Ataque a los derechos laborales

Por Sergio Muñoz Bata


24 de febrero de 2011

Para el Gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el déficit presupuestal de su estado no tiene vuelta de hoja. La culpa es de los sindicatos que defienden los exorbitantes beneficios que reciben los trabajadores estatales. Si los trabajadores del estado, dice Walker, pagaran el doble de lo que actualmente pagan por su seguro de salud; si se aumentara en un 6 por ciento su contribución al fondo de pensiones, se les impusiera un tope a los aumentos salariales y si los trabajadores renunciaran a su derecho a negociar contratos colectivos de trabajo, la salud fiscal del estado mejoraría en un instante. Walker no es el único político estadounidense que ha optado por este tipo de confrontación con los sindicatos. En Ohio, Indiana, Nueva Jersey, Tennessee, Missouri, Michigan y Nueva Hampshire, las legislaturas estatales están elaborando proyectos de ley similares al de Wisconsin, que de convertirse en ley, reducirían considerablemente no sólo los beneficios de los trabajadores sindicalizados, sino el poder económico y político de los sindicatos en toda la nación.

El tema de fondo es complicado porque el desbalance que existe entre los beneficios que reciben los trabajadores del sector público y los del sector privado, es más que evidente en esta época de intensa incertidumbre laboral. Desde hace ya varios años, por ejemplo, las empresas del sector privado han dejado de ofrecer planes de pensiones a sus empleados y a cambio les han ido obligando a enrolarse en riesgosos planes de pensiones sujetos a las veleidades del mercado de valores, mientras que los empleados del sector público siguen gozando de jugosas pensiones financiadas con el dinero de todos los contribuyentes.

También es cierto que dadas las elevadas cifras de desempleo, la mayoría de los empleados del sector privado en Estados Unidos están conscientes de que pueden perder sus trabajos con alarmante facilidad, mientras que quienes trabajan en el sector público, parecen tener asegurados sus contratos de por vida.

Así las cosas, a nadie debería extrañar que el índice de aprobación de los sindicatos haya llegado a su nivel más bajo en el último cuarto de siglo, según revela una encuesta reciente del Pew Center. La mayoría de los estadounidenses piensa que los sindicatos benefician a sus afiliados pero impactan negativamente en la habilidad del país para competir adecuadamente en los mercados internacionales. Y no dudan que si para balancear el presupuesto tuvieran que escoger un entre recortar programas, aumentar impuestos o disminuir las pensiones de los empleados estatales, preferirían esta última opción. No es accidental que la confrontación con los sindicatos en Wisconsin suceda a menos de dos años de la elección presidencial de noviembre de 2012. En la elección presidencial de 2008, Obama ganó el estado con un cómodo margen de 14 puntos. Curiosamente, en los días previos e inmediatamente posteriores a la elección, la venta de armas en el estado se disparó en un 82 por ciento con respecto al año anterior, aparentemente motivada por la incertidumbre que el triunfo de Obama generaba en un sector de la población.

En 2010, sin embargo, los republicanos ganaron la gubernatura, un escaño en el Senado, dos en la Cámara de Representantes y la mayoría en ambas Cámaras de la legislatura estatal, y todo indica que el Partido Republicano ha decidido enfrentar el poder político y económico de los sindicatos abanderando una causa que, según muestra la encuesta del Pew Center, podría tener tracción con los votantes.

También el Presidente Obama parece haber entendido que el horizonte real de la confrontación es político y que Wisconsin es un estado clave para sus aspiraciones electorales. Por eso fue que a finales de enero, apenas terminado su informe sobre el Estado de la Unión, Obama viajó a Manitowoc, Wisconsin para proponer un ejemplo de cómo el país puede "ganar el futuro" si invierte en compañías que cuentan con tecnologías avanzadas para desarrollar proyectos de energía renovable. Y es también por eso que la semana pasada, el Presidente decidió insertarse en el debate presupuestal de Wisconsin y de otros estados que promueven leyes similares para controlar el gasto y le cargan la cuenta a los sindicatos. Lo que está en juego son los millones de dólares con los que los sindicatos contribuyen a las campañas de los candidatos demócratas.

Desde mi perspectiva, lo que los demócratas y sus aliados sindicales deberían hacer es sentarse a la mesa de negociaciones dispuestos a revisar los términos de aquellos beneficios, de pensiones, de seguro médico que evidencian un trato preferencial y ofenden al resto de los trabajadores.

Donde no deben ceder un ápice es en su derecho a negociar sus contratos de forma colectiva. Primero porque es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También porque en 1962, el Presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva otorgando a los sindicatos el derecho a negociar contratos colectivos con el Gobierno federal y, por último, porque sólo presentando un frente unido pueden los trabajadores defenderse adecuadamente frente a los ejércitos de abogados de los gobiernos estatales y de las grandes corporaciones.