegato, al que no tenía derecho pues ni siquiera se había formulado la iniciativa que haría Hernández Juárez, el dirigente de los telefonistas pudo completar su propuesta, que no obstante la delicadeza de sus términos fue desechada por mayoría. Ocurre que al ser vendidos los bienes de la empresa ferroviaria nacional, se dispuso la creación de un fideicomiso que asegurara la suerte de los jubilados, más de 53 mil entonces. El fondo fue creado con 13 mil 500 millones de pesos, pero hoy cuenta con sólo 6 mil, siendo que las obligaciones que debe enfrentar llegan a 21 mil millones de pesos. El déficit de 15 mil millones de pesos debe ser cubierto por el Estado, que garantizó al decretar la privatización el pago de las pensiones por jubilación. Hernández Juárez propuso, ya hemos dicho que sin éxito, que se dispusiera cubrir 3 mil 500 millones de pesos para 2011 y siete pagos adicionales para cubrir el monto de las obligaciones.
Flores Morales lo increpó y, como cumple a su vocación zoológica, se trepó a la curul y desde allí alegó contra el líder antagónico. No es la primera vez que holla las butacas de la Cámara, pues no es la primera que se abordan allí cuestiones que lo ponen en entredicho y lo irritan. Es la tercera ocasión que llega a San Lázaro y cada vez ha roto el orden con sus malos modos. Pero no sólo eso: alguna vez amenazó directamente al diputado panista Javier Paz Zarza, quien dos días más tarde fue amagado en el estacionamiento de la Cámara por pistoleros enviados por el dirigente ferrocarrilero.
Aunque su currículum asegura que es contador privado, Flores Morales no desempeñó nunca labores profesionales en esa rama en los FFCCNN. Era guardavía y pronto pudo dejar de trabajar porque se incorporó a la política sindical, primero en Veracruz, su tierra natal, en la sección 28, y luego en el ámbito nacional, a la sombra de su paisano Jorge Peralta, con quien fue ascendiendo en el escalafón sindical hasta ser elegido secretario nacional en 1995. Se mostró más que dispuesto, sometido en realidad, al plan privatizador del presidente Zedillo, una desastrosa operación que canceló el transporte ferroviario de pasajeros, medio de comunicación que prospera en los países civilizados, y entregó concesiones para el transporte de carga a tres empresas principales, propiedad de poderosos grupos económicos locales asociados a consorcios ferroviarios norteamericanos, como Kansas City Southern y Union Pacific Railroad. Este último es el aliado extranjero -del que Zedillo fue consejero- del Grupo México de la familia Larrea que, como el resto de los concesionarios, está encantada con tener un sindicato encabezado por Flores.
Éste condicionó su apoyo a la privatización a la permanencia del sindicato (no de la totalidad del personal, en lo que fue sumamente flexible) y a la recontratación del personal por su conducto. Al efecto estableció 39 bolsas de trabajo (una en cada sección) que mediante una cuota extraoficial garantizó a un reducido número de trabajadores continuar en las nuevas empresas empleadoras.
Ese mecanismo fue muy lucrativo para Flores pero al parecer lo fue más, salvo que se pruebe lo contrario, algo que no ha querido hacer, disponer de los fondos de la sociedad mutualista Previsión Obrera, cientos y quizá miles de millones que se diluyeron cuando el mecanismo previsor fue cancelado a la hora de la privatización. De cualquiera de esos orígenes -no de su propia pensión de 87 mil pesos mensuales, añadidos a su paga como líder- deriva la fortuna que ostenta: automóviles Mercedes Benz, Jaguar y Lincoln, y su casa en el puerto de donde es originario, de una manzana entera.
30 de noviembre de 2010
Propongo ser comprensivos con el diputado priista Víctor Flores Morales, líder de los ferrocarrileros. La noche en que fue medida su velocidad de lectura, cuando se supo que lee como si fuera un educando de cuarto grado de primaria: sólo 103 palabras por minuto, el tema en que intervino lo saca de sus casillas, lo pone "nervioso", como decimos. En todo caso, ser mal lector no es su peor defecto. Los jubilados de su gremio, y aun sus dirigidos, en la actualidad suelen quejarse de algunos de sus más acentuados defectos, que tienen que ver con su afición al dinero ajeno y su necesidad de ostentar lo que hace con él.
Reforma midió intervenciones de diputados durante la discusión del Presupuesto federal, y encontró que los legisladores leen tartajosamente, como escolares. Ya cerca del alba del 16 de noviembre tocó a Francisco Hernández Juárez, líder telefonista, diputado en la fracción del PRD, uno de los presidentes de la Unión Nacional de Trabajadores, abordar el tema cuya reserva había pedido horas antes. Pretendía que el presupuesto incluyera una partida de 3 mil 500 millones de pesos para mitigar los quebrantos del fideicomiso para los jubilados ferrocarrileros, pues de lo contrario ese fondo puede quedarse sin recursos el año próximo. Apenas esbozaba la idea cuando Flores Morales pidió la palabra, dizque para hacer una pregunta al orador, en realidad con la pretensión de que no abordara ese tema, que juzga de su exclusiva incumbencia, aunque en los hechos no sólo no haya hecho nada para asegurar las pensiones de los jubilados sino, al contrario, habría dispuesto de fondos que con el mismo propósito generaron los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, durante décadas, a partir de 1932 y hasta el aciago momento de la privatización ferroviaria, que se inició en 1997.
A pesar de su alegato, al que no tenía derecho pues ni siquiera se había formulado la iniciativa que haría Hernández Juárez, el dirigente de los telefonistas pudo completar su propuesta, que no obstante la delicadeza de sus términos fue desechada por mayoría. Ocurre que al ser vendidos los bienes de la empresa ferroviaria nacional, se dispuso la creación de un fideicomiso que asegurara la suerte de los jubilados, más de 53 mil entonces. El fondo fue creado con 13 mil 500 millones de pesos, pero hoy cuenta con sólo 6 mil, siendo que las obligaciones que debe enfrentar llegan a 21 mil millones de pesos. El déficit de 15 mil millones de pesos debe ser cubierto por el Estado, que garantizó al decretar la privatización el pago de las pensiones por jubilación. Hernández Juárez propuso, ya hemos dicho que sin éxito, que se dispusiera cubrir 3 mil 500 millones de pesos para 2011 y siete pagos adicionales para cubrir el monto de las obligaciones.
Flores Morales lo increpó y, como cumple a su vocación zoológica, se trepó a la curul y desde allí alegó contra el líder antagónico. No es la primera vez que holla las butacas de la Cámara, pues no es la primera que se abordan allí cuestiones que lo ponen en entredicho y lo irritan. Es la tercera ocasión que llega a San Lázaro y cada vez ha roto el orden con sus malos modos. Pero no sólo eso: alguna vez amenazó directamente al diputado panista Javier Paz Zarza, quien dos días más tarde fue amagado en el estacionamiento de la Cámara por pistoleros enviados por el dirigente ferrocarrilero.
Aunque su currículum asegura que es contador privado, Flores Morales no desempeñó nunca labores profesionales en esa rama en los FFCCNN. Era guardavía y pronto pudo dejar de trabajar porque se incorporó a la política sindical, primero en Veracruz, su tierra natal, en la sección 28, y luego en el ámbito nacional, a la sombra de su paisano Jorge Peralta, con quien fue ascendiendo en el escalafón sindical hasta ser elegido secretario nacional en 1995. Se mostró más que dispuesto, sometido en realidad, al plan privatizador del presidente Zedillo, una desastrosa operación que canceló el transporte ferroviario de pasajeros, medio de comunicación que prospera en los países civilizados, y entregó concesiones para el transporte de carga a tres empresas principales, propiedad de poderosos grupos económicos locales asociados a consorcios ferroviarios norteamericanos, como Kansas City Southern y Union Pacific Railroad. Este último es el aliado extranjero -del que Zedillo fue consejero- del Grupo México de la familia Larrea que, como el resto de los concesionarios, está encantada con tener un sindicato encabezado por Flores.
Éste condicionó su apoyo a la privatización a la permanencia del sindicato (no de la totalidad del personal, en lo que fue sumamente flexible) y a la recontratación del personal por su conducto. Al efecto estableció 39 bolsas de trabajo (una en cada sección) que mediante una cuota extraoficial garantizó a un reducido número de trabajadores continuar en las nuevas empresas empleadoras.
Ese mecanismo fue muy lucrativo para Flores pero al parecer lo fue más, salvo que se pruebe lo contrario, algo que no ha querido hacer, disponer de los fondos de la sociedad mutualista Previsión Obrera, cientos y quizá miles de millones que se diluyeron cuando el mecanismo previsor fue cancelado a la hora de la privatización. De cualquiera de esos orígenes -no de su propia pensión de 87 mil pesos mensuales, añadidos a su paga como líder- deriva la fortuna que ostenta: automóviles Mercedes Benz, Jaguar y Lincoln, y su casa en el puerto de donde es originario, de una manzana entera.
jueves, 25 de noviembre de 2010
La educación
Por José Woldenberg
25 de noviembre de 2010
La escuela es el espacio en el cual los niños deben adquirir los conocimientos, destrezas y valores que les permitan una mejor incorporación a la vida social y además debe ser el basamento que modele y module la convivencia. Si ese espacio falla, los niños verán multiplicarse los obstáculos para su vida futura y se alimentará aún más la escisión entre los diferentes países que hoy conforman a México. No hay sustituto para la escuela (los grandes medios que tienen un impacto formidable en la "conciencia" pública no parecen estar ni mínimamente preocupados por sus contenidos y no es difícil observar que en muchos casos incluso militan en contra de los valores ilustrados). Por ello mismo resulta inescapable pensar y actuar para que la escuela cumpla cabalmente con el papel para el que fue diseñada. Y cada vez son más las voces que insisten -y con razón- que el deber ser de la educación no se está cumpliendo.
Apenas el domingo pasado la naciente Coalición Ciudadana por la Educación hizo un llamado de atención y puso sobre la mesa una serie de exigencias que no deben ser desatendidas. Si mal no entiendo, su diagnóstico es que la fusión-confusión entre autoridades y sindicato no permite -sino todo lo contrario, impide- que cada cual cumpla con su función. Y por ello buscan "el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo", ya que la "simbiosis atípica entre sindicato y autoridades" hace que mientras la dirección sindical se entrometa en la política educativa, las autoridades fallen como garantes del derecho a la educación.
La fuerza del sindicato ha venido expandiendo su radio de acción con el acuerdo de las autoridades hasta generar una especie de cogobierno que incide de manera negativa en el rumbo de la educación. El documento señala que ese poder "se ha incrementado... y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente". Y en efecto, si en el pasado desde la cúspide del poder político se intentaba (y lograba) mantener bajo dominio no sólo al SNTE sino a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales e incluso a otros poderes constitucionales, hoy los grados de autonomía de esa constelación se han ampliado. Y qué bueno que así sea. No creo que debamos idealizar o añorar aquella situación. El problema aparece cuando los actores sociales empiezan a cumplir con roles que no les corresponden, llegando incluso a invertir los papeles. Así, cuando los cargos directivos o de supervisión están en manos de quienes debían ser los supervisados, algo se trastoca. Que el sindicato se convierta en autoridad y que ésta última decline de sus responsabilidades genera un "arreglo" no apto para una auténtica evaluación del trabajo en las aulas.
Ahí -creo- reside parte del drama educativo en nuestro país. Y como bien dice la Coalición Ciudadana por la Educación es menester "colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras". En los salones de clase transcurre la misión sustantiva de la escuela y la columna vertebral de cualquier sistema educativo son y seguirán siendo los maestros. De ellos depende la calidad de la información, la pertinencia de la enseñanza, el sentido del marco valorativo, los atributos de las destrezas que reciben los niños. No hay rodeos ni rutas cortas. No hay educación sin maestros.
Estamos hablando de un derecho -el de la educación de calidad- que deberíamos pensar como una "prioridad nacional". Y en esa dirección, como bien señala el documento multicitado, son necesarias la profesionalización del magisterio, creando un auténtico servicio de carrera "basado en el desempeño y la capacidad", la transparencia en el uso de los recursos públicos, tanto por parte de las autoridades como del sindicato y la cancelación de las muchas prácticas que generan corrupción.
Sólo tengo una duda con relación a los planteamientos de la coalición. Demandan un nuevo marco laboral (necesario), pero señalan que el mismo debe ser dictado de manera unilateral por los ejecutivos federal y estatales. Si mal no entiendo, las Condiciones Generales de Trabajo, legalmente son aprobadas por la autoridad, previa consulta con la representación de los trabajadores (el sindicato). Y por esa vía los sindicatos encuadrados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución han venido de manera sistemática estableciendo una cierta bilateralidad en la definición de las condiciones de trabajo. Y creo que eso no está mal. Es más, así debe ser. Un pacto entre dos partes es el que permite una regulación acordada de los salarios, prestaciones, comisiones mixtas laborales, etcétera. El asunto entonces no es volver a construir una autoridad que "por sus pistolas" dicte esas normas, sino entender que lo que no es negociable es el núcleo académico de la educación y por ello tampoco las tareas de dirección y supervisión de la misma.
25 de noviembre de 2010
La escuela es el espacio en el cual los niños deben adquirir los conocimientos, destrezas y valores que les permitan una mejor incorporación a la vida social y además debe ser el basamento que modele y module la convivencia. Si ese espacio falla, los niños verán multiplicarse los obstáculos para su vida futura y se alimentará aún más la escisión entre los diferentes países que hoy conforman a México. No hay sustituto para la escuela (los grandes medios que tienen un impacto formidable en la "conciencia" pública no parecen estar ni mínimamente preocupados por sus contenidos y no es difícil observar que en muchos casos incluso militan en contra de los valores ilustrados). Por ello mismo resulta inescapable pensar y actuar para que la escuela cumpla cabalmente con el papel para el que fue diseñada. Y cada vez son más las voces que insisten -y con razón- que el deber ser de la educación no se está cumpliendo.
Apenas el domingo pasado la naciente Coalición Ciudadana por la Educación hizo un llamado de atención y puso sobre la mesa una serie de exigencias que no deben ser desatendidas. Si mal no entiendo, su diagnóstico es que la fusión-confusión entre autoridades y sindicato no permite -sino todo lo contrario, impide- que cada cual cumpla con su función. Y por ello buscan "el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo", ya que la "simbiosis atípica entre sindicato y autoridades" hace que mientras la dirección sindical se entrometa en la política educativa, las autoridades fallen como garantes del derecho a la educación.
La fuerza del sindicato ha venido expandiendo su radio de acción con el acuerdo de las autoridades hasta generar una especie de cogobierno que incide de manera negativa en el rumbo de la educación. El documento señala que ese poder "se ha incrementado... y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente". Y en efecto, si en el pasado desde la cúspide del poder político se intentaba (y lograba) mantener bajo dominio no sólo al SNTE sino a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales e incluso a otros poderes constitucionales, hoy los grados de autonomía de esa constelación se han ampliado. Y qué bueno que así sea. No creo que debamos idealizar o añorar aquella situación. El problema aparece cuando los actores sociales empiezan a cumplir con roles que no les corresponden, llegando incluso a invertir los papeles. Así, cuando los cargos directivos o de supervisión están en manos de quienes debían ser los supervisados, algo se trastoca. Que el sindicato se convierta en autoridad y que ésta última decline de sus responsabilidades genera un "arreglo" no apto para una auténtica evaluación del trabajo en las aulas.
Ahí -creo- reside parte del drama educativo en nuestro país. Y como bien dice la Coalición Ciudadana por la Educación es menester "colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras". En los salones de clase transcurre la misión sustantiva de la escuela y la columna vertebral de cualquier sistema educativo son y seguirán siendo los maestros. De ellos depende la calidad de la información, la pertinencia de la enseñanza, el sentido del marco valorativo, los atributos de las destrezas que reciben los niños. No hay rodeos ni rutas cortas. No hay educación sin maestros.
Estamos hablando de un derecho -el de la educación de calidad- que deberíamos pensar como una "prioridad nacional". Y en esa dirección, como bien señala el documento multicitado, son necesarias la profesionalización del magisterio, creando un auténtico servicio de carrera "basado en el desempeño y la capacidad", la transparencia en el uso de los recursos públicos, tanto por parte de las autoridades como del sindicato y la cancelación de las muchas prácticas que generan corrupción.
Sólo tengo una duda con relación a los planteamientos de la coalición. Demandan un nuevo marco laboral (necesario), pero señalan que el mismo debe ser dictado de manera unilateral por los ejecutivos federal y estatales. Si mal no entiendo, las Condiciones Generales de Trabajo, legalmente son aprobadas por la autoridad, previa consulta con la representación de los trabajadores (el sindicato). Y por esa vía los sindicatos encuadrados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución han venido de manera sistemática estableciendo una cierta bilateralidad en la definición de las condiciones de trabajo. Y creo que eso no está mal. Es más, así debe ser. Un pacto entre dos partes es el que permite una regulación acordada de los salarios, prestaciones, comisiones mixtas laborales, etcétera. El asunto entonces no es volver a construir una autoridad que "por sus pistolas" dicte esas normas, sino entender que lo que no es negociable es el núcleo académico de la educación y por ello tampoco las tareas de dirección y supervisión de la misma.
jueves, 18 de noviembre de 2010
Opaca opción para Mexicana
Por Miguel Ángel Granados Chapa
18 de noviembre de 2010
Autoridades que actúan oficiosamente (a cambio de su omisión en cumplir sus obligaciones en otra etapa del caso) tratan de imponer a los sindicatos la aceptación de la alternativa que más daña los intereses de los trabajadores
¿A santo de qué, a qué título participan los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo en la decisión de revivir a Mexicana, inclinados a una opción que ha sido ya rechazada por dos sindicatos -el de pilotos y el de empleados de tierra- y genera reparos en un tercero (el de sobrecargos)?
Cuando Mexicana decidió acogerse al concurso mercantil (forma moderna de la suspensión de pagos) y dejar de volar, con lo que deliberadamente empeoró su situación pues dejó de generar ingresos y acrecentó sus pasivos, la Secretaría de Comunicaciones debió requisar la empresa, para asegurar la continuidad del servicio público concesionado a la casi fallida aerolínea, y no lo hizo. No se trataba de un rescate al modo en que esa empresa y otras del sector aéreo han sido beneficiadas en el pasado, sino de la aplicación de una norma administrativa para la cual está capacitada legalmente esa dependencia.
En contraste con su omisión en el ámbito que le es propio, la SCT, su titular Juan Molinar Horcasitas, en particular, se ha mostrado activo en decidir cuál de las entidades financieras que han mostrado interés en adquirir la concesión que Mexicana puede obtenerla. No se trata de una licitación en que competa a un órgano del Estado resolver cuál postura garantiza un mejor precio o una mejor prestación de un servicio. Se trata de una operación entre particulares, regulada por el derecho mercantil en que, si acaso hay espacio para que la SCT intervenga, es para cuidar que se atiendan las restricciones legales en materia de inversión extranjera.
Mexicana está por ahora sujeta a la Ley de Concursos Mercantiles, dejada en el aire (paradójicamente, pues en realidad la dejaron en tierra) por sus accionistas. Su gestión está a cargo de un administrador provisional, y su suerte jurídica depende del conciliador, figura jurídica establecida en la mencionada Ley de Concursos Mercantiles, que mientras el juez enlista a los acreedores y fija el orden de prioridades para el pago de los adeudos de la empresa sometida a ese procedimiento de la legislación de comercio, él trata de conciliarlos. No se ve en qué medida tengan capacidad para resolver quién ha de ocuparse de los pasivos de la aerolínea llevada a la ruina deliberadamente por el grupo que la compró al gobierno en 2005 y que la regaló a nuevos accionistas que no hicieron en breve término más que empeorar la situación de la empresa, al grado de asestarle la puntilla, como se hace y dice en la tauromaquia.
No sólo eso: dichos administrador y conciliador solicitaron oficiosamente que las secretarías de Comunicaciones y de Trabajo avalaran su propia propuesta que, si cabe entre sus facultades, debieron asumir con autonomía. Debieron hacerlo así teniendo en cuenta que por lo menos respecto de PC Capital, financiera escogida para recibir la ganga en que se convirtió Mexicana, fue presentada a la SCT por el secretario del Trabajo, quien actuaría así como gestor de negocios privados.
El titular del Trabajo cumple en esa función también de otra manera, abogando ante los sindicatos por esa empresa, lo que ha ocasionado la inconformidad de las otras interesadas, TG Group y BMC Financial Investments. Si bien Javier Lozano admite -no podría ser de otra manera- que son las agrupaciones sindicales las que han de resolver si aceptan las condiciones de PC Capital, es llamativa su intimación a que resuelvan ya, escogiendo entre la oferta de esa financiera o la quiebra de Mexicana.
De las tres opciones, la que más castiga el interés de los trabajadores es la escogida por las autoridades que oficiosamente intervienen en el caso y por el administrador y el conciliador, cuyas funciones no incluyen revisar la composición del capital de la empresa que atienden en esta emergencia. PC Capital pretende reducir severamente el personal, pues su propósito es achicar la empresa: de mil 154 pilotos sólo serían recontratados 242, y de mil 724 sobrecargos permanecerían 375, ya que sólo estarían en operación 29 aeronaves. La reducción sería de 65 por ciento.
Si el dilema se planteara exclusivamente en esos términos: la propuesta de PC Capital o la quiebra, los sindicatos acaso optarán por rescatar de lo perdido lo que aparezca. Pero hay otras posibilidades, que además son mejores. Las otras financieras interesadas están dispuestas a un recorte de personal de mucho menor proporción que el de la oferta escogida. BMC Financial Investments se queja de que no ha sido notificada por la SCT de las razones por las cuales se eligió a PC Capital, siendo que se propone tener en vuelo 59 aviones (30 más que los de la opción escogida). Y recontrataría 80 por ciento del personal.
Investido de autoridad aeronáutica, el secretario del Trabajo ha dicho que es inviable la oferta de más aviones y más personal. Un verdadero experto, en cambio, pone en duda la viabilidad del ofrecimiento de PC Capital: con los 150 millones de dólares que aportará, "existe el riesgo de que después de seis meses tenga problemas de flujo de caja", dijo Bart Pattyn, presidente para América Latina de Coface, aseguradora de riesgo empresarial y experto en aviación. (Reforma, 12 de noviembre).
Por si faltaran opacidades en este procedimiento, he aquí una más: las tres empresas interesadas son financieras, que acaso obran por cuenta de terceros pues ellas no se dedican a la aviación. Sólo una persona con experiencia en el ramo aparece en este escenario: PC Capital es representada por Arturo Barahona, que ya fue ejecutivo de Mexicana, bajo Gastón Azcárraga.
Cajón de Sastre
Mientras que los dueños del Grupo México son tratados con lenidad hasta para comparecer ante los tribunales, que se abstienen de sancionarlos por su ausencia, la lucha judicial de Napoleón Gómez Urrutia es interminable. La Suprema Corte dispuso que, al contrario de lo pedido por el dirigente minero, es constitucional la ley con arreglo a la cual solicitó su aprehensión la PGR. Eso no significa que pueda ser capturado. El fallo devuelve el caso a un tribunal colegiado que revisa el amparo concedido a Gómez Urrutia contra esa orden de aprehensión, cuya solicitud es defectuosa según el propio juzgado de garantías, por lo que el juez penal que la expidió debe corregirla y si no es posible, negarla a la PGR, que sólo vence al líder minero en los boletines de prensa, no ante la justicia.
18 de noviembre de 2010
Autoridades que actúan oficiosamente (a cambio de su omisión en cumplir sus obligaciones en otra etapa del caso) tratan de imponer a los sindicatos la aceptación de la alternativa que más daña los intereses de los trabajadores
¿A santo de qué, a qué título participan los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo en la decisión de revivir a Mexicana, inclinados a una opción que ha sido ya rechazada por dos sindicatos -el de pilotos y el de empleados de tierra- y genera reparos en un tercero (el de sobrecargos)?
Cuando Mexicana decidió acogerse al concurso mercantil (forma moderna de la suspensión de pagos) y dejar de volar, con lo que deliberadamente empeoró su situación pues dejó de generar ingresos y acrecentó sus pasivos, la Secretaría de Comunicaciones debió requisar la empresa, para asegurar la continuidad del servicio público concesionado a la casi fallida aerolínea, y no lo hizo. No se trataba de un rescate al modo en que esa empresa y otras del sector aéreo han sido beneficiadas en el pasado, sino de la aplicación de una norma administrativa para la cual está capacitada legalmente esa dependencia.
En contraste con su omisión en el ámbito que le es propio, la SCT, su titular Juan Molinar Horcasitas, en particular, se ha mostrado activo en decidir cuál de las entidades financieras que han mostrado interés en adquirir la concesión que Mexicana puede obtenerla. No se trata de una licitación en que competa a un órgano del Estado resolver cuál postura garantiza un mejor precio o una mejor prestación de un servicio. Se trata de una operación entre particulares, regulada por el derecho mercantil en que, si acaso hay espacio para que la SCT intervenga, es para cuidar que se atiendan las restricciones legales en materia de inversión extranjera.
Mexicana está por ahora sujeta a la Ley de Concursos Mercantiles, dejada en el aire (paradójicamente, pues en realidad la dejaron en tierra) por sus accionistas. Su gestión está a cargo de un administrador provisional, y su suerte jurídica depende del conciliador, figura jurídica establecida en la mencionada Ley de Concursos Mercantiles, que mientras el juez enlista a los acreedores y fija el orden de prioridades para el pago de los adeudos de la empresa sometida a ese procedimiento de la legislación de comercio, él trata de conciliarlos. No se ve en qué medida tengan capacidad para resolver quién ha de ocuparse de los pasivos de la aerolínea llevada a la ruina deliberadamente por el grupo que la compró al gobierno en 2005 y que la regaló a nuevos accionistas que no hicieron en breve término más que empeorar la situación de la empresa, al grado de asestarle la puntilla, como se hace y dice en la tauromaquia.
No sólo eso: dichos administrador y conciliador solicitaron oficiosamente que las secretarías de Comunicaciones y de Trabajo avalaran su propia propuesta que, si cabe entre sus facultades, debieron asumir con autonomía. Debieron hacerlo así teniendo en cuenta que por lo menos respecto de PC Capital, financiera escogida para recibir la ganga en que se convirtió Mexicana, fue presentada a la SCT por el secretario del Trabajo, quien actuaría así como gestor de negocios privados.
El titular del Trabajo cumple en esa función también de otra manera, abogando ante los sindicatos por esa empresa, lo que ha ocasionado la inconformidad de las otras interesadas, TG Group y BMC Financial Investments. Si bien Javier Lozano admite -no podría ser de otra manera- que son las agrupaciones sindicales las que han de resolver si aceptan las condiciones de PC Capital, es llamativa su intimación a que resuelvan ya, escogiendo entre la oferta de esa financiera o la quiebra de Mexicana.
De las tres opciones, la que más castiga el interés de los trabajadores es la escogida por las autoridades que oficiosamente intervienen en el caso y por el administrador y el conciliador, cuyas funciones no incluyen revisar la composición del capital de la empresa que atienden en esta emergencia. PC Capital pretende reducir severamente el personal, pues su propósito es achicar la empresa: de mil 154 pilotos sólo serían recontratados 242, y de mil 724 sobrecargos permanecerían 375, ya que sólo estarían en operación 29 aeronaves. La reducción sería de 65 por ciento.
Si el dilema se planteara exclusivamente en esos términos: la propuesta de PC Capital o la quiebra, los sindicatos acaso optarán por rescatar de lo perdido lo que aparezca. Pero hay otras posibilidades, que además son mejores. Las otras financieras interesadas están dispuestas a un recorte de personal de mucho menor proporción que el de la oferta escogida. BMC Financial Investments se queja de que no ha sido notificada por la SCT de las razones por las cuales se eligió a PC Capital, siendo que se propone tener en vuelo 59 aviones (30 más que los de la opción escogida). Y recontrataría 80 por ciento del personal.
Investido de autoridad aeronáutica, el secretario del Trabajo ha dicho que es inviable la oferta de más aviones y más personal. Un verdadero experto, en cambio, pone en duda la viabilidad del ofrecimiento de PC Capital: con los 150 millones de dólares que aportará, "existe el riesgo de que después de seis meses tenga problemas de flujo de caja", dijo Bart Pattyn, presidente para América Latina de Coface, aseguradora de riesgo empresarial y experto en aviación. (Reforma, 12 de noviembre).
Por si faltaran opacidades en este procedimiento, he aquí una más: las tres empresas interesadas son financieras, que acaso obran por cuenta de terceros pues ellas no se dedican a la aviación. Sólo una persona con experiencia en el ramo aparece en este escenario: PC Capital es representada por Arturo Barahona, que ya fue ejecutivo de Mexicana, bajo Gastón Azcárraga.
Cajón de Sastre
Mientras que los dueños del Grupo México son tratados con lenidad hasta para comparecer ante los tribunales, que se abstienen de sancionarlos por su ausencia, la lucha judicial de Napoleón Gómez Urrutia es interminable. La Suprema Corte dispuso que, al contrario de lo pedido por el dirigente minero, es constitucional la ley con arreglo a la cual solicitó su aprehensión la PGR. Eso no significa que pueda ser capturado. El fallo devuelve el caso a un tribunal colegiado que revisa el amparo concedido a Gómez Urrutia contra esa orden de aprehensión, cuya solicitud es defectuosa según el propio juzgado de garantías, por lo que el juez penal que la expidió debe corregirla y si no es posible, negarla a la PGR, que sólo vence al líder minero en los boletines de prensa, no ante la justicia.
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