Por Macario Schettino
25 de junio de 2013
El dilema del pintor.
Link aquí
martes, 25 de junio de 2013
viernes, 21 de junio de 2013
martes, 18 de junio de 2013
China y México : modelos de producción
Comparativa de dos visiones sobre los modelos de producción entre México y China.
Macario Schettino, en un link
Lorenzo Meyer, en el siguiente artículo
Por sus frutos la conoceréis (a la economía)
6 de junio de 2013
Si en el mundo de lo social hay algo que se puede conocer y juzgar por sus frutos es la economía. Pues bien, viendo a esos frutos con ojos históricos, resulta que los de los últimos treinta años de la economía mexicana han sido más bien pobres e incluso algunos nacieron podridos. Claro, esta afirmación se refiere a la actividad económica en su conjunto y a sus efectos en la sociedad, pues a ciertas organizaciones e individuos concretos les ha ido muy bien. Esos afortunados conforman hoy un grupo muy notorio por lo pequeño; son una auténtica oligarquía.
La evolución de las cifras del producto interno bruto (PIB) mexicano en los últimos 78 años nos dicen que desde 1935 -inicio del cardenismo- hasta 1982 -año en que estalló la crisis terminal de la economía protegida- el promedio anual del crecimiento real del PIB fue de 3.17%; lo que llevó a que en cierto momento se hablara de un "milagro mexicano". En contraste con ese periodo de relativa prosperidad -en el que prevaleció la política de crecer industrializándonos mediante la sustitución de importaciones en un mercado protegido-, el crecimiento promedio anual en el siguiente periodo, el del modelo económico neoliberal y que va de 1983 a la fecha, es de apenas un raquítico 0.58%. Incluso si descontamos los años negros de la transición de un modelo a otro -el sexenio de Miguel de la Madrid-, el promedio anual apenas si sube a 1.69%, es decir, apenas un poco más de la mitad del crecimiento hasta antes de la crisis de 1982. Además, la tendencia de ese indicador no es a mejorar, pues en los dos últimos sexenios -los panistas- el promedio en cuestión fue de únicamente 1.30% (hasta 2000, los datos son de José Luis Calva, el resto de la CEPAL).
La crisis económica que estalló al final del gobierno de José López Portillo tuvo como uno de sus resultados la pérdida de poder dentro del grupo gobernante de los "políticos tradicionales" y el ascenso de los "políticos tecnócratas". Estos últimos aseguraron que la estructura productiva de México no se había reformado a tiempo y que era necesario someterla a una cirugía mayor que implicaba reducir el tamaño de Estado, privatizar al máximo posible, introducir la disciplina fiscal, abrirla a la competencia internacional y dejar morir a los actores económicos ineficientes. Para la mayoría, la cura ha sido dolorosa, ya ha pasado mucho tiempo desde su inicio -¡treinta años!- y la economía sigue sin dar los frutos en la cantidad y la calidad prometidos, en particular en materia de empleo bien remunerado.
PRONÓSTICOS
Algunos insisten en que México requiere más sesiones del tratamiento doloroso. Hace apenas unos meses, The Economist sostenía que ¡por fin! el futuro de la economía mexicana lucía prometedor. Sin embargo, ese semanario británico acaba de revisar su opinión y limó la parte optimista. The Economist, lo mismo que la OCDE y otros ortodoxos del neoliberalismo insisten en que aún se requieren nuevas dosis de lo mismo: que la privatización debe extenderse a lo único significativo que aún queda como propiedad del Estado: el sector energético (25 de mayo). Sin embargo, a estas alturas hay elementos para sospechar que si, tras tres decenios de neoliberalismo, la economía sigue sin mostrar dinamismo, entonces puede ser que el diagnóstico y el tratamiento estén mal, y que es tiempo de cuestionar los supuestos básicos de un modelo que ha enriquecido mucho a muy pocos y mantenido en la pobreza o la mediocridad a los más.
REVISIÓN
En una ponencia presentada la semana pasada en un seminario en El Colegio de México, un miembro de esa institución, José Romero, resumió bien la naturaleza de los frutos del actual modelo económico. Es verdad que las exportaciones han crecido y mucho -9.3% anual entre 1983 y 2011- al punto que ya representan el 36% del PIB (casi el doble de lo que eran cuando se inició el proceso). Además, el elemento principal de esas exportaciones lo constituyen las manufacturas. Sin embargo, tan sorprendente dinamismo exportador tiene como contraparte algo menos positivo: la naturaleza del componente importado en lo que exportamos. Las exportaciones brutas de las maquiladoras representan más del 12% del PIB, pero al restarles el contenido de lo que ellas importan, entonces el porcentaje es de apenas ¡3%! Y las otras exportaciones se comportan de manera similar: una parte mayoritaria de sus insumos no son producidos en México sino fuera.
Cuando el viejo modelo económico estaba a punto de entrar en crisis, en 1980, la exportación de manufacturas era de apenas el 2.6% del PIB. Ahora bien y según Romero, después de treinta años de reformas muy costosas y con una economía supuestamente globalizada, orientada al mercado externo, resulta que su corazón, la exportación neta de manufacturas -el valor de lo exportado menos sus insumos importados-, equivale apenas al 8% del PIB. ¿Es esto realmente un fruto digno del esfuerzo?
Para Romero, que el 63% de las manufacturas exportadas las hagan empresas con capital extranjero, explica en buena medida lo bajo del contenido realmente mexicano de nuestras exportaciones. El empleo en el sector manufacturero es el más productivo y mejor pagado, pero en 2011 ahí sólo se ocupaba al 9% de la fuerza laboral. Y es que la exportación no está realmente conectada con el grueso de la economía, con el mercado interno, sino que se comporta, y esto es lo esencial, como un enclave.
EL MODELO EXITOSO
El México actual depende sobremanera del crecimiento de la economía norteamericana, y hace tiempo que ese crecimiento es débil. En contraste, China crece mucho y en 2012 sobrepasó a Estados Unidos como la mayor potencia en comercio exterior. En realidad, el modelo económico más exitoso en este momento en el mundo es justamente el chino. Y ese no es un modelo neoliberal sino más bien uno de capitalismo de Estado y su dinamismo está basado en la urbanización y en la exportación. El Estado chino, mediante subsidios y créditos baratos, le da un apoyo decisivo a sus empresas estatales, que son las que están ganando el mercado mundial. Para 2020 se calcula que la inversión china en el exterior oscilará entre uno o dos millones de millones de dólares. Desde Estados Unidos, este fenómeno se ve como un "imperialismo blando", exitoso y peligroso (Heriberto Araújo y Juan Pablo Cardenal, "China's economic empire", The New York Times, 1o. de junio).
Y resulta que el México de los años de su "milagro económico" tenía un modelo no enteramente diferente del chino actual, uno donde el Estado tenía un proyecto y a veces jugaba un papel económico más importante que el del mercado. Sin embargo, fue justamente ese modelo, mal manejado al final, el que se desechó en aras del actual.
UNA INTERROGANTE
¿Todo capitalismo de Estado es inevitablemente antidemocrático? Ya sabemos, por experiencia propia y de otros, que el neoliberalismo económico no necesariamente desemboca en un sistema político democrático al que aspiramos. Pero, ¿por fuerza el Estado de un país subdesarrollado que asuma el liderazgo de la transformación económica tiene que ser, como el chino, antidemocrático? Valdría la pena ahondar en esa interrogante y sus implicaciones.
Macario Schettino, en un link
Lorenzo Meyer, en el siguiente artículo
Por sus frutos la conoceréis (a la economía)
6 de junio de 2013
Si en el mundo de lo social hay algo que se puede conocer y juzgar por sus frutos es la economía. Pues bien, viendo a esos frutos con ojos históricos, resulta que los de los últimos treinta años de la economía mexicana han sido más bien pobres e incluso algunos nacieron podridos. Claro, esta afirmación se refiere a la actividad económica en su conjunto y a sus efectos en la sociedad, pues a ciertas organizaciones e individuos concretos les ha ido muy bien. Esos afortunados conforman hoy un grupo muy notorio por lo pequeño; son una auténtica oligarquía.
La evolución de las cifras del producto interno bruto (PIB) mexicano en los últimos 78 años nos dicen que desde 1935 -inicio del cardenismo- hasta 1982 -año en que estalló la crisis terminal de la economía protegida- el promedio anual del crecimiento real del PIB fue de 3.17%; lo que llevó a que en cierto momento se hablara de un "milagro mexicano". En contraste con ese periodo de relativa prosperidad -en el que prevaleció la política de crecer industrializándonos mediante la sustitución de importaciones en un mercado protegido-, el crecimiento promedio anual en el siguiente periodo, el del modelo económico neoliberal y que va de 1983 a la fecha, es de apenas un raquítico 0.58%. Incluso si descontamos los años negros de la transición de un modelo a otro -el sexenio de Miguel de la Madrid-, el promedio anual apenas si sube a 1.69%, es decir, apenas un poco más de la mitad del crecimiento hasta antes de la crisis de 1982. Además, la tendencia de ese indicador no es a mejorar, pues en los dos últimos sexenios -los panistas- el promedio en cuestión fue de únicamente 1.30% (hasta 2000, los datos son de José Luis Calva, el resto de la CEPAL).
La crisis económica que estalló al final del gobierno de José López Portillo tuvo como uno de sus resultados la pérdida de poder dentro del grupo gobernante de los "políticos tradicionales" y el ascenso de los "políticos tecnócratas". Estos últimos aseguraron que la estructura productiva de México no se había reformado a tiempo y que era necesario someterla a una cirugía mayor que implicaba reducir el tamaño de Estado, privatizar al máximo posible, introducir la disciplina fiscal, abrirla a la competencia internacional y dejar morir a los actores económicos ineficientes. Para la mayoría, la cura ha sido dolorosa, ya ha pasado mucho tiempo desde su inicio -¡treinta años!- y la economía sigue sin dar los frutos en la cantidad y la calidad prometidos, en particular en materia de empleo bien remunerado.
PRONÓSTICOS
Algunos insisten en que México requiere más sesiones del tratamiento doloroso. Hace apenas unos meses, The Economist sostenía que ¡por fin! el futuro de la economía mexicana lucía prometedor. Sin embargo, ese semanario británico acaba de revisar su opinión y limó la parte optimista. The Economist, lo mismo que la OCDE y otros ortodoxos del neoliberalismo insisten en que aún se requieren nuevas dosis de lo mismo: que la privatización debe extenderse a lo único significativo que aún queda como propiedad del Estado: el sector energético (25 de mayo). Sin embargo, a estas alturas hay elementos para sospechar que si, tras tres decenios de neoliberalismo, la economía sigue sin mostrar dinamismo, entonces puede ser que el diagnóstico y el tratamiento estén mal, y que es tiempo de cuestionar los supuestos básicos de un modelo que ha enriquecido mucho a muy pocos y mantenido en la pobreza o la mediocridad a los más.
REVISIÓN
En una ponencia presentada la semana pasada en un seminario en El Colegio de México, un miembro de esa institución, José Romero, resumió bien la naturaleza de los frutos del actual modelo económico. Es verdad que las exportaciones han crecido y mucho -9.3% anual entre 1983 y 2011- al punto que ya representan el 36% del PIB (casi el doble de lo que eran cuando se inició el proceso). Además, el elemento principal de esas exportaciones lo constituyen las manufacturas. Sin embargo, tan sorprendente dinamismo exportador tiene como contraparte algo menos positivo: la naturaleza del componente importado en lo que exportamos. Las exportaciones brutas de las maquiladoras representan más del 12% del PIB, pero al restarles el contenido de lo que ellas importan, entonces el porcentaje es de apenas ¡3%! Y las otras exportaciones se comportan de manera similar: una parte mayoritaria de sus insumos no son producidos en México sino fuera.
Cuando el viejo modelo económico estaba a punto de entrar en crisis, en 1980, la exportación de manufacturas era de apenas el 2.6% del PIB. Ahora bien y según Romero, después de treinta años de reformas muy costosas y con una economía supuestamente globalizada, orientada al mercado externo, resulta que su corazón, la exportación neta de manufacturas -el valor de lo exportado menos sus insumos importados-, equivale apenas al 8% del PIB. ¿Es esto realmente un fruto digno del esfuerzo?
Para Romero, que el 63% de las manufacturas exportadas las hagan empresas con capital extranjero, explica en buena medida lo bajo del contenido realmente mexicano de nuestras exportaciones. El empleo en el sector manufacturero es el más productivo y mejor pagado, pero en 2011 ahí sólo se ocupaba al 9% de la fuerza laboral. Y es que la exportación no está realmente conectada con el grueso de la economía, con el mercado interno, sino que se comporta, y esto es lo esencial, como un enclave.
EL MODELO EXITOSO
El México actual depende sobremanera del crecimiento de la economía norteamericana, y hace tiempo que ese crecimiento es débil. En contraste, China crece mucho y en 2012 sobrepasó a Estados Unidos como la mayor potencia en comercio exterior. En realidad, el modelo económico más exitoso en este momento en el mundo es justamente el chino. Y ese no es un modelo neoliberal sino más bien uno de capitalismo de Estado y su dinamismo está basado en la urbanización y en la exportación. El Estado chino, mediante subsidios y créditos baratos, le da un apoyo decisivo a sus empresas estatales, que son las que están ganando el mercado mundial. Para 2020 se calcula que la inversión china en el exterior oscilará entre uno o dos millones de millones de dólares. Desde Estados Unidos, este fenómeno se ve como un "imperialismo blando", exitoso y peligroso (Heriberto Araújo y Juan Pablo Cardenal, "China's economic empire", The New York Times, 1o. de junio).
Y resulta que el México de los años de su "milagro económico" tenía un modelo no enteramente diferente del chino actual, uno donde el Estado tenía un proyecto y a veces jugaba un papel económico más importante que el del mercado. Sin embargo, fue justamente ese modelo, mal manejado al final, el que se desechó en aras del actual.
UNA INTERROGANTE
¿Todo capitalismo de Estado es inevitablemente antidemocrático? Ya sabemos, por experiencia propia y de otros, que el neoliberalismo económico no necesariamente desemboca en un sistema político democrático al que aspiramos. Pero, ¿por fuerza el Estado de un país subdesarrollado que asuma el liderazgo de la transformación económica tiene que ser, como el chino, antidemocrático? Valdría la pena ahondar en esa interrogante y sus implicaciones.
viernes, 31 de mayo de 2013
miércoles, 29 de mayo de 2013
Dedo en la llaga
Por Sergio Sarmiento
29 de mayo de 2013
"Un trabajador más productivo no es el que trabaja más horas, es el que tiene mejores resultados y, en consecuencia, gana más".
Enrique Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han puesto el dedo en la llaga. La razón fundamental de la persistente pobreza de México, cuando otros países avanzan de forma sistemática, es el estancamiento de nuestra productividad. El presidente Peña Nieto señalaba este lunes 27 de mayo que si México hubiera tenido un aumento de la productividad similar al de Corea del sur en las últimas décadas el Producto Interno Bruto de nuestro país sería cuatro veces mayor y la pobreza un 86 por ciento menor.
No sé si la forma de mejorar en este rubro sea instalar un nuevo Comité Nacional de Productividad. Cuando los políticos quieren postergar decisiones importantes es usual que establezcan un comité para estudiar el problema. Esperemos que no sea el caso en esta ocasión.
La larga lista de proyectos productivos importantes cancelados o detenidos por razones políticas es, en realidad, suficiente explicación del rezago de la productividad mexicana.
Imagine usted que no se hubiesen cancelado o detenido proyectos como el aeropuerto de Texcoco, la presa La Parota, el campo de golf de Tepoztlán, el Dragon Mart de Cancún o la mina de Wirikuta. Qué pasaría si en lugar de detener los proyectos de extracción de petróleo crudo de aguas profundas y de gas natural los promoviéramos. Qué desarrollo habríamos gozado si hubiéramos aceptado la inversión privada en refinación y petroquímica básica. Cuánto más habríamos crecido si no tuviéramos detenida la planta de 200 millones de dólares de gas licuado de Grupo Zeta en Manzanillo.
Qué tanto se habría beneficiado el país si unos grupos no estuvieran extorsionando las plantas de generación eólica de Oaxaca. Qué tanto se habría desarrollado la agricultura si en lugar de importar maíz transgénico lo estuviéramos cultivando en México. Cuánto se habría desarrollado el turismo si el gobierno hubiera cumplido con su responsabilidad de derrotar la violencia. Cómo se fortalecerían las exportaciones si invirtiéramos más en las garitas para facilitar el tránsito de los camiones a la Unión Americana. Qué tanto cuesta al país la suspensión de la ampliación del puerto de Veracruz, proyecto indispensable para volver viables las nuevas inversiones de Audi y Volkswagen en Puebla, como consecuencia de un amparo.
Cada vez que encuentro un negocio clausurado o con actividades suspendidas por autoridades locales o federales, hallo en las aceras de enfrente una amplia variedad de comercios informales que violan abiertamente todas las reglas. Las autoridades hostigan y extorsionan a los negocios establecidos, pero nunca se meten con los informales que han privatizado aceras y calles.
Uno, dos o tres proyectos de inversión que se cancelen o no se realicen no le hacen daño al país. Pero cuando se suman decenas o cientos empezamos a entender por qué la economía mexicana no ha crecido y la productividad se ha quedado estancada. En México hay demasiados grupos políticos que tienen no sólo el interés sino la capacidad para detener la inversión productiva. Lo peor de todo es que son los mismos grupos que después organizan manifestaciones para protestar por la pobreza que agobia a nuestro país.
Es positivo que se esté poniendo el dedo en la llaga del mayor problema económico de nuestro país. Esperemos que el Comité Nacional de Productividad no se convierta en un mero foro académico. La verdad, sin embargo, es que la manera más sencilla de liberar el potencial de México es dejar de poner obstáculos a cada proyecto de inversión productiva en nuestro país.
TRABAJADORES
Los mexicanos trabajamos más que nadie en la OCDE: 2,250 horas al año contra 1,776 horas del promedio en la organización. Somos, sin embargo, los que menos ganamos: 9,885 dólares al año contra 34,466 de la OCDE. Esto es consecuencia de la baja productividad de nuestro país.
29 de mayo de 2013
"Un trabajador más productivo no es el que trabaja más horas, es el que tiene mejores resultados y, en consecuencia, gana más".
Enrique Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han puesto el dedo en la llaga. La razón fundamental de la persistente pobreza de México, cuando otros países avanzan de forma sistemática, es el estancamiento de nuestra productividad. El presidente Peña Nieto señalaba este lunes 27 de mayo que si México hubiera tenido un aumento de la productividad similar al de Corea del sur en las últimas décadas el Producto Interno Bruto de nuestro país sería cuatro veces mayor y la pobreza un 86 por ciento menor.
No sé si la forma de mejorar en este rubro sea instalar un nuevo Comité Nacional de Productividad. Cuando los políticos quieren postergar decisiones importantes es usual que establezcan un comité para estudiar el problema. Esperemos que no sea el caso en esta ocasión.
La larga lista de proyectos productivos importantes cancelados o detenidos por razones políticas es, en realidad, suficiente explicación del rezago de la productividad mexicana.
Imagine usted que no se hubiesen cancelado o detenido proyectos como el aeropuerto de Texcoco, la presa La Parota, el campo de golf de Tepoztlán, el Dragon Mart de Cancún o la mina de Wirikuta. Qué pasaría si en lugar de detener los proyectos de extracción de petróleo crudo de aguas profundas y de gas natural los promoviéramos. Qué desarrollo habríamos gozado si hubiéramos aceptado la inversión privada en refinación y petroquímica básica. Cuánto más habríamos crecido si no tuviéramos detenida la planta de 200 millones de dólares de gas licuado de Grupo Zeta en Manzanillo.
Qué tanto se habría beneficiado el país si unos grupos no estuvieran extorsionando las plantas de generación eólica de Oaxaca. Qué tanto se habría desarrollado la agricultura si en lugar de importar maíz transgénico lo estuviéramos cultivando en México. Cuánto se habría desarrollado el turismo si el gobierno hubiera cumplido con su responsabilidad de derrotar la violencia. Cómo se fortalecerían las exportaciones si invirtiéramos más en las garitas para facilitar el tránsito de los camiones a la Unión Americana. Qué tanto cuesta al país la suspensión de la ampliación del puerto de Veracruz, proyecto indispensable para volver viables las nuevas inversiones de Audi y Volkswagen en Puebla, como consecuencia de un amparo.
Cada vez que encuentro un negocio clausurado o con actividades suspendidas por autoridades locales o federales, hallo en las aceras de enfrente una amplia variedad de comercios informales que violan abiertamente todas las reglas. Las autoridades hostigan y extorsionan a los negocios establecidos, pero nunca se meten con los informales que han privatizado aceras y calles.
Uno, dos o tres proyectos de inversión que se cancelen o no se realicen no le hacen daño al país. Pero cuando se suman decenas o cientos empezamos a entender por qué la economía mexicana no ha crecido y la productividad se ha quedado estancada. En México hay demasiados grupos políticos que tienen no sólo el interés sino la capacidad para detener la inversión productiva. Lo peor de todo es que son los mismos grupos que después organizan manifestaciones para protestar por la pobreza que agobia a nuestro país.
Es positivo que se esté poniendo el dedo en la llaga del mayor problema económico de nuestro país. Esperemos que el Comité Nacional de Productividad no se convierta en un mero foro académico. La verdad, sin embargo, es que la manera más sencilla de liberar el potencial de México es dejar de poner obstáculos a cada proyecto de inversión productiva en nuestro país.
TRABAJADORES
Los mexicanos trabajamos más que nadie en la OCDE: 2,250 horas al año contra 1,776 horas del promedio en la organización. Somos, sin embargo, los que menos ganamos: 9,885 dólares al año contra 34,466 de la OCDE. Esto es consecuencia de la baja productividad de nuestro país.
sábado, 11 de mayo de 2013
Tiene ropa alto precio ético
Nueva York, Estados Unidos (6 mayo 2013).- Alguien
puede reciclar la basura, cultivar sus propios alimentos y conducir un
auto de bajas emisiones contaminantes, pero ser socialmente responsable
cuando se trata de la ropa no es tan fácil.
El derrumbe de un edificio en Bangladesh que mató a cientos de trabajadores de una fábrica de ropa hace dos semanas puso bajo los reflectores el hecho de que las personas en países pobres a veces arriesgan sus vidas al trabajar en talleres inseguros que producen las camisetas y ropa interior baratas que consumen los occidentales.
El desastre, que se suma a un incendio en otra fábrica de Bangladesh en la que murieron 112 personas en noviembre, pone de relieve algo igual de turbador para los compradores socialmente responsables: es casi imposible asegurarse de que la ropa que uno compra se manufacturó en talleres con condiciones seguras de trabajo.
Muy pocas compañías venden ropa "hecha éticamente''; es decir, aquella que se confeccionó en fábricas que mantienen condiciones seguras de trabajo. De hecho, la ropa ética representa sólo una pequeña fracción de punto porcentual de los 3 mil millones de dólares que mueve la industria mundial del vestido.
Es aún más difícil dilucidar si la ropa que uno compra está hecha en fábricas seguras si no la compra en tiendas que no promueven sus productos como elaborados éticamente.
Ello porque las grandes cadenas por lo general usan una compleja red de proveedores en países como Bangladesh, que con frecuencia delegan la producción a otras fábricas. Eso significa que los comercios no siempre saben el origen de la ropa cuando se fabrica en el extranjero.
"Para el consumidor, es virtualmente imposible saber si el producto fue elaborado en condiciones seguras'', dijo Craig Johnson, presidente de la consultoría Customer Growth Partners.
"Para las marcas hechas en Estados Unidos, tienes bastante certeza, pero entre más te alejes de Estados Unidos, menos de ella hay''.
La mayoría de las tiendas de ropa mundiales tienen estándares de seguridad en las fábricas que producen sus prendas de vestir. Y las compañías por lo general requieren que contratistas y subcontratistas sigan dichas directrices, pero supervisar su cumplimiento es un proceso costoso y tardado.
Y algunos expertos dicen que las tiendas tienen pocos incentivos para ser más enérgicas porque el público no los presiona a serlo.
America's Research Group, que entrevista a entre 10 mil y 15 mil consumidores a la semana a nombre de las cadenas minoristas, dijo que incluso después de las dos tragedias en Bangladesh, los consumidores están más preocupados por las tallas y el precio de la ropa que en si los obreros que la hicieron recibieron un salario razonable y lo laboran en condiciones seguras.
"No hemos visto reacción del consumidor a las acusaciones de condiciones laborales peligrosas'', dijo C. Britt Beemer, presidente de la firma.
Sin embargo, algunos comercios dicen que, tras los recientes desastres, las cosas están empezando a cambiar. Dicen que más consumidores prestan atención a las etiquetas y en dónde se fabrica la ropa.
Fair Indigo es una tienda por internet que vende ropa y accesorios certificados por Fair Trade U.S.A., una organización sin fines de lucro que audita productos para asegurarse de que los trabajadores que los crean fuera de Estados Unidos reciben un salario digno y trabajan en condiciones seguras.
Rob Behnke, cofundador y presidente de Fair Indigo, dijo que algunos compradores llaman y mencionan las recientes tragedias de Bangladesh.
La compañía, que genera ventas anuales de menos de 10 millones de dólares, tuvo un incremento interanual de 35 por ciento en sus ingresos luego del desastre. Ello es similar al crecimiento de 38 por ciento en ingresos que tuvo en la temporada noviembre-diciembre luego del incendio.
Behnke dijo que las imágenes de algunos de los trabajadores en países como Perú, que publican en su catálogo y su portal de internet, tienen impacto en los compradores.
"Conectamos a los consumidores con los trabajadores textiles a un nivel personal'', dijo. "Estamos mostrando que los trabajadores de la industria son como tú y como yo''.
El derrumbe de un edificio en Bangladesh que mató a cientos de trabajadores de una fábrica de ropa hace dos semanas puso bajo los reflectores el hecho de que las personas en países pobres a veces arriesgan sus vidas al trabajar en talleres inseguros que producen las camisetas y ropa interior baratas que consumen los occidentales.
El desastre, que se suma a un incendio en otra fábrica de Bangladesh en la que murieron 112 personas en noviembre, pone de relieve algo igual de turbador para los compradores socialmente responsables: es casi imposible asegurarse de que la ropa que uno compra se manufacturó en talleres con condiciones seguras de trabajo.
Muy pocas compañías venden ropa "hecha éticamente''; es decir, aquella que se confeccionó en fábricas que mantienen condiciones seguras de trabajo. De hecho, la ropa ética representa sólo una pequeña fracción de punto porcentual de los 3 mil millones de dólares que mueve la industria mundial del vestido.
Es aún más difícil dilucidar si la ropa que uno compra está hecha en fábricas seguras si no la compra en tiendas que no promueven sus productos como elaborados éticamente.
Ello porque las grandes cadenas por lo general usan una compleja red de proveedores en países como Bangladesh, que con frecuencia delegan la producción a otras fábricas. Eso significa que los comercios no siempre saben el origen de la ropa cuando se fabrica en el extranjero.
"Para el consumidor, es virtualmente imposible saber si el producto fue elaborado en condiciones seguras'', dijo Craig Johnson, presidente de la consultoría Customer Growth Partners.
"Para las marcas hechas en Estados Unidos, tienes bastante certeza, pero entre más te alejes de Estados Unidos, menos de ella hay''.
La mayoría de las tiendas de ropa mundiales tienen estándares de seguridad en las fábricas que producen sus prendas de vestir. Y las compañías por lo general requieren que contratistas y subcontratistas sigan dichas directrices, pero supervisar su cumplimiento es un proceso costoso y tardado.
Y algunos expertos dicen que las tiendas tienen pocos incentivos para ser más enérgicas porque el público no los presiona a serlo.
America's Research Group, que entrevista a entre 10 mil y 15 mil consumidores a la semana a nombre de las cadenas minoristas, dijo que incluso después de las dos tragedias en Bangladesh, los consumidores están más preocupados por las tallas y el precio de la ropa que en si los obreros que la hicieron recibieron un salario razonable y lo laboran en condiciones seguras.
"No hemos visto reacción del consumidor a las acusaciones de condiciones laborales peligrosas'', dijo C. Britt Beemer, presidente de la firma.
Sin embargo, algunos comercios dicen que, tras los recientes desastres, las cosas están empezando a cambiar. Dicen que más consumidores prestan atención a las etiquetas y en dónde se fabrica la ropa.
Fair Indigo es una tienda por internet que vende ropa y accesorios certificados por Fair Trade U.S.A., una organización sin fines de lucro que audita productos para asegurarse de que los trabajadores que los crean fuera de Estados Unidos reciben un salario digno y trabajan en condiciones seguras.
Rob Behnke, cofundador y presidente de Fair Indigo, dijo que algunos compradores llaman y mencionan las recientes tragedias de Bangladesh.
La compañía, que genera ventas anuales de menos de 10 millones de dólares, tuvo un incremento interanual de 35 por ciento en sus ingresos luego del desastre. Ello es similar al crecimiento de 38 por ciento en ingresos que tuvo en la temporada noviembre-diciembre luego del incendio.
Behnke dijo que las imágenes de algunos de los trabajadores en países como Perú, que publican en su catálogo y su portal de internet, tienen impacto en los compradores.
"Conectamos a los consumidores con los trabajadores textiles a un nivel personal'', dijo. "Estamos mostrando que los trabajadores de la industria son como tú y como yo''.
martes, 5 de marzo de 2013
¿Ha fracasado la reforma laboral?
Por Ignacio Pérez Infante, Santos M. Ruesga y Fernando Valdés Dal Ré
5 de marzo de 2013
Si nuestros actuales gobernantes se hubieran molestado en hacer explícitos sus objetivos cuando diseñaron la reforma laboral decretada ahora hace un año, entenderíamos mucho mejor lo sucedido en realidad en el último año en la economía española y, más en particular, en su mercado laboral. En documentos gubernamentales posteriores a la reforma se aludía a objetivos distintos del de la creación de empleo, que es el que hacía suyo la Ley 3/2012. Así, el Programa de Estabilidad de 2012 dejaba claro que uno de los fines a conseguir con los cambios en la regulación de las relaciones de trabajo consistía en impulsar un ciclo de moderación de rentas (devaluación interna) bien que solo de salarios.
Así valorada, en función del logro de esos otros objetivos no expresados de modo directo, cabría concluir que la reforma ha sido un “éxito”. En efecto, uno de los corolarios claros de las consecuencias derivadas de la misma ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a lo largo del año 2012 y, más intensamente, la reducción de los costes laborales (que incluye la disminución de los costes de despido), así como de los costes laborales unitarios (por unidad de producción). Y es que dicha reforma, al estilo de las anteriores, vino precedida de un diagnóstico de los problemas del mercado de trabajo español, que atribuye su “ineficiencia” a una pretendida gran rigidez del mismo a causa de la “excesiva regulación” a la que está sometido. Conforme a esta tesis, el desequilibrio —desempleo— de ese mercado provenía, fundamentalmente, de los desajustes internos y rigideces del propio mercado y, en modo alguno, de la estructura del sistema productivo español.
Esta base teórica es la que ha alumbrado las diferentes reformas laborales habidas en las tres últimas décadas, pero de manera destacada la de 2012. Semejante idea incurre en un profundo error de interpretación del mundo de las relaciones económicas, al concebir la competitividad entre las empresas como un problema de costes siendo así que la realidad pone de manifiesto que la mejora de competitividad ha de buscarse, básicamente y de forma duradera, a través del avance en materia de calidad y productividad.
A partir de este marco teórico, bien que dotado de un fuerte contenido ideológico, la reforma pretende actuar del modo siguiente: a) Potenciar la flexibilidad externa de las empresas a través, principalmente, de los mecanismos de salida del empleo (despido); b) aumentar la flexibilidad interna de las empresas, permitiendo una mayor adaptación de las condiciones de trabajo, como la jornada laboral, a los cambios en la situación económica de las empresas; c) reforzar la flexibilidad salarial, sobre todo de los salarios reales, en función de los cambios que se produzcan en la situación del conjunto de la economía o de las empresas; d) disminuir la “generosidad” del sistema de prestaciones por desempleo, limitando las condiciones de acceso y mantenimiento de esas prestaciones, y e) favorecer los ajustes cuantitativos y cualitativos entre la oferta y la demanda de trabajo a través de una mayor participación de los servicios privados de empleo y del incremento de la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores.
Conviene, por tanto, confrontar los objetivos y sus concreciones con los datos registrados en la estadística oficial. En 2012, el empleo ha descendido en 850.000 personas, cifra solo superada en el año 2009 (1.211.000), según la EPA. Y el correspondiente aumento del paro no ha sido tan intenso a causa del importante descenso de la población activa (175.000 personas, inmigrantes que retornan, jóvenes autóctonos que emigran o desanimados que se retiran del mercado laboral). De su lado, los salarios reales se han reducido en más del 2%, en el cómputo anual. La cobertura de las prestaciones por desempleo (porcentaje de desempleados que cobran subsidio sobre el total registrado con experiencia laboral) ha experimentado un descenso de cinco puntos porcentuales. Y ha acontecido un cambio significativo de la mecánica de disminución del empleo: asciende de forma intensa la destrucción de empleo indefinido frente al temporal, con respecto a años precedentes, al tiempo que se erigen en protagonistas las nuevas figuras de despido con indemnización de 20 días por año trabajado y límite de un año frente a los 45 días y límite de 42 meses, modelo mayoritario con anterioridad a la reforma.
En el haber de la reforma podríamos considerar un ligero descenso de la proporción de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) extintivos (despidos) en favor de los que reducen jornada o suspenden temporalmente el contrato, en un contexto de fuerte ascenso del total de ERE y trabajadores afectados por ellos. Algunos otros aspectos (flexibilidad interna, por ejemplo) de los contenidos en la reforma requerirán de algo más de tiempo para que las estadísticas disponibles reflejen lo ocurrido.
Con estos datos, y no obstante lo dicho desde las instancias gubernamentales, no parece que para el país y para la gran mayoría de sus ciudadanos pueda afirmarse, lamentablemente, que esta reforma vaya arrastrando un éxito y, menos aún, si se le califica de triunfal.
Bien podría decirse frente a esta afirmación que las modificaciones introducidas por la reforma requieren, para su enjuiciamiento, de un periodo superior de tiempo; pero en contraste con semejante argumentación exculpatoria, también cabría apreciar que, por la propia naturaleza de estas modificaciones normativas (que afectan a la regulación del mercado laboral), no afectarán ni a corto (ya lo hemos visto) ni a medio o largo plazo a lo esencial de la dinámica de crecimiento del empleo, intrínsecamente vinculada a la marcha de la actividad económica; es decir, del crecimiento del PIB y las alteraciones de su estructura.
La reforma laboral no afecta a ninguno de los factores que inciden en la evolución del PIB y de su estructura, a excepción de los costes laborales. Y en lo que se refiere a los salarios, conviene recordar que el discurso que concluye en la necesidad de la flexibilidad salarial para generar empleo y reducir el paro solo tiene en cuenta la dimensión del salario como coste laboral, sin valorar, o valorándolo de modo marginal, la otra dimensión fundamental del salario como ingreso de los asalariados y, por tanto, determinante fundamental del componente mayoritario de la demanda agregada efectiva; esto es, del consumo privado, por la que el descenso del poder de los salarios se convierte en un factor que retroalimenta el retroceso del PIB y del empleo.
Por lo demás, no es impertinente constatar aquí que, además del limitado éxito económico obtenido y de las muy limitadas expectativas de que se mejore en el futuro, la reforma laboral de 2012 ha llevado a cabo el desmantelamiento de un buen número de derechos sociales, lo que, al deteriorar la arraigada paz social existente en nuestro sistema laboral, está neutralizando incluso el objetivo de mejorar la competitividad y productividad de nuestras empresas. Las estadísticas hasta ahora conocidas sobre el número de huelgas convocadas, de trabajadores participantes y de número de horas de trabajo pérdidas, así lo confirman.
Es a los políticos a quien les toca modificar un diagnóstico que no responde a la realidad y las políticas económicas que de él se derivan. En el contexto político en que nos movemos, de reiteración de viejas recetas manifiestamente ineficaces, “las posibilidades de cambio económico no están limitadas solamente por las realidades del poder político, sino también por la pobreza de sus ideas”, como decía recientemente un destacado académico de Harvard (Dani Rodrik).
5 de marzo de 2013
Si nuestros actuales gobernantes se hubieran molestado en hacer explícitos sus objetivos cuando diseñaron la reforma laboral decretada ahora hace un año, entenderíamos mucho mejor lo sucedido en realidad en el último año en la economía española y, más en particular, en su mercado laboral. En documentos gubernamentales posteriores a la reforma se aludía a objetivos distintos del de la creación de empleo, que es el que hacía suyo la Ley 3/2012. Así, el Programa de Estabilidad de 2012 dejaba claro que uno de los fines a conseguir con los cambios en la regulación de las relaciones de trabajo consistía en impulsar un ciclo de moderación de rentas (devaluación interna) bien que solo de salarios.
Así valorada, en función del logro de esos otros objetivos no expresados de modo directo, cabría concluir que la reforma ha sido un “éxito”. En efecto, uno de los corolarios claros de las consecuencias derivadas de la misma ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a lo largo del año 2012 y, más intensamente, la reducción de los costes laborales (que incluye la disminución de los costes de despido), así como de los costes laborales unitarios (por unidad de producción). Y es que dicha reforma, al estilo de las anteriores, vino precedida de un diagnóstico de los problemas del mercado de trabajo español, que atribuye su “ineficiencia” a una pretendida gran rigidez del mismo a causa de la “excesiva regulación” a la que está sometido. Conforme a esta tesis, el desequilibrio —desempleo— de ese mercado provenía, fundamentalmente, de los desajustes internos y rigideces del propio mercado y, en modo alguno, de la estructura del sistema productivo español.
Esta base teórica es la que ha alumbrado las diferentes reformas laborales habidas en las tres últimas décadas, pero de manera destacada la de 2012. Semejante idea incurre en un profundo error de interpretación del mundo de las relaciones económicas, al concebir la competitividad entre las empresas como un problema de costes siendo así que la realidad pone de manifiesto que la mejora de competitividad ha de buscarse, básicamente y de forma duradera, a través del avance en materia de calidad y productividad.
A partir de este marco teórico, bien que dotado de un fuerte contenido ideológico, la reforma pretende actuar del modo siguiente: a) Potenciar la flexibilidad externa de las empresas a través, principalmente, de los mecanismos de salida del empleo (despido); b) aumentar la flexibilidad interna de las empresas, permitiendo una mayor adaptación de las condiciones de trabajo, como la jornada laboral, a los cambios en la situación económica de las empresas; c) reforzar la flexibilidad salarial, sobre todo de los salarios reales, en función de los cambios que se produzcan en la situación del conjunto de la economía o de las empresas; d) disminuir la “generosidad” del sistema de prestaciones por desempleo, limitando las condiciones de acceso y mantenimiento de esas prestaciones, y e) favorecer los ajustes cuantitativos y cualitativos entre la oferta y la demanda de trabajo a través de una mayor participación de los servicios privados de empleo y del incremento de la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores.
Conviene, por tanto, confrontar los objetivos y sus concreciones con los datos registrados en la estadística oficial. En 2012, el empleo ha descendido en 850.000 personas, cifra solo superada en el año 2009 (1.211.000), según la EPA. Y el correspondiente aumento del paro no ha sido tan intenso a causa del importante descenso de la población activa (175.000 personas, inmigrantes que retornan, jóvenes autóctonos que emigran o desanimados que se retiran del mercado laboral). De su lado, los salarios reales se han reducido en más del 2%, en el cómputo anual. La cobertura de las prestaciones por desempleo (porcentaje de desempleados que cobran subsidio sobre el total registrado con experiencia laboral) ha experimentado un descenso de cinco puntos porcentuales. Y ha acontecido un cambio significativo de la mecánica de disminución del empleo: asciende de forma intensa la destrucción de empleo indefinido frente al temporal, con respecto a años precedentes, al tiempo que se erigen en protagonistas las nuevas figuras de despido con indemnización de 20 días por año trabajado y límite de un año frente a los 45 días y límite de 42 meses, modelo mayoritario con anterioridad a la reforma.
En el haber de la reforma podríamos considerar un ligero descenso de la proporción de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) extintivos (despidos) en favor de los que reducen jornada o suspenden temporalmente el contrato, en un contexto de fuerte ascenso del total de ERE y trabajadores afectados por ellos. Algunos otros aspectos (flexibilidad interna, por ejemplo) de los contenidos en la reforma requerirán de algo más de tiempo para que las estadísticas disponibles reflejen lo ocurrido.
Con estos datos, y no obstante lo dicho desde las instancias gubernamentales, no parece que para el país y para la gran mayoría de sus ciudadanos pueda afirmarse, lamentablemente, que esta reforma vaya arrastrando un éxito y, menos aún, si se le califica de triunfal.
Bien podría decirse frente a esta afirmación que las modificaciones introducidas por la reforma requieren, para su enjuiciamiento, de un periodo superior de tiempo; pero en contraste con semejante argumentación exculpatoria, también cabría apreciar que, por la propia naturaleza de estas modificaciones normativas (que afectan a la regulación del mercado laboral), no afectarán ni a corto (ya lo hemos visto) ni a medio o largo plazo a lo esencial de la dinámica de crecimiento del empleo, intrínsecamente vinculada a la marcha de la actividad económica; es decir, del crecimiento del PIB y las alteraciones de su estructura.
La reforma laboral no afecta a ninguno de los factores que inciden en la evolución del PIB y de su estructura, a excepción de los costes laborales. Y en lo que se refiere a los salarios, conviene recordar que el discurso que concluye en la necesidad de la flexibilidad salarial para generar empleo y reducir el paro solo tiene en cuenta la dimensión del salario como coste laboral, sin valorar, o valorándolo de modo marginal, la otra dimensión fundamental del salario como ingreso de los asalariados y, por tanto, determinante fundamental del componente mayoritario de la demanda agregada efectiva; esto es, del consumo privado, por la que el descenso del poder de los salarios se convierte en un factor que retroalimenta el retroceso del PIB y del empleo.
Por lo demás, no es impertinente constatar aquí que, además del limitado éxito económico obtenido y de las muy limitadas expectativas de que se mejore en el futuro, la reforma laboral de 2012 ha llevado a cabo el desmantelamiento de un buen número de derechos sociales, lo que, al deteriorar la arraigada paz social existente en nuestro sistema laboral, está neutralizando incluso el objetivo de mejorar la competitividad y productividad de nuestras empresas. Las estadísticas hasta ahora conocidas sobre el número de huelgas convocadas, de trabajadores participantes y de número de horas de trabajo pérdidas, así lo confirman.
Es a los políticos a quien les toca modificar un diagnóstico que no responde a la realidad y las políticas económicas que de él se derivan. En el contexto político en que nos movemos, de reiteración de viejas recetas manifiestamente ineficaces, “las posibilidades de cambio económico no están limitadas solamente por las realidades del poder político, sino también por la pobreza de sus ideas”, como decía recientemente un destacado académico de Harvard (Dani Rodrik).
jueves, 28 de febrero de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)