Por José Woldenberg
18 de agosto de 2011
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre de 2011 informa:
- Si la tasa de desocupación en general es de 5.2 por ciento, la de los jóvenes asciende al 8.1.
- Casi dos terceras partes de los jóvenes que se encuentran ocupados ganan menos de tres salarios mínimos.
- Una cuarta parte de los jóvenes labora en la informalidad.
- Entre quienes se desempeñan como asalariados dentro del sector formal menos de la mitad cuenta con contrato escrito.
- Sólo el 14 por ciento de quienes trabajan en el sector formal tiene vacaciones pagadas, aguinaldo y reparto de utilidades.
- El 92 por ciento no se encuentra sindicalizado.
Como bien asientan Margarita Vega y Daniela Rea (Reforma, 12 de agosto de 2011), "el desempleo y los trabajos precarios afectan a muchos mexicanos, pero, en el caso de la juventud, está situación es aún más grave".
El INEGI informa además sobre la situación en el segundo trimestre de 2011:
- En el sector informal laboraron 13 millones 386 mil personas.
- En dicho trimestre el incremento fue de 447 mil individuos.
- Eso quiere decir que el 28.9 por ciento de la población ocupada labora en el sector informal.
- El número de desocupados ascendió a 2.6 millones.
- El 8.3 por ciento de las personas se reportó subocupada, es decir, busca otro empleo puesto que le "sobra" tiempo o/y requiere de un mayor ingreso.
Como señaló Clemente Ruíz Durán -profesor de la UNAM-, "la informalidad funciona como una válvula de escape de la débil economía mexicana, en la que no existe una política para generar empleos de calidad". (Ernesto Sarabia, Reforma, 13 de agosto de 2011).
En síntesis, la economía no crece con suficiencia, no genera los empleos necesarios en el área formal, siguen incrementándose la informalidad y los empleos precarios, y los que más parecen resentirlo son los jóvenes. Esas realidades tienen un marco y tienden a subrayarse por el menoscabo de la fuerza específica del trabajo organizado.
Entre 1941 y 1982 el PIB per cápita anual nunca dejó de crecer por encima o al 3 por ciento (3.3 entre 1941-1946; 3.0 entre 1947 y 1952; 3.2 de 1953 a 1958; 3.4 de 1959-1964; 3.5 de 1965 a 1970, 3.0 de 1971 a 1976 y 3.3 de 1977 a 1982). Mientras de 1982 a 2009 nunca hemos logrado siquiera arribar al 2 por ciento y han existido periodos de decrecimiento (menos 2.1 entre 1983 y 1988; 1.9 entre 1989 y 1994; 1.6 de 1995 a 2000; 1.0 de 2001 a 2006 y menos 2.1 de 2007 a 2009). (Rolando Cordera y Carlos Tello. Prólogo a la nueva edición de México: la disputa por la nación. Siglo XXI. 2010).
La otra cara de esa misma moneda es que de 8 millones de personas que se incorporaron al mercado de trabajo en la primera década del siglo XXI, sólo tres pudieron encontrar empleo formal, 1.5 millones acabaron en la desocupación y el resto en la informalidad, generando un déficit de 5 millones de plazas de trabajo formales (Ciro Murayama, "El empleo en México durante la primera década del siglo XXI", próxima publicación).
Podemos decir, como si fuéramos economistas, que el "marco estructural" que condiciona la incorporación de los jóvenes al trabajo está canijo. Ni la economía ni los empleos crecen como debieran y ello limita las posibilidades de un empleo digno para los jóvenes.
Pero a ello hay que agregar la debilidad cada vez más patente de la organización de los trabajadores y la inercia que los conduce. Franjas cada vez más grandes de asalariados carecen por completo de organización, otros más, están encuadrados en los llamados "sindicatos fantasmas", franquicias que explotan los "líderes" para firmar contratos de protección con las empresas sin el conocimiento ni el consentimiento de los trabajadores, y los sindicatos realmente existentes -democráticos o no- siguen una política más bien defensiva que consiste en proteger lo adquirido, salvaguardar sus prestaciones, velar por los suyos, porque en medio de una economía que ve crecer el empleo precario y la informalidad, una plaza de trabajo estable y las prestaciones que fija la ley se empiezan a convertir en un "privilegio".
Estamos lejos de aquellas organizaciones sindicales que a fines de los años setenta ante la expectativa -luego frustrada- de un crecimiento acelerado, apuntalado en el incremento sucesivo de los precios del petróleo, plantearon políticas alternativas. Hoy el mundo del trabajo aparece empequeñecido, balbuceante, gremialista, tímido, mientras son otros -las organizaciones empresariales- los que han logrado que sus ideas e intereses se vuelvan hegemónicos.
jueves, 18 de agosto de 2011
jueves, 7 de julio de 2011
Elba y la ley
Por Sergio Sarmiento
7 de julio de 2011
"Ser dirigente sindical es uno de los negocios más rentables de México".
Arturo Alcalde
No deben sorprendernos ni el poder ni el dinero de Elba Esther Gordillo. El Congreso de la Unión ha establecido leyes que otorgan una verdadera patente de corso a los dirigentes sindicales. La maestra es una consecuencia de este marco jurídico y no simplemente del azar.
El problema empieza con el artícu- lo 28 de la Constitución que exenta a los sindicatos de la prohibición a los monopolios. Esto ha permitido que los sindicatos se conviertan en verdaderas bandas de extorsión que explotan a empresas y trabajadores. Muchas compañías, de hecho, firman contratos con sindicatos sólo para protegerse de las extorsiones de los demás. Los empresarios han encontrado, además, que la forma más fácil de obtener un trato razonable de los sindicatos es corromper a sus líderes. El enorme poder monopólico de los sindicatos beneficia así a los dirigentes y no a los trabajadores.
En muchas actividades de nuestro país no es posible conseguir un empleo si no es a través del sindicato. Si un trabajador se niega a pertenecer a él, pierde su empleo o nunca puede obtenerlo. La exención de los sindicatos a la prohibición a los monopolios ha hecho legal la esclavitud de muchos trabajadores en nuestro país.
Al amparo de estos monopolios, los líderes sindicales han establecido dictaduras vitalicias. La norma en nuestro país es que los dirigentes se mantengan en el poder durante décadas. Tenemos incluso casos como el del sindicato minero en que el mando se ha traspasado de padre a hijo, de Napoleón Gómez Sada a Napoleón Gómez Urrutia.
Con la excusa de la autonomía sindical, los dirigentes manejan el dinero de los trabajadores como si fuera su patrimonio personal. Los líderes no tienen obligación de rendir cuentas. Por eso tenemos tantos dirigentes ricos... y tantos trabajadores pobres.
No culpo a Felipe Calderón por haber hecho un acuerdo político con Elba Esther para las elecciones presidenciales de 2006. Tampoco a Eruviel Ávila, que hizo lo mismo en el estado de México en este 2011. Ni a Humberto Moreira, quien ha dicho que buscará una alianza con ella para el 2012. La maestra ha demostrado ya ampliamente el poder que tiene para entregar votos a sus aliados. Si no, pregúntele a Roberto Madrazo, quien la tuvo como socia en la elección para la presidencia nacional del PRI en 2002, pero como enemiga en los comicios presidenciales de 2006.
El problema, sin embargo, no es la maestra: ella no hace más que aprovechar los poderes extraordinarios que la ley otorga a los líderes sindicales. Si queremos que éstos dejen de tener el papel que hoy ocupan en nuestro país, debemos empezar por modificar el artículo 28 de la Constitución para eliminar la exención de los sindicatos a la prohibición sobre los monopolios. Todo trabajador debe tener el derecho de decidir si quiere ingresar o no a un sindicato. Los trabajadores deben poder votar incluso que no quieren un sindicato en su empresa.
Por otra parte, el Congreso debe emitir legislación que haga a los sindicatos instituciones de interés púbico y los obligue a contar con procedimientos realmente democráticos para elegir a sus dirigentes. Debe también obligarlos a divulgar públicamente el manejo de sus recursos, que no son de los líderes sino de los trabajadores.
De nada sirve que el enemigo en turno se queje del poder de la maestra Elba Esther. Hay que modificar el marco jurídico que ha dado a los líderes sindicales el enorme poder que éstos tienen.
7 de julio de 2011
"Ser dirigente sindical es uno de los negocios más rentables de México".
Arturo Alcalde
No deben sorprendernos ni el poder ni el dinero de Elba Esther Gordillo. El Congreso de la Unión ha establecido leyes que otorgan una verdadera patente de corso a los dirigentes sindicales. La maestra es una consecuencia de este marco jurídico y no simplemente del azar.
El problema empieza con el artícu- lo 28 de la Constitución que exenta a los sindicatos de la prohibición a los monopolios. Esto ha permitido que los sindicatos se conviertan en verdaderas bandas de extorsión que explotan a empresas y trabajadores. Muchas compañías, de hecho, firman contratos con sindicatos sólo para protegerse de las extorsiones de los demás. Los empresarios han encontrado, además, que la forma más fácil de obtener un trato razonable de los sindicatos es corromper a sus líderes. El enorme poder monopólico de los sindicatos beneficia así a los dirigentes y no a los trabajadores.
En muchas actividades de nuestro país no es posible conseguir un empleo si no es a través del sindicato. Si un trabajador se niega a pertenecer a él, pierde su empleo o nunca puede obtenerlo. La exención de los sindicatos a la prohibición a los monopolios ha hecho legal la esclavitud de muchos trabajadores en nuestro país.
Al amparo de estos monopolios, los líderes sindicales han establecido dictaduras vitalicias. La norma en nuestro país es que los dirigentes se mantengan en el poder durante décadas. Tenemos incluso casos como el del sindicato minero en que el mando se ha traspasado de padre a hijo, de Napoleón Gómez Sada a Napoleón Gómez Urrutia.
Con la excusa de la autonomía sindical, los dirigentes manejan el dinero de los trabajadores como si fuera su patrimonio personal. Los líderes no tienen obligación de rendir cuentas. Por eso tenemos tantos dirigentes ricos... y tantos trabajadores pobres.
No culpo a Felipe Calderón por haber hecho un acuerdo político con Elba Esther para las elecciones presidenciales de 2006. Tampoco a Eruviel Ávila, que hizo lo mismo en el estado de México en este 2011. Ni a Humberto Moreira, quien ha dicho que buscará una alianza con ella para el 2012. La maestra ha demostrado ya ampliamente el poder que tiene para entregar votos a sus aliados. Si no, pregúntele a Roberto Madrazo, quien la tuvo como socia en la elección para la presidencia nacional del PRI en 2002, pero como enemiga en los comicios presidenciales de 2006.
El problema, sin embargo, no es la maestra: ella no hace más que aprovechar los poderes extraordinarios que la ley otorga a los líderes sindicales. Si queremos que éstos dejen de tener el papel que hoy ocupan en nuestro país, debemos empezar por modificar el artículo 28 de la Constitución para eliminar la exención de los sindicatos a la prohibición sobre los monopolios. Todo trabajador debe tener el derecho de decidir si quiere ingresar o no a un sindicato. Los trabajadores deben poder votar incluso que no quieren un sindicato en su empresa.
Por otra parte, el Congreso debe emitir legislación que haga a los sindicatos instituciones de interés púbico y los obligue a contar con procedimientos realmente democráticos para elegir a sus dirigentes. Debe también obligarlos a divulgar públicamente el manejo de sus recursos, que no son de los líderes sino de los trabajadores.
De nada sirve que el enemigo en turno se queje del poder de la maestra Elba Esther. Hay que modificar el marco jurídico que ha dado a los líderes sindicales el enorme poder que éstos tienen.
jueves, 23 de junio de 2011
Toma de nota
Por José Woldenberg
23 de junio de 2011
El punto fue agendado como una "solicitud de modificación de jurisprudencia... respecto de: 'Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo'".
No obstante, la discusión en el pleno de la Corte abrió un tema mayor que tiene que ver con la forma en que un mero trámite administrativo se convirtió en un instrumento político. Me explico (o intento hacerlo).
La toma de nota, en su origen, fue pensada como una fórmula para que la autoridad llevara el registro de sindicatos y sus direcciones, pero con el paso del tiempo se convirtió en un filtro para deshacerse de corrientes políticas "indeseables" para la autoridad y en una patente de corso que dio origen a sindicatos fantasmas y a la venta de contratos de protección.
Ha tenido por lo menos tres derivaciones perversas: A) La entrega de registros a sindicatos inexistentes que antes incluso de que la empresa empiece a funcionar firman con ella contratos colectivos de protección que no conocen los trabajadores. Éstos entran en muchas ocasiones a laborar en el marco de un contrato colectivo vigente, encuadrados en un sindicato que desconocen y con unos líderes que se autoproclamaron como tales. No se requiere demasiada sagacidad para afirmar que se trata de una alteración radical de lo que debe ser un sindicato y la contratación colectiva.
B) La negativa de la toma de nota, y por ello, la presunta inexistencia jurídica de sindicatos realmente existentes. Se trata de organizaciones que viven por voluntad de sus miembros, que se han dotado de estatutos y se han dado una determinada dirección, y que sin embargo, aduciendo diferentes razones, son "bateados" por las autoridades. El ministro Zaldívar colocó sobre la mesa varios casos. Se trata de un dique construido para cerrarle el paso a organizaciones a las que se considera "difíciles", "peligrosas", "inconvenientes", simple y llanamente por guardar una distancia crítica con relación al gobierno o los empresarios.
C) La toma de nota a favor de un determinado comité ejecutivo en contra de otro, cuando se presentan diferencias en el seno de las organizaciones. Esa fórmula arropa a unos y descobija a otros y a lo largo de la historia algunas de esas maniobras fueron conocidas como "charrazos", que erigían al mando de los sindicatos a direcciones sumisas a las autoridades y desplazaban a comités ejecutivos independientes. Tan sencillo que hubiese sido, en términos civilizados, democráticos (claro está), acudir a la fórmula del recuento que se encuentra contemplado en la propia legislación, para dirimir las diferencias, pero se optó -en no pocas ocasiones acompañado de la fuerza pública- por decidir por encima de la voluntad de los trabajadores. (Por ello no entiendo la insistencia de varios ministros en el sentido de que la autoridad no puede convertirse en autoridad electoral. ¿Quién entonces organizará los recuentos que prescribe la ley?).
Ese (creo) es el marco político en el que se desarrolla la muy importante discusión en la Corte. El propio presidente de la misma, el ministro Silva Meza dijo: "La tesis cuya modificación ahora analizamos parecería dar a la toma de nota una connotación de facultad aprobatoria de la elección sindical, pues en términos prácticos la facultad valorativa que ahí se le reconoce a la autoridad, al amparo de velar por el respeto de los Estatutos sindicales se traduce en una suerte de condición suspensiva para la eficacia jurídica de la elección interna de un sindicato, como si la elección no tuviera eficacia hasta que la autoridad administrativa diera por buena la elección ocurrida a través de la toma de nota".
Luego del debate, la modificación a la tesis de jurisprudencia ajustó apenas a la anterior. Dirá ahora algo como lo siguiente: "Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar únicamente si los requisitos formales rigieron el procedimiento y este se apegó a los estatutos y subsidiariamente a la Ley". El ministro ponente, Aguilar Morales, así precisó los alcances de la resolución: "La toma de nota debe limitarse sí a la verificación de los requisitos estatutarios, pero únicamente desde el punto de vista formal, sin hacer el análisis de las cualidades o calidades de lo resuelto en la asamblea, sino simplemente verificar que se haya cumplido con las etapas propuestas y señaladas en los Estatutos; que la autoridad solamente podrá negar el registro sin hacer pronunciamiento sobre la validez de esto, cuando falte alguno de estos requisitos en el Acta".
Por lo pronto, vamos a ver cómo la modificación de la jurisprudencia impactará al siguiente punto de la orden del día de la propia Corte: el amparo promovido por el Sindicato Minero contra la Secretaría del Trabajo.
23 de junio de 2011
El punto fue agendado como una "solicitud de modificación de jurisprudencia... respecto de: 'Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo'".
No obstante, la discusión en el pleno de la Corte abrió un tema mayor que tiene que ver con la forma en que un mero trámite administrativo se convirtió en un instrumento político. Me explico (o intento hacerlo).
La toma de nota, en su origen, fue pensada como una fórmula para que la autoridad llevara el registro de sindicatos y sus direcciones, pero con el paso del tiempo se convirtió en un filtro para deshacerse de corrientes políticas "indeseables" para la autoridad y en una patente de corso que dio origen a sindicatos fantasmas y a la venta de contratos de protección.
Ha tenido por lo menos tres derivaciones perversas: A) La entrega de registros a sindicatos inexistentes que antes incluso de que la empresa empiece a funcionar firman con ella contratos colectivos de protección que no conocen los trabajadores. Éstos entran en muchas ocasiones a laborar en el marco de un contrato colectivo vigente, encuadrados en un sindicato que desconocen y con unos líderes que se autoproclamaron como tales. No se requiere demasiada sagacidad para afirmar que se trata de una alteración radical de lo que debe ser un sindicato y la contratación colectiva.
B) La negativa de la toma de nota, y por ello, la presunta inexistencia jurídica de sindicatos realmente existentes. Se trata de organizaciones que viven por voluntad de sus miembros, que se han dotado de estatutos y se han dado una determinada dirección, y que sin embargo, aduciendo diferentes razones, son "bateados" por las autoridades. El ministro Zaldívar colocó sobre la mesa varios casos. Se trata de un dique construido para cerrarle el paso a organizaciones a las que se considera "difíciles", "peligrosas", "inconvenientes", simple y llanamente por guardar una distancia crítica con relación al gobierno o los empresarios.
C) La toma de nota a favor de un determinado comité ejecutivo en contra de otro, cuando se presentan diferencias en el seno de las organizaciones. Esa fórmula arropa a unos y descobija a otros y a lo largo de la historia algunas de esas maniobras fueron conocidas como "charrazos", que erigían al mando de los sindicatos a direcciones sumisas a las autoridades y desplazaban a comités ejecutivos independientes. Tan sencillo que hubiese sido, en términos civilizados, democráticos (claro está), acudir a la fórmula del recuento que se encuentra contemplado en la propia legislación, para dirimir las diferencias, pero se optó -en no pocas ocasiones acompañado de la fuerza pública- por decidir por encima de la voluntad de los trabajadores. (Por ello no entiendo la insistencia de varios ministros en el sentido de que la autoridad no puede convertirse en autoridad electoral. ¿Quién entonces organizará los recuentos que prescribe la ley?).
Ese (creo) es el marco político en el que se desarrolla la muy importante discusión en la Corte. El propio presidente de la misma, el ministro Silva Meza dijo: "La tesis cuya modificación ahora analizamos parecería dar a la toma de nota una connotación de facultad aprobatoria de la elección sindical, pues en términos prácticos la facultad valorativa que ahí se le reconoce a la autoridad, al amparo de velar por el respeto de los Estatutos sindicales se traduce en una suerte de condición suspensiva para la eficacia jurídica de la elección interna de un sindicato, como si la elección no tuviera eficacia hasta que la autoridad administrativa diera por buena la elección ocurrida a través de la toma de nota".
Luego del debate, la modificación a la tesis de jurisprudencia ajustó apenas a la anterior. Dirá ahora algo como lo siguiente: "Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar únicamente si los requisitos formales rigieron el procedimiento y este se apegó a los estatutos y subsidiariamente a la Ley". El ministro ponente, Aguilar Morales, así precisó los alcances de la resolución: "La toma de nota debe limitarse sí a la verificación de los requisitos estatutarios, pero únicamente desde el punto de vista formal, sin hacer el análisis de las cualidades o calidades de lo resuelto en la asamblea, sino simplemente verificar que se haya cumplido con las etapas propuestas y señaladas en los Estatutos; que la autoridad solamente podrá negar el registro sin hacer pronunciamiento sobre la validez de esto, cuando falte alguno de estos requisitos en el Acta".
Por lo pronto, vamos a ver cómo la modificación de la jurisprudencia impactará al siguiente punto de la orden del día de la propia Corte: el amparo promovido por el Sindicato Minero contra la Secretaría del Trabajo.
miércoles, 22 de junio de 2011
Así no, Europa, con estas políticas, no
Por Ignacio Fernández Toxo (Secretario General de CCOO y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos)
22 de junio de 2011
Hoy y mañana concluirá el debate en el Parlamento Europeo sobre las directivas que concretan el Plan de Gobernanza Económica. La cumbre del Consejo Europeo, un día después, debería cerrar algunos de los temas pendientes del Pacto por el Euro, entre ellos el futuro instrumento para la estabilidad financiera. Mientras, las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, practicadas desde la tristemente célebre reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 -y que han sido consagradas por el Plan y el Pacto- ya han mostrado sobrados signos de fracaso.
Establecidas para hacer frente a la crisis de las deudas soberanas, la inestabilidad financiera continúa cuando al cabo de más de año y medio de los primeros síntomas de la crisis griega, el país heleno parece abocado a la temida reestructuración de su deuda. Al fracaso financiero se une el económico: los Estados más afectados por las prescripciones de la Comisión y el Consejo prolongan su recesión o recaen en ella (Portugal), o no salen del estancamiento (España), mientras ven aumentar el desempleo como consecuencia del desplome de la demanda interna y la falta de financiación para la inversión. El fracaso social está propiciando el incremento de la desigualdad, consecuencia del más extenso ataque a las instituciones básicas del modelo social europeo que hemos conocido desde el fin de la II Guerra Mundial, esta vez directamente propiciado desde las instituciones europeas. El Pacto por el Euro pretende cimentar la competitividad de las economías periféricas -en el fondo solo está pensado para ellas-, en la disminución de los costes laborales y en el debilitamiento de la negociación colectiva, es decir en campos en donde la UE no tiene competencias. Es la antítesis de la apuesta por la economía del conocimiento de la que hablaba la estrategia de Lisboa.
No es sostenible por más tiempo que políticas tan injustas como fracasadas se nos presenten como la única alternativa posible, en contra de muchas voces razonables. Es lamentable que cuando se refuerza la coordinación de las políticas económicas, objetivo que compartimos, se haga para implementar tan malas políticas.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su XII Congreso que se celebró el pasado mes de mayo en Atenas, ha hecho una enmienda a la totalidad al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro,estableciendo al tiempo las grandes líneas de una política alternativa.
El sindicalismo europeo está luchando fuertemente contra estas políticas. A mediados de mayo de 2009, cientos de miles de trabajadores de todos los países de la UE, convocados por la CES, se manifestaban por las calles de Madrid, Berlín, Bruselas y Praga para demandar que las políticas para salir de la crisis tuvieran como objetivo principal la creación de empleo y la protección de los parados y fueran coherentes con el modelo social europeo.
Desde entonces, la CES ha convocado seis jornadas de acción europeas por objetivos similares, a partir de mayo de 2010, ya directamente confrontados con las decisiones de la Comisión y el Consejo europeos. La última se celebró ayer con una euromanifestación en Luxemburgo, que será acompañada de asambleas y manifestaciones en diversos países. En España se celebrarán hoy en Madrid y otras ciudades. Los objetivos de la jornada son expresar el rechazo al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro, al tiempo que se formulan diversas reivindicaciones concretas sobre los mismos.
Al lado de estas acciones de carácter transnacional, se han producido movilizaciones sindicales nacionales, incluidas huelgas generales, en una veintena de países, en las que han participado muchos millones de trabajadores. No se puede decir que el sindicalismo europeo no se haya enfrentado a las políticas de recortes presupuestarios y sociales. Hay que reconocer, tal vez, que todavía no está maduro para utilizar un instrumento acorde con las circunstancias: la huelga general europea.
Las instituciones europeas y la mayor parte de los Gobiernos nacionales, no han escuchado las demandas del movimiento sindical europeo. Por el contrario, han perseverado en unas políticas que además de injustas, en lo social, y erróneas, en lo económico, están erosionando el pegamento básico de la integración europea que es la solidaridad entre naciones en torno a un proyecto compartido.
Hoy ese proyecto está desdibujado y es irreconocible en sus aspectos sociales. El desapego de la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas y el auge del euroescepticismo, de la extrema derecha y del populismo, en muchos países, forman parte de la cosecha que se ha sembrado con tan malas políticas.
La CES ha resistido bien la tentación euroescéptica y populista en su XII Congreso. Frente a unas instituciones europeas que han reforzado la coordinación económica solo para reducir los déficits públicos, en plazos muy cortos, promover recortes de salarios, pensiones y prestaciones sociales y debilitar la negociación colectiva, la reacción del sindicalismo europeo no ha sido oponerse a la "gobernanza económica" o reclamar "menos Europa". Al contrario, se ha pronunciado por "más Europa", también en el campo del gobierno económico. Pero también ha expresado un rotundo: "Así no". No con estas políticas.
Para la CES, más Europa significa que el gobierno económico incluya la armonización fiscal, la promoción del crecimiento económico y del empleo de calidad y las políticas industriales, energéticas, medioambientales, de I+D+i, etcétera.
Más Europa es construir los instrumentos necesarios para cambiar el modelo económico en torno a dos paradigmas: la economía del conocimiento y la economía verde (con una "transición justa"); la productividad y la competitividad saldrán así sólidamente reforzadas.
Más Europa significa afrontar la crisis de las deudas soberanas de forma radicalmente distinta: con eficacia y desde la solidaridad, mediante instrumentos como la emisión de eurobonos y otros más de regulación financiera que hagan que los mercados sean gobernados desde el interés público por los Gobiernos y no al revés, como sucede ahora. La creación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales deberían ser medidas fundamentales de cualquier nueva regulación financiera.
Más Europa significa aumentar los presupuestos de la UE con impuestos y tasas propias. Más Europa significa necesariamente adoptar políticas sociales que preserven y refuercen el modelo social europeo, basado en servicios públicos y prestaciones sociales de calidad.
Lo que parecen no comprender la mayoría de los políticos europeos, que aplican las políticas más conservadoras y neoliberales, como si fueran las únicas posibles, es que deteriorando el pilar social de la UE están minando todo el proyecto político europeo.
Más Europa significa revitalizar un diálogo social europeo, hoy casi moribundo, empezando sobre el modo de hacer frente a los serios problemas fiscales de los Estados con medidas que permitan salir de la crisis.
El sindicalismo europeo también considera necesario, por supuesto, reducir los niveles de deuda y déficit públicos: la diferencia estriba en los plazos, los instrumentos y en el reparto social de las cargas que hay que hacer para lograrlo. Es inaceptable que toda la carga recaiga en los trabajadores y las capas sociales de menor renta. A este inaceptable modo de actuar de los responsables políticos de la UE es al que, desde nuestras propuestas, el sindicalismo europeo dice rotundamente: así no.
22 de junio de 2011
Hoy y mañana concluirá el debate en el Parlamento Europeo sobre las directivas que concretan el Plan de Gobernanza Económica. La cumbre del Consejo Europeo, un día después, debería cerrar algunos de los temas pendientes del Pacto por el Euro, entre ellos el futuro instrumento para la estabilidad financiera. Mientras, las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, practicadas desde la tristemente célebre reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 -y que han sido consagradas por el Plan y el Pacto- ya han mostrado sobrados signos de fracaso.
Establecidas para hacer frente a la crisis de las deudas soberanas, la inestabilidad financiera continúa cuando al cabo de más de año y medio de los primeros síntomas de la crisis griega, el país heleno parece abocado a la temida reestructuración de su deuda. Al fracaso financiero se une el económico: los Estados más afectados por las prescripciones de la Comisión y el Consejo prolongan su recesión o recaen en ella (Portugal), o no salen del estancamiento (España), mientras ven aumentar el desempleo como consecuencia del desplome de la demanda interna y la falta de financiación para la inversión. El fracaso social está propiciando el incremento de la desigualdad, consecuencia del más extenso ataque a las instituciones básicas del modelo social europeo que hemos conocido desde el fin de la II Guerra Mundial, esta vez directamente propiciado desde las instituciones europeas. El Pacto por el Euro pretende cimentar la competitividad de las economías periféricas -en el fondo solo está pensado para ellas-, en la disminución de los costes laborales y en el debilitamiento de la negociación colectiva, es decir en campos en donde la UE no tiene competencias. Es la antítesis de la apuesta por la economía del conocimiento de la que hablaba la estrategia de Lisboa.
No es sostenible por más tiempo que políticas tan injustas como fracasadas se nos presenten como la única alternativa posible, en contra de muchas voces razonables. Es lamentable que cuando se refuerza la coordinación de las políticas económicas, objetivo que compartimos, se haga para implementar tan malas políticas.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su XII Congreso que se celebró el pasado mes de mayo en Atenas, ha hecho una enmienda a la totalidad al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro,estableciendo al tiempo las grandes líneas de una política alternativa.
El sindicalismo europeo está luchando fuertemente contra estas políticas. A mediados de mayo de 2009, cientos de miles de trabajadores de todos los países de la UE, convocados por la CES, se manifestaban por las calles de Madrid, Berlín, Bruselas y Praga para demandar que las políticas para salir de la crisis tuvieran como objetivo principal la creación de empleo y la protección de los parados y fueran coherentes con el modelo social europeo.
Desde entonces, la CES ha convocado seis jornadas de acción europeas por objetivos similares, a partir de mayo de 2010, ya directamente confrontados con las decisiones de la Comisión y el Consejo europeos. La última se celebró ayer con una euromanifestación en Luxemburgo, que será acompañada de asambleas y manifestaciones en diversos países. En España se celebrarán hoy en Madrid y otras ciudades. Los objetivos de la jornada son expresar el rechazo al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro, al tiempo que se formulan diversas reivindicaciones concretas sobre los mismos.
Al lado de estas acciones de carácter transnacional, se han producido movilizaciones sindicales nacionales, incluidas huelgas generales, en una veintena de países, en las que han participado muchos millones de trabajadores. No se puede decir que el sindicalismo europeo no se haya enfrentado a las políticas de recortes presupuestarios y sociales. Hay que reconocer, tal vez, que todavía no está maduro para utilizar un instrumento acorde con las circunstancias: la huelga general europea.
Las instituciones europeas y la mayor parte de los Gobiernos nacionales, no han escuchado las demandas del movimiento sindical europeo. Por el contrario, han perseverado en unas políticas que además de injustas, en lo social, y erróneas, en lo económico, están erosionando el pegamento básico de la integración europea que es la solidaridad entre naciones en torno a un proyecto compartido.
Hoy ese proyecto está desdibujado y es irreconocible en sus aspectos sociales. El desapego de la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas y el auge del euroescepticismo, de la extrema derecha y del populismo, en muchos países, forman parte de la cosecha que se ha sembrado con tan malas políticas.
La CES ha resistido bien la tentación euroescéptica y populista en su XII Congreso. Frente a unas instituciones europeas que han reforzado la coordinación económica solo para reducir los déficits públicos, en plazos muy cortos, promover recortes de salarios, pensiones y prestaciones sociales y debilitar la negociación colectiva, la reacción del sindicalismo europeo no ha sido oponerse a la "gobernanza económica" o reclamar "menos Europa". Al contrario, se ha pronunciado por "más Europa", también en el campo del gobierno económico. Pero también ha expresado un rotundo: "Así no". No con estas políticas.
Para la CES, más Europa significa que el gobierno económico incluya la armonización fiscal, la promoción del crecimiento económico y del empleo de calidad y las políticas industriales, energéticas, medioambientales, de I+D+i, etcétera.
Más Europa es construir los instrumentos necesarios para cambiar el modelo económico en torno a dos paradigmas: la economía del conocimiento y la economía verde (con una "transición justa"); la productividad y la competitividad saldrán así sólidamente reforzadas.
Más Europa significa afrontar la crisis de las deudas soberanas de forma radicalmente distinta: con eficacia y desde la solidaridad, mediante instrumentos como la emisión de eurobonos y otros más de regulación financiera que hagan que los mercados sean gobernados desde el interés público por los Gobiernos y no al revés, como sucede ahora. La creación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales deberían ser medidas fundamentales de cualquier nueva regulación financiera.
Más Europa significa aumentar los presupuestos de la UE con impuestos y tasas propias. Más Europa significa necesariamente adoptar políticas sociales que preserven y refuercen el modelo social europeo, basado en servicios públicos y prestaciones sociales de calidad.
Lo que parecen no comprender la mayoría de los políticos europeos, que aplican las políticas más conservadoras y neoliberales, como si fueran las únicas posibles, es que deteriorando el pilar social de la UE están minando todo el proyecto político europeo.
Más Europa significa revitalizar un diálogo social europeo, hoy casi moribundo, empezando sobre el modo de hacer frente a los serios problemas fiscales de los Estados con medidas que permitan salir de la crisis.
El sindicalismo europeo también considera necesario, por supuesto, reducir los niveles de deuda y déficit públicos: la diferencia estriba en los plazos, los instrumentos y en el reparto social de las cargas que hay que hacer para lograrlo. Es inaceptable que toda la carga recaiga en los trabajadores y las capas sociales de menor renta. A este inaceptable modo de actuar de los responsables políticos de la UE es al que, desde nuestras propuestas, el sindicalismo europeo dice rotundamente: así no.
miércoles, 18 de mayo de 2011
Se inspiran en mexicana para crear ley
La propuesta está basada en el caso de una adolescente mexicana embarazada que murió por cansancio mientras trabajaba en un viñedo en 2008
Notimex
Notimex
California, Estados Unidos (18 mayo 2011).- La legislatura de California envió ayer al Gobernador Jerry Brown una propuesta de ley, ya aprobada por ambas cámaras, para facilitar la afiliación de los campesinos a un sindicato.
La portavoz de la bancada latina, Xochitl Arellano, confirmó que a la iniciativa SB104, del presidente del senado estatal, Darrell Steinberg, sólo le falta la firma del Gobernador.
Steinberg informó que su propuesta se inspiró en María Isabel Vásquez Jiménez, una adolescente mexicana embarazada que murió por cansancio mientras trabajaba en un viñedo del Valle de San Joaquín, en la región central de California, en mayo de 2008.
El senador dijo que si la joven, originaria de Oaxaca, hubiera estado sindicalizada, los capataces no la habrían obligado a trabajar sin descanso y sin agua bajo un temperatura de 33 grados centígrados.
La propuesta, avalada previamente por el senado estatal, fue aprobada por la Cámara baja el lunes en la noche.
La SB104 permite que los campesinos decidan en votación si se afilian o no a un sindicato y deja que, por primera vez en California, la elección se lleve a cabo sin que los capataces vean las boletas.
Steinberg comentó que hasta ahora las elecciones para sindicalización terminan en amenazas y coerciones de capataces y agroindustriales, quienes amenazan con despedir a trabajadores, a sus familiares e incluso con deportar a campesinos si optan por afiliarse a sindicatos.
El sindicato Unión de Trabajadores Agrícolas, que fundó el extinto dirigente César Chávez, cabildeó en favor de la ley en el estado de California.
Por su parte, la Asociación de Agroindustriales del Oeste estadounidense expresó su oposición a la propuesta de Steinberg y comentó en un comunicado que la SB104 "no beneficia a los campesinos, sino a los sindicatos".
La portavoz de la bancada latina, Xochitl Arellano, confirmó que a la iniciativa SB104, del presidente del senado estatal, Darrell Steinberg, sólo le falta la firma del Gobernador.
Steinberg informó que su propuesta se inspiró en María Isabel Vásquez Jiménez, una adolescente mexicana embarazada que murió por cansancio mientras trabajaba en un viñedo del Valle de San Joaquín, en la región central de California, en mayo de 2008.
El senador dijo que si la joven, originaria de Oaxaca, hubiera estado sindicalizada, los capataces no la habrían obligado a trabajar sin descanso y sin agua bajo un temperatura de 33 grados centígrados.
La propuesta, avalada previamente por el senado estatal, fue aprobada por la Cámara baja el lunes en la noche.
La SB104 permite que los campesinos decidan en votación si se afilian o no a un sindicato y deja que, por primera vez en California, la elección se lleve a cabo sin que los capataces vean las boletas.
Steinberg comentó que hasta ahora las elecciones para sindicalización terminan en amenazas y coerciones de capataces y agroindustriales, quienes amenazan con despedir a trabajadores, a sus familiares e incluso con deportar a campesinos si optan por afiliarse a sindicatos.
El sindicato Unión de Trabajadores Agrícolas, que fundó el extinto dirigente César Chávez, cabildeó en favor de la ley en el estado de California.
Por su parte, la Asociación de Agroindustriales del Oeste estadounidense expresó su oposición a la propuesta de Steinberg y comentó en un comunicado que la SB104 "no beneficia a los campesinos, sino a los sindicatos".
jueves, 24 de marzo de 2011
Nociva reforma laboral
Por Miguel Ángel Granados Chapa
24 de marzo de 2011
En tres meses cambió de opinión la bancada priista en San Lázaro y pasó de formular un proyecto de reforma laboral aceptable a uno que responde a los criterios de las cúpulas empresariales y del gobierno
Aun con la oposición de miembros de su fracción en la Cámara de Diputados, y en alianza con el grupo parlamentario panista, el PRI busca sacar adelante, cuanto antes, una reforma laboral elaborada por abogados patronales que obligaron a mudar el parecer de los legisladores del tricolor. Al proceder de esa manera, y a pesar de que se le llena la boca hablando de modernización, el partido que emitió y reformó una ley federal del trabajo, que no dejaba a la simple fuerza del mercado las relaciones laborales, fomentará el capitalismo salvaje en esa materia.
En el sexenio pasado Acción Nacional presentó un proyecto de legislación laboral que no fue apoyado por el PRI no porque sus principios lo impidieran, sino por mera conveniencia coyuntural y debido a las divisiones internas del partido. También se abstuvo de compartir la nueva versión reformadora patrocinada por el secretario Javier Lozano, cuya concepción del mundo del trabajo dista de la posición sostenida por el fallecido Carlos Abascal, algo matizada por su convicción humanista, ausente en la actuación del ex priista que abriga la ilusión de ser candidato del PAN a la Presidencia de la República.
En diciembre pasado, por efecto de alguna negociación cuyos términos no han quedado claros todavía, la fracción priista elaboró su propia propuesta de reforma. Y antes que someterla al conocimiento y estudio de los trabajadores (como corresponde al espíritu de la legislación laboral vigente ocho décadas), la hizo revisar por los abogados de las cámaras patronales y el Consejo Coordinador Empresarial. De esa consulta resultó un adefesio contrario a las mínimas garantías de los asalariados, que con el pretexto de crear empleos flexibiliza al extremo las relaciones laborales, haciendo legales prácticas contrarias a la ley, que ya han precarizado los empleos.
A diferencia del proyecto presentado en diciembre por el mismo grupo priista, el que ahora está a punto de convertirse en norma está suscrito por el coordinador de la fracción tricolor Francisco Rojas, para que se aprecie su fuerza y la voluntad de hacerlo salir adelante. El responsable de procesarlo en San Lázaro es un típico representante del corporativismo sindical, Tereso Medina, que preside la Comisión de Trabajo en la Cámara. En una metamorfosis no extraña al funcionamiento de ese género de sindicalismo, Medina pasó en los años noventa de ser inspector del trabajo y procurador de la defensa de los trabajadores (una función administrativa, dependiente del gobierno de Coahuila) a dirigente de la federación local cetemista, al mismo tiempo que lo es de un sindicato nacional de industria, la metalmecánica.
Presentado el proyecto el 10 de marzo, se intentó dictaminarlo en comisiones a la semana siguiente. Tan apresurada fue esa pretensión que se atropelló la regulación del procedimiento parlamentario (como lo denunció Porfirio Muñoz Ledo) y tuvo que aplazarse la cita a la comisión dictaminadora. Eso ha permitido que se expresen opiniones que van de la preocupación a la indignación, aun dentro de la fracción priista. Habrá que encontrar el significado de la posición que a ese respecto adoptó el dirigente de los trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, pero por lo pronto hay que registrarla. Voluble militante del PRI, que ha sido legislador local y federal adherido a los grupos del Panal y del Partido Verde y hoy ha sido recibido de nuevo en el seno del tricolor, Espino Arévalo es uno de los dirigentes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos -escisión de la federación burocrática priista, la FSTSE-, organizada en 2004 por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
Si la impugnación expresada por el dirigente gordillista refleja la de su líder, es de esperar que se plantee un diferendo protagonizado por la cúpula que rodea a Rojas, y en este caso al diputado Medina, por una parte; y por la otra los adeptos de la dirigente magisterial, que los hay en todas las fracciones. Aun si no es así, diputados pertenecientes al mundo laboral, como Francisco Hernández Juárez se manifiestan contrarios a la reforma. La Unión Nacional de Trabajadores, cuyo líder principal lo es Hernández Juárez, realiza el día de hoy marchas al Palacio Legislativo para apoyar la posición de su dirigente.
Un grupo de entidades civiles, organizaciones de derechos humanos, se ha dirigido a los coordinadores parlamentarios para demandar la cancelación del proyecto de reforma laboral. Lo hacen, por primera vez en la historia, con una perspectiva humanista, en que los derechos de los trabajadores son considerados como derechos humanos. Demandan congruencia entre lo que se legisle y los principios que la Organización Internacional del Trabajo ha convertido en convenios. En especial desearían ver en una reforma laboral, distante de la que se busca aprobar a las carreras, nociones como la del Trabajo Decente, que es fuente de dignidad personal y de paz en la comunidad.
Arturo Alcalde, uno de los propugnadores más tenaces del respeto a los trabajadores, encuentra entre los defectos sobresalientes de la reforma en curso la forma en que regula el subcontratismo (outsourcing) así como "los salarios mínimos caídos limitados a un año, en lugar de modificar el sistema de justicia para que los juicios duren...aproximadamente tres meses" y no se cargue "a los trabajadores una tardanza imputable al Estado". Con ello "se abarata el despido injustificado y se lesiona la integralidad de las instituciones del derecho del trabajo".
24 de marzo de 2011
En tres meses cambió de opinión la bancada priista en San Lázaro y pasó de formular un proyecto de reforma laboral aceptable a uno que responde a los criterios de las cúpulas empresariales y del gobierno
Aun con la oposición de miembros de su fracción en la Cámara de Diputados, y en alianza con el grupo parlamentario panista, el PRI busca sacar adelante, cuanto antes, una reforma laboral elaborada por abogados patronales que obligaron a mudar el parecer de los legisladores del tricolor. Al proceder de esa manera, y a pesar de que se le llena la boca hablando de modernización, el partido que emitió y reformó una ley federal del trabajo, que no dejaba a la simple fuerza del mercado las relaciones laborales, fomentará el capitalismo salvaje en esa materia.
En el sexenio pasado Acción Nacional presentó un proyecto de legislación laboral que no fue apoyado por el PRI no porque sus principios lo impidieran, sino por mera conveniencia coyuntural y debido a las divisiones internas del partido. También se abstuvo de compartir la nueva versión reformadora patrocinada por el secretario Javier Lozano, cuya concepción del mundo del trabajo dista de la posición sostenida por el fallecido Carlos Abascal, algo matizada por su convicción humanista, ausente en la actuación del ex priista que abriga la ilusión de ser candidato del PAN a la Presidencia de la República.
En diciembre pasado, por efecto de alguna negociación cuyos términos no han quedado claros todavía, la fracción priista elaboró su propia propuesta de reforma. Y antes que someterla al conocimiento y estudio de los trabajadores (como corresponde al espíritu de la legislación laboral vigente ocho décadas), la hizo revisar por los abogados de las cámaras patronales y el Consejo Coordinador Empresarial. De esa consulta resultó un adefesio contrario a las mínimas garantías de los asalariados, que con el pretexto de crear empleos flexibiliza al extremo las relaciones laborales, haciendo legales prácticas contrarias a la ley, que ya han precarizado los empleos.
A diferencia del proyecto presentado en diciembre por el mismo grupo priista, el que ahora está a punto de convertirse en norma está suscrito por el coordinador de la fracción tricolor Francisco Rojas, para que se aprecie su fuerza y la voluntad de hacerlo salir adelante. El responsable de procesarlo en San Lázaro es un típico representante del corporativismo sindical, Tereso Medina, que preside la Comisión de Trabajo en la Cámara. En una metamorfosis no extraña al funcionamiento de ese género de sindicalismo, Medina pasó en los años noventa de ser inspector del trabajo y procurador de la defensa de los trabajadores (una función administrativa, dependiente del gobierno de Coahuila) a dirigente de la federación local cetemista, al mismo tiempo que lo es de un sindicato nacional de industria, la metalmecánica.
Presentado el proyecto el 10 de marzo, se intentó dictaminarlo en comisiones a la semana siguiente. Tan apresurada fue esa pretensión que se atropelló la regulación del procedimiento parlamentario (como lo denunció Porfirio Muñoz Ledo) y tuvo que aplazarse la cita a la comisión dictaminadora. Eso ha permitido que se expresen opiniones que van de la preocupación a la indignación, aun dentro de la fracción priista. Habrá que encontrar el significado de la posición que a ese respecto adoptó el dirigente de los trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, pero por lo pronto hay que registrarla. Voluble militante del PRI, que ha sido legislador local y federal adherido a los grupos del Panal y del Partido Verde y hoy ha sido recibido de nuevo en el seno del tricolor, Espino Arévalo es uno de los dirigentes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos -escisión de la federación burocrática priista, la FSTSE-, organizada en 2004 por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
Si la impugnación expresada por el dirigente gordillista refleja la de su líder, es de esperar que se plantee un diferendo protagonizado por la cúpula que rodea a Rojas, y en este caso al diputado Medina, por una parte; y por la otra los adeptos de la dirigente magisterial, que los hay en todas las fracciones. Aun si no es así, diputados pertenecientes al mundo laboral, como Francisco Hernández Juárez se manifiestan contrarios a la reforma. La Unión Nacional de Trabajadores, cuyo líder principal lo es Hernández Juárez, realiza el día de hoy marchas al Palacio Legislativo para apoyar la posición de su dirigente.
Un grupo de entidades civiles, organizaciones de derechos humanos, se ha dirigido a los coordinadores parlamentarios para demandar la cancelación del proyecto de reforma laboral. Lo hacen, por primera vez en la historia, con una perspectiva humanista, en que los derechos de los trabajadores son considerados como derechos humanos. Demandan congruencia entre lo que se legisle y los principios que la Organización Internacional del Trabajo ha convertido en convenios. En especial desearían ver en una reforma laboral, distante de la que se busca aprobar a las carreras, nociones como la del Trabajo Decente, que es fuente de dignidad personal y de paz en la comunidad.
Arturo Alcalde, uno de los propugnadores más tenaces del respeto a los trabajadores, encuentra entre los defectos sobresalientes de la reforma en curso la forma en que regula el subcontratismo (outsourcing) así como "los salarios mínimos caídos limitados a un año, en lugar de modificar el sistema de justicia para que los juicios duren...aproximadamente tres meses" y no se cargue "a los trabajadores una tardanza imputable al Estado". Con ello "se abarata el despido injustificado y se lesiona la integralidad de las instituciones del derecho del trabajo".
sábado, 19 de marzo de 2011
Bloquean ley antisindical en Wisconsin
La decisión de la jueza es un revés para el Gobernador republicano del estado, que firmó la iniciativa la semana pasada
REFORMA / Redacción
Washington DC, Estados Unidos (18 marzo 2011).- Una jueza en Wisconsin emitió una orden de restricción temporal para la entrada en vigor de una nueva y polémica ley que quitaría sus derechos de negociación colectiva a los empleados públicos del estado, informó The Wisconsin State Journal.
La decisión de la jueza Maryann Sumi de detener temporalmente la ley es un revés para el Gobernador republicano Scott Walker, tras una demanda presentada por el fiscal del condado de Dane, Ismael Ozanne.
Ismael Ozanne acusó a los republicanos de violar las leyes de sesión abierta en el Congreso estatal durante la votación, que se realizó sin dar aviso 24 horas antes, requerido por la ley de Wisconsin.
El Gobernador republicano, Scott Walker, firmó la iniciativa la semana pasada y se esperaba que la medida fuera publicada el 25 de marzo, pero la orden de la jueza la frenó por ahora.
La Asamblea estatal votó hace una semana en favor de una ley que golpea a la fuerza sindical del estado, ya que priva a los empleados públicos de la mayor parte de sus derechos de negociación colectiva.
REFORMA / Redacción
Washington DC, Estados Unidos (18 marzo 2011).- Una jueza en Wisconsin emitió una orden de restricción temporal para la entrada en vigor de una nueva y polémica ley que quitaría sus derechos de negociación colectiva a los empleados públicos del estado, informó The Wisconsin State Journal.
La decisión de la jueza Maryann Sumi de detener temporalmente la ley es un revés para el Gobernador republicano Scott Walker, tras una demanda presentada por el fiscal del condado de Dane, Ismael Ozanne.
Ismael Ozanne acusó a los republicanos de violar las leyes de sesión abierta en el Congreso estatal durante la votación, que se realizó sin dar aviso 24 horas antes, requerido por la ley de Wisconsin.
El Gobernador republicano, Scott Walker, firmó la iniciativa la semana pasada y se esperaba que la medida fuera publicada el 25 de marzo, pero la orden de la jueza la frenó por ahora.
La Asamblea estatal votó hace una semana en favor de una ley que golpea a la fuerza sindical del estado, ya que priva a los empleados públicos de la mayor parte de sus derechos de negociación colectiva.
viernes, 4 de marzo de 2011
Ganan reflectores sindicatos
El conflicto inició cuando el Gobernador de Wisconsin propuso quitar a los empleados estatales su derecho a negociar contratos colectivos
AP
AP
Wisconsin, Estados Unidos (4 marzo 2011).- El Gobernador de Wisconsin, Scott Walter, desea quitarles a los servidores públicos del estado casi todos los derechos de negociación colectiva, pero los líderes sindicales creen que, a la larga, podría lograr involuntariamente algo distinto: darle al movimiento sindical de Estados Unidos el impulso que requiere luego de años de declive.
La lucha entre los líderes republicanos en Wisconsin y los sindicatos ha llevado a que los agremiados tengan un nivel de entusiasmo que no habían visto en años, algo que podría desencadenar un resurgimiento en el movimiento trabajador estadounidense, dijo Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la más grande federación sindical de Estados Unidos.
"Nunca habíamos visto la increíble solidaridad que presenciamos en este momento", dijo Trumka a periodistas en la sede de la federación durante la reunión anual de la AFL-CIO.
Un pequeño grupo de gobernadores republicanos, incluyendo a algunos que salieron beneficiados en las elecciones de noviembre por la frustración económica, se han ganado la adulación de los conservadores por enfrentar a los sindicatos del sector público para realizar recortes a los gastos gubernamentales y reducir sus enormes déficit.
Los republicanos que más han atraído la atención a nivel nacional durante las últimas semanas son los gobernadores Walker de Wisconsin y Chris Christie de Nueva Jersey. Ambos podrían incluso opacar a los potenciales candidatos republicanos a la presidencia, pese a que han negado tener planes de desafiar al Presidente Barack Obama en 2012.
El enfrentamiento comenzó el 11 de febrero cuando el Gobernador Walker propuso una ley que le quitaría a los empleados estatales su derecho a negociar contratos colectivos como parte de un plan para reducir el déficit presupuestal calculado en 137 millones de dólares para julio.
Los senadores demócratas, que son minoría en la legislatura, abandonaron el estado y se fueron al vecino Illinois el mismo día en que el Senado debía votar sobre la ley. Su ausencia dejó al Senado sin un voto requerido para tener quorum para una votación.
El proyecto fue aprobado en la Cámara baja la semana pasada y los republicanos han dicho que cuentan con suficientes votos par aprobarlo una vez que los senadores demócratas regresen.
El Gobernador no ha cedido. Los demócratas no planean volver. Y pese a los plazos fijados y las amenazas de despidos, el estado realmente no necesita aprobar un presupuesto para pagar sus cuentas por lo menos hasta mayo.
Ese es el tipo de atención que los sindicatos necesitaban por años mientras los dirigentes han tratado en vano de reactivar la fuerza que la organización laboral tuvo en sus mejores tiempos en las décadas de los 50 y 60.
Autorizan búsqueda de demócratas
El Gobernador de Wisconsin amenazó con emitir miles de notificaciones de despido en las próximas 24 horas si los demócratas en el Senado, que se marcharon a Illinois, no regresan para votar una medida que paralizaría los sindicatos de trabajadores públicos.
Además del Gobernador Scott Walker, otros republicanos intensificaron la presión sobre los demócratas, al autorizar que la Policía busque a los legisladores que se fueron.
Las iniciativas constituyen los pasos más drásticos en el conflicto que se ha extendido durante más de dos semanas, impidiendo que siga adelante el plan de Walker para despojar a los trabajadores del estado de buena parte de sus derechos de negociación colectiva, algo que el Gobernador considera crucial para resolver la crisis presupuestaria de Wisconsin.
La lucha entre los líderes republicanos en Wisconsin y los sindicatos ha llevado a que los agremiados tengan un nivel de entusiasmo que no habían visto en años, algo que podría desencadenar un resurgimiento en el movimiento trabajador estadounidense, dijo Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la más grande federación sindical de Estados Unidos.
"Nunca habíamos visto la increíble solidaridad que presenciamos en este momento", dijo Trumka a periodistas en la sede de la federación durante la reunión anual de la AFL-CIO.
Un pequeño grupo de gobernadores republicanos, incluyendo a algunos que salieron beneficiados en las elecciones de noviembre por la frustración económica, se han ganado la adulación de los conservadores por enfrentar a los sindicatos del sector público para realizar recortes a los gastos gubernamentales y reducir sus enormes déficit.
Los republicanos que más han atraído la atención a nivel nacional durante las últimas semanas son los gobernadores Walker de Wisconsin y Chris Christie de Nueva Jersey. Ambos podrían incluso opacar a los potenciales candidatos republicanos a la presidencia, pese a que han negado tener planes de desafiar al Presidente Barack Obama en 2012.
El enfrentamiento comenzó el 11 de febrero cuando el Gobernador Walker propuso una ley que le quitaría a los empleados estatales su derecho a negociar contratos colectivos como parte de un plan para reducir el déficit presupuestal calculado en 137 millones de dólares para julio.
Los senadores demócratas, que son minoría en la legislatura, abandonaron el estado y se fueron al vecino Illinois el mismo día en que el Senado debía votar sobre la ley. Su ausencia dejó al Senado sin un voto requerido para tener quorum para una votación.
El proyecto fue aprobado en la Cámara baja la semana pasada y los republicanos han dicho que cuentan con suficientes votos par aprobarlo una vez que los senadores demócratas regresen.
El Gobernador no ha cedido. Los demócratas no planean volver. Y pese a los plazos fijados y las amenazas de despidos, el estado realmente no necesita aprobar un presupuesto para pagar sus cuentas por lo menos hasta mayo.
Ese es el tipo de atención que los sindicatos necesitaban por años mientras los dirigentes han tratado en vano de reactivar la fuerza que la organización laboral tuvo en sus mejores tiempos en las décadas de los 50 y 60.
Autorizan búsqueda de demócratas
El Gobernador de Wisconsin amenazó con emitir miles de notificaciones de despido en las próximas 24 horas si los demócratas en el Senado, que se marcharon a Illinois, no regresan para votar una medida que paralizaría los sindicatos de trabajadores públicos.
Además del Gobernador Scott Walker, otros republicanos intensificaron la presión sobre los demócratas, al autorizar que la Policía busque a los legisladores que se fueron.
Las iniciativas constituyen los pasos más drásticos en el conflicto que se ha extendido durante más de dos semanas, impidiendo que siga adelante el plan de Walker para despojar a los trabajadores del estado de buena parte de sus derechos de negociación colectiva, algo que el Gobernador considera crucial para resolver la crisis presupuestaria de Wisconsin.
jueves, 24 de febrero de 2011
Ataque a los derechos laborales
Por Sergio Muñoz Bata
24 de febrero de 2011
Para el Gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el déficit presupuestal de su estado no tiene vuelta de hoja. La culpa es de los sindicatos que defienden los exorbitantes beneficios que reciben los trabajadores estatales. Si los trabajadores del estado, dice Walker, pagaran el doble de lo que actualmente pagan por su seguro de salud; si se aumentara en un 6 por ciento su contribución al fondo de pensiones, se les impusiera un tope a los aumentos salariales y si los trabajadores renunciaran a su derecho a negociar contratos colectivos de trabajo, la salud fiscal del estado mejoraría en un instante. Walker no es el único político estadounidense que ha optado por este tipo de confrontación con los sindicatos. En Ohio, Indiana, Nueva Jersey, Tennessee, Missouri, Michigan y Nueva Hampshire, las legislaturas estatales están elaborando proyectos de ley similares al de Wisconsin, que de convertirse en ley, reducirían considerablemente no sólo los beneficios de los trabajadores sindicalizados, sino el poder económico y político de los sindicatos en toda la nación.
El tema de fondo es complicado porque el desbalance que existe entre los beneficios que reciben los trabajadores del sector público y los del sector privado, es más que evidente en esta época de intensa incertidumbre laboral. Desde hace ya varios años, por ejemplo, las empresas del sector privado han dejado de ofrecer planes de pensiones a sus empleados y a cambio les han ido obligando a enrolarse en riesgosos planes de pensiones sujetos a las veleidades del mercado de valores, mientras que los empleados del sector público siguen gozando de jugosas pensiones financiadas con el dinero de todos los contribuyentes.
También es cierto que dadas las elevadas cifras de desempleo, la mayoría de los empleados del sector privado en Estados Unidos están conscientes de que pueden perder sus trabajos con alarmante facilidad, mientras que quienes trabajan en el sector público, parecen tener asegurados sus contratos de por vida.
Así las cosas, a nadie debería extrañar que el índice de aprobación de los sindicatos haya llegado a su nivel más bajo en el último cuarto de siglo, según revela una encuesta reciente del Pew Center. La mayoría de los estadounidenses piensa que los sindicatos benefician a sus afiliados pero impactan negativamente en la habilidad del país para competir adecuadamente en los mercados internacionales. Y no dudan que si para balancear el presupuesto tuvieran que escoger un entre recortar programas, aumentar impuestos o disminuir las pensiones de los empleados estatales, preferirían esta última opción. No es accidental que la confrontación con los sindicatos en Wisconsin suceda a menos de dos años de la elección presidencial de noviembre de 2012. En la elección presidencial de 2008, Obama ganó el estado con un cómodo margen de 14 puntos. Curiosamente, en los días previos e inmediatamente posteriores a la elección, la venta de armas en el estado se disparó en un 82 por ciento con respecto al año anterior, aparentemente motivada por la incertidumbre que el triunfo de Obama generaba en un sector de la población.
En 2010, sin embargo, los republicanos ganaron la gubernatura, un escaño en el Senado, dos en la Cámara de Representantes y la mayoría en ambas Cámaras de la legislatura estatal, y todo indica que el Partido Republicano ha decidido enfrentar el poder político y económico de los sindicatos abanderando una causa que, según muestra la encuesta del Pew Center, podría tener tracción con los votantes.
También el Presidente Obama parece haber entendido que el horizonte real de la confrontación es político y que Wisconsin es un estado clave para sus aspiraciones electorales. Por eso fue que a finales de enero, apenas terminado su informe sobre el Estado de la Unión, Obama viajó a Manitowoc, Wisconsin para proponer un ejemplo de cómo el país puede "ganar el futuro" si invierte en compañías que cuentan con tecnologías avanzadas para desarrollar proyectos de energía renovable. Y es también por eso que la semana pasada, el Presidente decidió insertarse en el debate presupuestal de Wisconsin y de otros estados que promueven leyes similares para controlar el gasto y le cargan la cuenta a los sindicatos. Lo que está en juego son los millones de dólares con los que los sindicatos contribuyen a las campañas de los candidatos demócratas.
Desde mi perspectiva, lo que los demócratas y sus aliados sindicales deberían hacer es sentarse a la mesa de negociaciones dispuestos a revisar los términos de aquellos beneficios, de pensiones, de seguro médico que evidencian un trato preferencial y ofenden al resto de los trabajadores.
Donde no deben ceder un ápice es en su derecho a negociar sus contratos de forma colectiva. Primero porque es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También porque en 1962, el Presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva otorgando a los sindicatos el derecho a negociar contratos colectivos con el Gobierno federal y, por último, porque sólo presentando un frente unido pueden los trabajadores defenderse adecuadamente frente a los ejércitos de abogados de los gobiernos estatales y de las grandes corporaciones.
24 de febrero de 2011
Para el Gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el déficit presupuestal de su estado no tiene vuelta de hoja. La culpa es de los sindicatos que defienden los exorbitantes beneficios que reciben los trabajadores estatales. Si los trabajadores del estado, dice Walker, pagaran el doble de lo que actualmente pagan por su seguro de salud; si se aumentara en un 6 por ciento su contribución al fondo de pensiones, se les impusiera un tope a los aumentos salariales y si los trabajadores renunciaran a su derecho a negociar contratos colectivos de trabajo, la salud fiscal del estado mejoraría en un instante. Walker no es el único político estadounidense que ha optado por este tipo de confrontación con los sindicatos. En Ohio, Indiana, Nueva Jersey, Tennessee, Missouri, Michigan y Nueva Hampshire, las legislaturas estatales están elaborando proyectos de ley similares al de Wisconsin, que de convertirse en ley, reducirían considerablemente no sólo los beneficios de los trabajadores sindicalizados, sino el poder económico y político de los sindicatos en toda la nación.
El tema de fondo es complicado porque el desbalance que existe entre los beneficios que reciben los trabajadores del sector público y los del sector privado, es más que evidente en esta época de intensa incertidumbre laboral. Desde hace ya varios años, por ejemplo, las empresas del sector privado han dejado de ofrecer planes de pensiones a sus empleados y a cambio les han ido obligando a enrolarse en riesgosos planes de pensiones sujetos a las veleidades del mercado de valores, mientras que los empleados del sector público siguen gozando de jugosas pensiones financiadas con el dinero de todos los contribuyentes.
También es cierto que dadas las elevadas cifras de desempleo, la mayoría de los empleados del sector privado en Estados Unidos están conscientes de que pueden perder sus trabajos con alarmante facilidad, mientras que quienes trabajan en el sector público, parecen tener asegurados sus contratos de por vida.
Así las cosas, a nadie debería extrañar que el índice de aprobación de los sindicatos haya llegado a su nivel más bajo en el último cuarto de siglo, según revela una encuesta reciente del Pew Center. La mayoría de los estadounidenses piensa que los sindicatos benefician a sus afiliados pero impactan negativamente en la habilidad del país para competir adecuadamente en los mercados internacionales. Y no dudan que si para balancear el presupuesto tuvieran que escoger un entre recortar programas, aumentar impuestos o disminuir las pensiones de los empleados estatales, preferirían esta última opción. No es accidental que la confrontación con los sindicatos en Wisconsin suceda a menos de dos años de la elección presidencial de noviembre de 2012. En la elección presidencial de 2008, Obama ganó el estado con un cómodo margen de 14 puntos. Curiosamente, en los días previos e inmediatamente posteriores a la elección, la venta de armas en el estado se disparó en un 82 por ciento con respecto al año anterior, aparentemente motivada por la incertidumbre que el triunfo de Obama generaba en un sector de la población.
En 2010, sin embargo, los republicanos ganaron la gubernatura, un escaño en el Senado, dos en la Cámara de Representantes y la mayoría en ambas Cámaras de la legislatura estatal, y todo indica que el Partido Republicano ha decidido enfrentar el poder político y económico de los sindicatos abanderando una causa que, según muestra la encuesta del Pew Center, podría tener tracción con los votantes.
También el Presidente Obama parece haber entendido que el horizonte real de la confrontación es político y que Wisconsin es un estado clave para sus aspiraciones electorales. Por eso fue que a finales de enero, apenas terminado su informe sobre el Estado de la Unión, Obama viajó a Manitowoc, Wisconsin para proponer un ejemplo de cómo el país puede "ganar el futuro" si invierte en compañías que cuentan con tecnologías avanzadas para desarrollar proyectos de energía renovable. Y es también por eso que la semana pasada, el Presidente decidió insertarse en el debate presupuestal de Wisconsin y de otros estados que promueven leyes similares para controlar el gasto y le cargan la cuenta a los sindicatos. Lo que está en juego son los millones de dólares con los que los sindicatos contribuyen a las campañas de los candidatos demócratas.
Desde mi perspectiva, lo que los demócratas y sus aliados sindicales deberían hacer es sentarse a la mesa de negociaciones dispuestos a revisar los términos de aquellos beneficios, de pensiones, de seguro médico que evidencian un trato preferencial y ofenden al resto de los trabajadores.
Donde no deben ceder un ápice es en su derecho a negociar sus contratos de forma colectiva. Primero porque es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También porque en 1962, el Presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva otorgando a los sindicatos el derecho a negociar contratos colectivos con el Gobierno federal y, por último, porque sólo presentando un frente unido pueden los trabajadores defenderse adecuadamente frente a los ejércitos de abogados de los gobiernos estatales y de las grandes corporaciones.
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