Por Sergio Muñoz Bata
14 de junio de 2012
En esta época de austeridad
económica los votantes estadounidenses arremeten contra el poder
político del sindicalismo de Wisconsin a California limitando los
beneficios y las pensiones de los trabajadores del sector público.
El sindicalismo estadounidense recibe tres duros golpes en las
elecciones primarias de junio. En el estado de Wisconsin, los sindicatos
fracasaron en su intento por destituir al Gobernador del estado, Scott
Walker quien el año pasado promovió y promulgó como ley un conjunto de
reformas que limitan la negociación colectiva de contratos y afectan
directamente el sistema de pensiones de los trabajadores del sector
público sindicalizados: maestros, policías, bomberos y burócratas. En
San Diego y San José California, los ciudadanos también votaron para
fijarle límites al sistema de pensiones de los trabajadores del sector
público.
De los tres casos, el de Wisconsin es sin duda el más relevante por el
alcance de las reformas que hace apenas un año convirtió en ley el
Gobernador Walker con el apoyo de la legislatura local y ahora, de la
mayoría del electorado. Según Walker las reformas eran necesarias para
empezar a reducir de forma permanente los enormes déficits
presupuestarios que enfrenta el estado. Se calcula que este año el
déficit estatal será de 3.6 miles de millones de dólares, déficit que a
juicio de Walker se debe principalmente al gasto fijo en las pensiones
de los trabajadores públicos. Hoy, en Estados Unidos solo el 7 por
ciento de quienes trabajan en el sector privado son miembros de un
sindicato mientras que el 37 por ciento de quienes trabajan en el sector
público están sindicalizados. En Wisconsin, la proporción es semejante.
Pero para entender la verdadera dimensión del golpe al sindicalismo
habría que considerar que la ley de Wisconsin prohíbe a los gobiernos
condales, municipales y a los distritos escolares retener las cuotas de
los trabajadores para dárselas a los sindicatos. Se calcula que un
trabajador sindicalizado paga una cuota anual de aproximadamente $500 y
que una gran parte de este dinero se utiliza para financiar campañas
políticas.
La ley también dispone que los trabajadores deberán votar anualmente
para determinar si quieren continuar siendo representados por el
sindicato; prohíbe que los sindicatos participen en la negociación de
pensiones, beneficios o condiciones laborales; limita los aumentos a los
salarios al tope marcado por el índice de inflación y elimina la
posibilidad de negociar la figura del puesto irrevocable (tenured) de
los maestros. Y si en Wisconsin hablamos de revocar reivindicaciones
sindicales que tomaron años de lucha, lo mismo se puede decir de los
resultados de la votación en San Diego y San José, California donde los
votantes aprobaron proposiciones que también reforman y limitan los
programas de pensiones de los mismos trabajadores del sector público en
esas ciudades.
En términos generales lo que las tres derrotas al sindicalismo muestran
es que en la apretada situación económica que vivimos los ciudadanos
resienten que los trabajadores del sector público disfruten de generosas
pensiones y beneficios con el dinero de los contribuyentes. Y si bien
es cierto que parte del problema, según reflejan los resultados de una
encuesta del Pew Center de 2011, es que los sindicatos no se han
preocupado por mejorar su imagen ante la ciudadanía y sólo un 45 por
ciento de los estadounidenses ve a los sindicatos con simpatía, la
realidad es que el problema es mucho más complejo. Un dato demoledor es
que en Wisconsin mismo, las encuestas a boca de urna mostraron que un 38
por ciento de los votantes que apoyaron al Gobernador Walker son
miembros de carnet de algún sindicato.
Como suele suceder en estos casos, lo sucedido en Wisconsin ha tenido
muchas lecturas. Algunos analistas estiman que la elección mostró que la
mayoría de los votantes está en contra de la idea de destituir a un
Gobernador electo. Otros atribuyen el resultado a que el Gobernador y
sus aliados en toda la nación gastaron más del triple de lo que gastaron
los sindicatos, y critican la decisión de la Suprema Corte de Justicia
que permitió que las corporaciones, al igual que los sindicatos, puedan
gastar los que quieran a favor de sus candidatos o causas.
Yo soy un convencido de la idea de que por regla general los sindicatos
no solo benefician a los trabajadores porque les protegen del posible
abuso de los dueños de los negocios sino que en muchos casos son
indispensables. Eso no significa que concuerde con algunas prácticas
excesivas de muchos sindicatos que a veces rondan en el terreno de la
delincuencia y frecuentemente cometen abusos. Mucho menores por supuesto
que los que cometen los banqueros, inversionistas, abogados,
empresarios o políticos pero abusos al fin. Y aunque no creo que las
pensiones de los trabajadores sean la causa principal de los
desequilibrios presupuestales, y sí las reducciones de impuestos y la
ineficiencia y corrupción de las autoridades, sí creo que en épocas de
austeridad económica como esta que hoy vivimos, la generosidad de dichas
pensiones puede ser vista como injusta. Sobre todo cuando se les
compara con las miserables pensiones de los trabajadores que se retiran
del sector privado. Y es en este sentido que espero que el sindicalismo
entienda que en la política la percepción es realidad y tome estas tres
derrotas como lecciones para replantear el alcance de los beneficios que
ofrece a su membresía en términos más acordes con la realidad del resto
de los trabajadores.
