Por Ezra Shabot
30 de abril de 2012
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lunes, 30 de abril de 2012
martes, 27 de marzo de 2012
viernes, 24 de febrero de 2012
El supuesto declive de las clases bajas
Por Paul Krugman
24 de febrero de 2012
David Frum, quien verdaderamente podría ser el último conservador sincero, publicaba recientemente una excelente repulsa en The Daily Beast. Frum escribía: "Para entender lo que hace Murray en Coming Apart, imaginemos esta analogía: un sociólogo visita un pueblo de la costa del Golfo. Se fija en que todas las casas que están cerca del agua han sido demolidas y reducidas a escombros. Sus exocupantes viven ahora en tiendas de campaña y remolques. El sociólogo redacta un informe:
'Las pruebas demuestran fehacientemente que vivir en casas es mejor para los niños y para las familias que vivir en tiendas de campaña y remolques. La gente de la zona ribereña somete irresponsablemente a sus hijos a unas condiciones inaceptables’.
"Cuando publica el informe, alguien le indica: 'Sabe usted, hace una semana hubo un huracán aquí'. El sociólogo quita importancia a la crítica y responde: 'Estoy escribiendo sobre la vivienda, no sobre el clima".
Y Alec MacGillis, analista de The New Republic, señalaba en una publicación en Internet el 6 de febrero que el propio Murray se crió en un pueblo fabril donde Maytag proporcionaba buenos trabajos a los obreros hasta que cerró la planta y trasladó sus operaciones a México.
"A juicio de Murray", escribía MacGillis, "la clase obrera se ha visto menos afectada por los cambios económicos que han hecho que a sus miembros – especialmente los hombres – les resulte difícil ganarse bien la vida que por el lamentable declive de la dedicación y de los valores sociales que las agitaciones de la década de 1960 han provocado".
MacGillis proseguía: "Por tanto, la pregunta para Murray y los que están usando sus teorías para explicar la desigualdad se puede plantear muy concisamente: ¿de verdad que la comunidad en la que disfrutó su infancia en Newton (Iowa) desapareció porque sus vecinos de clase obrera perdieron misteriosamente su iniciativa? A lo mejor fue algo más sencillo".
Desde un punto de vista analítico, este parece un momento muy raro para centrarse en el supuesto declive moral de las clases bajas. En la década de 1960, era al menos un tanto razonable preguntarse por qué aumentaban los males sociales pese a que la próspera economía generaba ganancias ampliamente compartidas (aunque, como señalaba el sociólogo William Julius Wilson en su libro When Work Disappears: The World of the New Urban Poor [Cuando el trabajo desaparece: el mundo del nuevo pobre de ciudad], los puestos de trabajo estaban desapareciendo en las ciudades del interior, y esto ayudaba a explicar el aumento de los problemas sociales entre los que estaban atrapados en esas ciudades del interior).
Pero ahora tenemos una economía que ha dejado atrás a los trabajadores manuales: ¿por qué invocar los valores sociales para explicar su precaria situación?
Y en la medida en que el deterioro social es una realidad entre, digamos, el tercio con las rentas más bajas entre los blancos, ¿no dice esto que Wilson estaba en lo cierto, que la falta de oportunidades económicas es lo que provoca la agitación social?
Naturalmente, el repentino alboroto acerca de los valores tiene mucho sentido desde un punto de vista político, para distraernos del tema del aumento de los ingresos en lo más alto de la escala.
Una forma rara de desplome social
Al leer el libro de Murray y todos los comentarios sobre los orígenes del hundimiento moral entre los blancos de la clase obrera, no para de incordiarme una pregunta: ¿realmente está todo así de mal?
Lo que quiero decir es que, sí, la tasa de matrimonios ha caído en picado y la participación en la fuerza laboral ha descendido entre los hombres en edad de trabajar (aunque no tanto como insinúa parte de la retórica), pero la consecuencia que por lo general se extrae de esto es que estas tendencias deben estar provocando males sociales enormes. ¿Lo están?
Bueno, algo que curiosamente brilla por su ausencia en la obra de Murray es cualquier mención del indicador tradicional de desintegración social: el embarazo en adolescentes. ¿Por qué? Porque de hecho ha estado cayendo como una losa, según datos del sistema nacional de Estadísticas Vitales.
¿Y qué hay de la delincuencia? Está por las nubes, ¿no es cierto? Falso, según datos del Departamento de Justicia.
Así que esto es lo que yo pienso: es posible que los valores sociales tradicionales se estén deteriorando entre la clase trabajadora blanca, pero a lo mejor esos valores sociales tradicionales no son tan esenciales para una buena sociedad como les gusta suponer a los conservadores.
24 de febrero de 2012
Parece que de lo único que habla la derecha intelectual (o pseudointelectual) es del libro de Charles Murray Coming Apart: The State of White America
[Desmoronamiento: la situación del Estados Unidos Blanco], que afirma
que el problema con los trabajadores manuales blancos es... la pérdida
de los valores familiares.
David Frum, quien verdaderamente podría ser el último conservador sincero, publicaba recientemente una excelente repulsa en The Daily Beast. Frum escribía: "Para entender lo que hace Murray en Coming Apart, imaginemos esta analogía: un sociólogo visita un pueblo de la costa del Golfo. Se fija en que todas las casas que están cerca del agua han sido demolidas y reducidas a escombros. Sus exocupantes viven ahora en tiendas de campaña y remolques. El sociólogo redacta un informe:
'Las pruebas demuestran fehacientemente que vivir en casas es mejor para los niños y para las familias que vivir en tiendas de campaña y remolques. La gente de la zona ribereña somete irresponsablemente a sus hijos a unas condiciones inaceptables’.
"Cuando publica el informe, alguien le indica: 'Sabe usted, hace una semana hubo un huracán aquí'. El sociólogo quita importancia a la crítica y responde: 'Estoy escribiendo sobre la vivienda, no sobre el clima".
Y Alec MacGillis, analista de The New Republic, señalaba en una publicación en Internet el 6 de febrero que el propio Murray se crió en un pueblo fabril donde Maytag proporcionaba buenos trabajos a los obreros hasta que cerró la planta y trasladó sus operaciones a México.
"A juicio de Murray", escribía MacGillis, "la clase obrera se ha visto menos afectada por los cambios económicos que han hecho que a sus miembros – especialmente los hombres – les resulte difícil ganarse bien la vida que por el lamentable declive de la dedicación y de los valores sociales que las agitaciones de la década de 1960 han provocado".
MacGillis proseguía: "Por tanto, la pregunta para Murray y los que están usando sus teorías para explicar la desigualdad se puede plantear muy concisamente: ¿de verdad que la comunidad en la que disfrutó su infancia en Newton (Iowa) desapareció porque sus vecinos de clase obrera perdieron misteriosamente su iniciativa? A lo mejor fue algo más sencillo".
Desde un punto de vista analítico, este parece un momento muy raro para centrarse en el supuesto declive moral de las clases bajas. En la década de 1960, era al menos un tanto razonable preguntarse por qué aumentaban los males sociales pese a que la próspera economía generaba ganancias ampliamente compartidas (aunque, como señalaba el sociólogo William Julius Wilson en su libro When Work Disappears: The World of the New Urban Poor [Cuando el trabajo desaparece: el mundo del nuevo pobre de ciudad], los puestos de trabajo estaban desapareciendo en las ciudades del interior, y esto ayudaba a explicar el aumento de los problemas sociales entre los que estaban atrapados en esas ciudades del interior).
Pero ahora tenemos una economía que ha dejado atrás a los trabajadores manuales: ¿por qué invocar los valores sociales para explicar su precaria situación?
Y en la medida en que el deterioro social es una realidad entre, digamos, el tercio con las rentas más bajas entre los blancos, ¿no dice esto que Wilson estaba en lo cierto, que la falta de oportunidades económicas es lo que provoca la agitación social?
Naturalmente, el repentino alboroto acerca de los valores tiene mucho sentido desde un punto de vista político, para distraernos del tema del aumento de los ingresos en lo más alto de la escala.
Una forma rara de desplome social
Al leer el libro de Murray y todos los comentarios sobre los orígenes del hundimiento moral entre los blancos de la clase obrera, no para de incordiarme una pregunta: ¿realmente está todo así de mal?
Lo que quiero decir es que, sí, la tasa de matrimonios ha caído en picado y la participación en la fuerza laboral ha descendido entre los hombres en edad de trabajar (aunque no tanto como insinúa parte de la retórica), pero la consecuencia que por lo general se extrae de esto es que estas tendencias deben estar provocando males sociales enormes. ¿Lo están?
Bueno, algo que curiosamente brilla por su ausencia en la obra de Murray es cualquier mención del indicador tradicional de desintegración social: el embarazo en adolescentes. ¿Por qué? Porque de hecho ha estado cayendo como una losa, según datos del sistema nacional de Estadísticas Vitales.
¿Y qué hay de la delincuencia? Está por las nubes, ¿no es cierto? Falso, según datos del Departamento de Justicia.
Así que esto es lo que yo pienso: es posible que los valores sociales tradicionales se estén deteriorando entre la clase trabajadora blanca, pero a lo mejor esos valores sociales tradicionales no son tan esenciales para una buena sociedad como les gusta suponer a los conservadores.
jueves, 23 de febrero de 2012
Falla Corte de EU a favor de jornaleros
El fallo influye ahora a por lo menos una docena de ciudades de California, uno de los estados que más migrantes hispanos recibe
NTX
NTX
San Diego, Estados Unidos (22 febrero 2012).- La
Suprema Corte de Estados Unidos refrendó este miércoles que los
jornaleros latinos tienen derecho a ofrecer sus servicios en la vía
pública como ejercicio constitucional de su libertad de expresión.
La decisión del tribunal supremo estadounidense reafirma a una corte federal que rechazó una ordenanza de la ciudad de Redondo Beach, en el condado de Orange, en California, que prohibía a los jornaleros ofrecer servicios en la vía pública.
El caso de Redondo Beach influye ahora a por lo menos una docena de ciudades de California que prohibían a los jornaleros buscar trabajo entre potenciales clientes en las calles.
Las ciudades del condado de Orange con ordenanzas similares buscaban detener a los trabajadores que ofrecieran servicios en las calles para, al ficharlos, entregarlos a autoridades de migración para su deportación en caso de que fueran indocumentados.
La decisión de la Suprema Corte se presenta a tres días de haber iniciado en Los Ángeles la Asamblea Nacional de Jornaleros, que reunirá esta semana a por lo menos 41 delegaciones nacionales con miles de afiliados.
La ciudad de Redondo Beach había apelado el año pasado la decisión de la corte federal, pero en septiembre la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco favoreció con votación de nueve a favor y dos en contra a los jornaleros.
Abogados de Redondo Beach llevaron entonces el caso ante el máximo tribunal en el país, bajo argumento de que los jornaleros no ejercen su derecho de expresión sino que practican una conducta.
La Corte Suprema respondió que los jornaleros ejercen la expresión al ofrecer servicios y buscar trabajo, y que los argumentos de Redondo Beach estaban equivocados, pues, en forma similar, los peatones que caminan por las calles podrían ser sancionados por obstruir el tráfico vehicular.
La decisión del tribunal supremo estadounidense reafirma a una corte federal que rechazó una ordenanza de la ciudad de Redondo Beach, en el condado de Orange, en California, que prohibía a los jornaleros ofrecer servicios en la vía pública.
El caso de Redondo Beach influye ahora a por lo menos una docena de ciudades de California que prohibían a los jornaleros buscar trabajo entre potenciales clientes en las calles.
Las ciudades del condado de Orange con ordenanzas similares buscaban detener a los trabajadores que ofrecieran servicios en las calles para, al ficharlos, entregarlos a autoridades de migración para su deportación en caso de que fueran indocumentados.
La decisión de la Suprema Corte se presenta a tres días de haber iniciado en Los Ángeles la Asamblea Nacional de Jornaleros, que reunirá esta semana a por lo menos 41 delegaciones nacionales con miles de afiliados.
La ciudad de Redondo Beach había apelado el año pasado la decisión de la corte federal, pero en septiembre la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco favoreció con votación de nueve a favor y dos en contra a los jornaleros.
Abogados de Redondo Beach llevaron entonces el caso ante el máximo tribunal en el país, bajo argumento de que los jornaleros no ejercen su derecho de expresión sino que practican una conducta.
La Corte Suprema respondió que los jornaleros ejercen la expresión al ofrecer servicios y buscar trabajo, y que los argumentos de Redondo Beach estaban equivocados, pues, en forma similar, los peatones que caminan por las calles podrían ser sancionados por obstruir el tráfico vehicular.
jueves, 18 de agosto de 2011
Jóvenes, trabajo, sindicatos
Por José Woldenberg
18 de agosto de 2011
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre de 2011 informa:
- Si la tasa de desocupación en general es de 5.2 por ciento, la de los jóvenes asciende al 8.1.
- Casi dos terceras partes de los jóvenes que se encuentran ocupados ganan menos de tres salarios mínimos.
- Una cuarta parte de los jóvenes labora en la informalidad.
- Entre quienes se desempeñan como asalariados dentro del sector formal menos de la mitad cuenta con contrato escrito.
- Sólo el 14 por ciento de quienes trabajan en el sector formal tiene vacaciones pagadas, aguinaldo y reparto de utilidades.
- El 92 por ciento no se encuentra sindicalizado.
Como bien asientan Margarita Vega y Daniela Rea (Reforma, 12 de agosto de 2011), "el desempleo y los trabajos precarios afectan a muchos mexicanos, pero, en el caso de la juventud, está situación es aún más grave".
El INEGI informa además sobre la situación en el segundo trimestre de 2011:
- En el sector informal laboraron 13 millones 386 mil personas.
- En dicho trimestre el incremento fue de 447 mil individuos.
- Eso quiere decir que el 28.9 por ciento de la población ocupada labora en el sector informal.
- El número de desocupados ascendió a 2.6 millones.
- El 8.3 por ciento de las personas se reportó subocupada, es decir, busca otro empleo puesto que le "sobra" tiempo o/y requiere de un mayor ingreso.
Como señaló Clemente Ruíz Durán -profesor de la UNAM-, "la informalidad funciona como una válvula de escape de la débil economía mexicana, en la que no existe una política para generar empleos de calidad". (Ernesto Sarabia, Reforma, 13 de agosto de 2011).
En síntesis, la economía no crece con suficiencia, no genera los empleos necesarios en el área formal, siguen incrementándose la informalidad y los empleos precarios, y los que más parecen resentirlo son los jóvenes. Esas realidades tienen un marco y tienden a subrayarse por el menoscabo de la fuerza específica del trabajo organizado.
Entre 1941 y 1982 el PIB per cápita anual nunca dejó de crecer por encima o al 3 por ciento (3.3 entre 1941-1946; 3.0 entre 1947 y 1952; 3.2 de 1953 a 1958; 3.4 de 1959-1964; 3.5 de 1965 a 1970, 3.0 de 1971 a 1976 y 3.3 de 1977 a 1982). Mientras de 1982 a 2009 nunca hemos logrado siquiera arribar al 2 por ciento y han existido periodos de decrecimiento (menos 2.1 entre 1983 y 1988; 1.9 entre 1989 y 1994; 1.6 de 1995 a 2000; 1.0 de 2001 a 2006 y menos 2.1 de 2007 a 2009). (Rolando Cordera y Carlos Tello. Prólogo a la nueva edición de México: la disputa por la nación. Siglo XXI. 2010).
La otra cara de esa misma moneda es que de 8 millones de personas que se incorporaron al mercado de trabajo en la primera década del siglo XXI, sólo tres pudieron encontrar empleo formal, 1.5 millones acabaron en la desocupación y el resto en la informalidad, generando un déficit de 5 millones de plazas de trabajo formales (Ciro Murayama, "El empleo en México durante la primera década del siglo XXI", próxima publicación).
Podemos decir, como si fuéramos economistas, que el "marco estructural" que condiciona la incorporación de los jóvenes al trabajo está canijo. Ni la economía ni los empleos crecen como debieran y ello limita las posibilidades de un empleo digno para los jóvenes.
Pero a ello hay que agregar la debilidad cada vez más patente de la organización de los trabajadores y la inercia que los conduce. Franjas cada vez más grandes de asalariados carecen por completo de organización, otros más, están encuadrados en los llamados "sindicatos fantasmas", franquicias que explotan los "líderes" para firmar contratos de protección con las empresas sin el conocimiento ni el consentimiento de los trabajadores, y los sindicatos realmente existentes -democráticos o no- siguen una política más bien defensiva que consiste en proteger lo adquirido, salvaguardar sus prestaciones, velar por los suyos, porque en medio de una economía que ve crecer el empleo precario y la informalidad, una plaza de trabajo estable y las prestaciones que fija la ley se empiezan a convertir en un "privilegio".
Estamos lejos de aquellas organizaciones sindicales que a fines de los años setenta ante la expectativa -luego frustrada- de un crecimiento acelerado, apuntalado en el incremento sucesivo de los precios del petróleo, plantearon políticas alternativas. Hoy el mundo del trabajo aparece empequeñecido, balbuceante, gremialista, tímido, mientras son otros -las organizaciones empresariales- los que han logrado que sus ideas e intereses se vuelvan hegemónicos.
18 de agosto de 2011
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre de 2011 informa:
- Si la tasa de desocupación en general es de 5.2 por ciento, la de los jóvenes asciende al 8.1.
- Casi dos terceras partes de los jóvenes que se encuentran ocupados ganan menos de tres salarios mínimos.
- Una cuarta parte de los jóvenes labora en la informalidad.
- Entre quienes se desempeñan como asalariados dentro del sector formal menos de la mitad cuenta con contrato escrito.
- Sólo el 14 por ciento de quienes trabajan en el sector formal tiene vacaciones pagadas, aguinaldo y reparto de utilidades.
- El 92 por ciento no se encuentra sindicalizado.
Como bien asientan Margarita Vega y Daniela Rea (Reforma, 12 de agosto de 2011), "el desempleo y los trabajos precarios afectan a muchos mexicanos, pero, en el caso de la juventud, está situación es aún más grave".
El INEGI informa además sobre la situación en el segundo trimestre de 2011:
- En el sector informal laboraron 13 millones 386 mil personas.
- En dicho trimestre el incremento fue de 447 mil individuos.
- Eso quiere decir que el 28.9 por ciento de la población ocupada labora en el sector informal.
- El número de desocupados ascendió a 2.6 millones.
- El 8.3 por ciento de las personas se reportó subocupada, es decir, busca otro empleo puesto que le "sobra" tiempo o/y requiere de un mayor ingreso.
Como señaló Clemente Ruíz Durán -profesor de la UNAM-, "la informalidad funciona como una válvula de escape de la débil economía mexicana, en la que no existe una política para generar empleos de calidad". (Ernesto Sarabia, Reforma, 13 de agosto de 2011).
En síntesis, la economía no crece con suficiencia, no genera los empleos necesarios en el área formal, siguen incrementándose la informalidad y los empleos precarios, y los que más parecen resentirlo son los jóvenes. Esas realidades tienen un marco y tienden a subrayarse por el menoscabo de la fuerza específica del trabajo organizado.
Entre 1941 y 1982 el PIB per cápita anual nunca dejó de crecer por encima o al 3 por ciento (3.3 entre 1941-1946; 3.0 entre 1947 y 1952; 3.2 de 1953 a 1958; 3.4 de 1959-1964; 3.5 de 1965 a 1970, 3.0 de 1971 a 1976 y 3.3 de 1977 a 1982). Mientras de 1982 a 2009 nunca hemos logrado siquiera arribar al 2 por ciento y han existido periodos de decrecimiento (menos 2.1 entre 1983 y 1988; 1.9 entre 1989 y 1994; 1.6 de 1995 a 2000; 1.0 de 2001 a 2006 y menos 2.1 de 2007 a 2009). (Rolando Cordera y Carlos Tello. Prólogo a la nueva edición de México: la disputa por la nación. Siglo XXI. 2010).
La otra cara de esa misma moneda es que de 8 millones de personas que se incorporaron al mercado de trabajo en la primera década del siglo XXI, sólo tres pudieron encontrar empleo formal, 1.5 millones acabaron en la desocupación y el resto en la informalidad, generando un déficit de 5 millones de plazas de trabajo formales (Ciro Murayama, "El empleo en México durante la primera década del siglo XXI", próxima publicación).
Podemos decir, como si fuéramos economistas, que el "marco estructural" que condiciona la incorporación de los jóvenes al trabajo está canijo. Ni la economía ni los empleos crecen como debieran y ello limita las posibilidades de un empleo digno para los jóvenes.
Pero a ello hay que agregar la debilidad cada vez más patente de la organización de los trabajadores y la inercia que los conduce. Franjas cada vez más grandes de asalariados carecen por completo de organización, otros más, están encuadrados en los llamados "sindicatos fantasmas", franquicias que explotan los "líderes" para firmar contratos de protección con las empresas sin el conocimiento ni el consentimiento de los trabajadores, y los sindicatos realmente existentes -democráticos o no- siguen una política más bien defensiva que consiste en proteger lo adquirido, salvaguardar sus prestaciones, velar por los suyos, porque en medio de una economía que ve crecer el empleo precario y la informalidad, una plaza de trabajo estable y las prestaciones que fija la ley se empiezan a convertir en un "privilegio".
Estamos lejos de aquellas organizaciones sindicales que a fines de los años setenta ante la expectativa -luego frustrada- de un crecimiento acelerado, apuntalado en el incremento sucesivo de los precios del petróleo, plantearon políticas alternativas. Hoy el mundo del trabajo aparece empequeñecido, balbuceante, gremialista, tímido, mientras son otros -las organizaciones empresariales- los que han logrado que sus ideas e intereses se vuelvan hegemónicos.
jueves, 7 de julio de 2011
Elba y la ley
Por Sergio Sarmiento
7 de julio de 2011
"Ser dirigente sindical es uno de los negocios más rentables de México".
Arturo Alcalde
No deben sorprendernos ni el poder ni el dinero de Elba Esther Gordillo. El Congreso de la Unión ha establecido leyes que otorgan una verdadera patente de corso a los dirigentes sindicales. La maestra es una consecuencia de este marco jurídico y no simplemente del azar.
El problema empieza con el artícu- lo 28 de la Constitución que exenta a los sindicatos de la prohibición a los monopolios. Esto ha permitido que los sindicatos se conviertan en verdaderas bandas de extorsión que explotan a empresas y trabajadores. Muchas compañías, de hecho, firman contratos con sindicatos sólo para protegerse de las extorsiones de los demás. Los empresarios han encontrado, además, que la forma más fácil de obtener un trato razonable de los sindicatos es corromper a sus líderes. El enorme poder monopólico de los sindicatos beneficia así a los dirigentes y no a los trabajadores.
En muchas actividades de nuestro país no es posible conseguir un empleo si no es a través del sindicato. Si un trabajador se niega a pertenecer a él, pierde su empleo o nunca puede obtenerlo. La exención de los sindicatos a la prohibición a los monopolios ha hecho legal la esclavitud de muchos trabajadores en nuestro país.
Al amparo de estos monopolios, los líderes sindicales han establecido dictaduras vitalicias. La norma en nuestro país es que los dirigentes se mantengan en el poder durante décadas. Tenemos incluso casos como el del sindicato minero en que el mando se ha traspasado de padre a hijo, de Napoleón Gómez Sada a Napoleón Gómez Urrutia.
Con la excusa de la autonomía sindical, los dirigentes manejan el dinero de los trabajadores como si fuera su patrimonio personal. Los líderes no tienen obligación de rendir cuentas. Por eso tenemos tantos dirigentes ricos... y tantos trabajadores pobres.
No culpo a Felipe Calderón por haber hecho un acuerdo político con Elba Esther para las elecciones presidenciales de 2006. Tampoco a Eruviel Ávila, que hizo lo mismo en el estado de México en este 2011. Ni a Humberto Moreira, quien ha dicho que buscará una alianza con ella para el 2012. La maestra ha demostrado ya ampliamente el poder que tiene para entregar votos a sus aliados. Si no, pregúntele a Roberto Madrazo, quien la tuvo como socia en la elección para la presidencia nacional del PRI en 2002, pero como enemiga en los comicios presidenciales de 2006.
El problema, sin embargo, no es la maestra: ella no hace más que aprovechar los poderes extraordinarios que la ley otorga a los líderes sindicales. Si queremos que éstos dejen de tener el papel que hoy ocupan en nuestro país, debemos empezar por modificar el artículo 28 de la Constitución para eliminar la exención de los sindicatos a la prohibición sobre los monopolios. Todo trabajador debe tener el derecho de decidir si quiere ingresar o no a un sindicato. Los trabajadores deben poder votar incluso que no quieren un sindicato en su empresa.
Por otra parte, el Congreso debe emitir legislación que haga a los sindicatos instituciones de interés púbico y los obligue a contar con procedimientos realmente democráticos para elegir a sus dirigentes. Debe también obligarlos a divulgar públicamente el manejo de sus recursos, que no son de los líderes sino de los trabajadores.
De nada sirve que el enemigo en turno se queje del poder de la maestra Elba Esther. Hay que modificar el marco jurídico que ha dado a los líderes sindicales el enorme poder que éstos tienen.
7 de julio de 2011
"Ser dirigente sindical es uno de los negocios más rentables de México".
Arturo Alcalde
No deben sorprendernos ni el poder ni el dinero de Elba Esther Gordillo. El Congreso de la Unión ha establecido leyes que otorgan una verdadera patente de corso a los dirigentes sindicales. La maestra es una consecuencia de este marco jurídico y no simplemente del azar.
El problema empieza con el artícu- lo 28 de la Constitución que exenta a los sindicatos de la prohibición a los monopolios. Esto ha permitido que los sindicatos se conviertan en verdaderas bandas de extorsión que explotan a empresas y trabajadores. Muchas compañías, de hecho, firman contratos con sindicatos sólo para protegerse de las extorsiones de los demás. Los empresarios han encontrado, además, que la forma más fácil de obtener un trato razonable de los sindicatos es corromper a sus líderes. El enorme poder monopólico de los sindicatos beneficia así a los dirigentes y no a los trabajadores.
En muchas actividades de nuestro país no es posible conseguir un empleo si no es a través del sindicato. Si un trabajador se niega a pertenecer a él, pierde su empleo o nunca puede obtenerlo. La exención de los sindicatos a la prohibición a los monopolios ha hecho legal la esclavitud de muchos trabajadores en nuestro país.
Al amparo de estos monopolios, los líderes sindicales han establecido dictaduras vitalicias. La norma en nuestro país es que los dirigentes se mantengan en el poder durante décadas. Tenemos incluso casos como el del sindicato minero en que el mando se ha traspasado de padre a hijo, de Napoleón Gómez Sada a Napoleón Gómez Urrutia.
Con la excusa de la autonomía sindical, los dirigentes manejan el dinero de los trabajadores como si fuera su patrimonio personal. Los líderes no tienen obligación de rendir cuentas. Por eso tenemos tantos dirigentes ricos... y tantos trabajadores pobres.
No culpo a Felipe Calderón por haber hecho un acuerdo político con Elba Esther para las elecciones presidenciales de 2006. Tampoco a Eruviel Ávila, que hizo lo mismo en el estado de México en este 2011. Ni a Humberto Moreira, quien ha dicho que buscará una alianza con ella para el 2012. La maestra ha demostrado ya ampliamente el poder que tiene para entregar votos a sus aliados. Si no, pregúntele a Roberto Madrazo, quien la tuvo como socia en la elección para la presidencia nacional del PRI en 2002, pero como enemiga en los comicios presidenciales de 2006.
El problema, sin embargo, no es la maestra: ella no hace más que aprovechar los poderes extraordinarios que la ley otorga a los líderes sindicales. Si queremos que éstos dejen de tener el papel que hoy ocupan en nuestro país, debemos empezar por modificar el artículo 28 de la Constitución para eliminar la exención de los sindicatos a la prohibición sobre los monopolios. Todo trabajador debe tener el derecho de decidir si quiere ingresar o no a un sindicato. Los trabajadores deben poder votar incluso que no quieren un sindicato en su empresa.
Por otra parte, el Congreso debe emitir legislación que haga a los sindicatos instituciones de interés púbico y los obligue a contar con procedimientos realmente democráticos para elegir a sus dirigentes. Debe también obligarlos a divulgar públicamente el manejo de sus recursos, que no son de los líderes sino de los trabajadores.
De nada sirve que el enemigo en turno se queje del poder de la maestra Elba Esther. Hay que modificar el marco jurídico que ha dado a los líderes sindicales el enorme poder que éstos tienen.
jueves, 23 de junio de 2011
Toma de nota
Por José Woldenberg
23 de junio de 2011
El punto fue agendado como una "solicitud de modificación de jurisprudencia... respecto de: 'Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo'".
No obstante, la discusión en el pleno de la Corte abrió un tema mayor que tiene que ver con la forma en que un mero trámite administrativo se convirtió en un instrumento político. Me explico (o intento hacerlo).
La toma de nota, en su origen, fue pensada como una fórmula para que la autoridad llevara el registro de sindicatos y sus direcciones, pero con el paso del tiempo se convirtió en un filtro para deshacerse de corrientes políticas "indeseables" para la autoridad y en una patente de corso que dio origen a sindicatos fantasmas y a la venta de contratos de protección.
Ha tenido por lo menos tres derivaciones perversas: A) La entrega de registros a sindicatos inexistentes que antes incluso de que la empresa empiece a funcionar firman con ella contratos colectivos de protección que no conocen los trabajadores. Éstos entran en muchas ocasiones a laborar en el marco de un contrato colectivo vigente, encuadrados en un sindicato que desconocen y con unos líderes que se autoproclamaron como tales. No se requiere demasiada sagacidad para afirmar que se trata de una alteración radical de lo que debe ser un sindicato y la contratación colectiva.
B) La negativa de la toma de nota, y por ello, la presunta inexistencia jurídica de sindicatos realmente existentes. Se trata de organizaciones que viven por voluntad de sus miembros, que se han dotado de estatutos y se han dado una determinada dirección, y que sin embargo, aduciendo diferentes razones, son "bateados" por las autoridades. El ministro Zaldívar colocó sobre la mesa varios casos. Se trata de un dique construido para cerrarle el paso a organizaciones a las que se considera "difíciles", "peligrosas", "inconvenientes", simple y llanamente por guardar una distancia crítica con relación al gobierno o los empresarios.
C) La toma de nota a favor de un determinado comité ejecutivo en contra de otro, cuando se presentan diferencias en el seno de las organizaciones. Esa fórmula arropa a unos y descobija a otros y a lo largo de la historia algunas de esas maniobras fueron conocidas como "charrazos", que erigían al mando de los sindicatos a direcciones sumisas a las autoridades y desplazaban a comités ejecutivos independientes. Tan sencillo que hubiese sido, en términos civilizados, democráticos (claro está), acudir a la fórmula del recuento que se encuentra contemplado en la propia legislación, para dirimir las diferencias, pero se optó -en no pocas ocasiones acompañado de la fuerza pública- por decidir por encima de la voluntad de los trabajadores. (Por ello no entiendo la insistencia de varios ministros en el sentido de que la autoridad no puede convertirse en autoridad electoral. ¿Quién entonces organizará los recuentos que prescribe la ley?).
Ese (creo) es el marco político en el que se desarrolla la muy importante discusión en la Corte. El propio presidente de la misma, el ministro Silva Meza dijo: "La tesis cuya modificación ahora analizamos parecería dar a la toma de nota una connotación de facultad aprobatoria de la elección sindical, pues en términos prácticos la facultad valorativa que ahí se le reconoce a la autoridad, al amparo de velar por el respeto de los Estatutos sindicales se traduce en una suerte de condición suspensiva para la eficacia jurídica de la elección interna de un sindicato, como si la elección no tuviera eficacia hasta que la autoridad administrativa diera por buena la elección ocurrida a través de la toma de nota".
Luego del debate, la modificación a la tesis de jurisprudencia ajustó apenas a la anterior. Dirá ahora algo como lo siguiente: "Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar únicamente si los requisitos formales rigieron el procedimiento y este se apegó a los estatutos y subsidiariamente a la Ley". El ministro ponente, Aguilar Morales, así precisó los alcances de la resolución: "La toma de nota debe limitarse sí a la verificación de los requisitos estatutarios, pero únicamente desde el punto de vista formal, sin hacer el análisis de las cualidades o calidades de lo resuelto en la asamblea, sino simplemente verificar que se haya cumplido con las etapas propuestas y señaladas en los Estatutos; que la autoridad solamente podrá negar el registro sin hacer pronunciamiento sobre la validez de esto, cuando falte alguno de estos requisitos en el Acta".
Por lo pronto, vamos a ver cómo la modificación de la jurisprudencia impactará al siguiente punto de la orden del día de la propia Corte: el amparo promovido por el Sindicato Minero contra la Secretaría del Trabajo.
23 de junio de 2011
El punto fue agendado como una "solicitud de modificación de jurisprudencia... respecto de: 'Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo'".
No obstante, la discusión en el pleno de la Corte abrió un tema mayor que tiene que ver con la forma en que un mero trámite administrativo se convirtió en un instrumento político. Me explico (o intento hacerlo).
La toma de nota, en su origen, fue pensada como una fórmula para que la autoridad llevara el registro de sindicatos y sus direcciones, pero con el paso del tiempo se convirtió en un filtro para deshacerse de corrientes políticas "indeseables" para la autoridad y en una patente de corso que dio origen a sindicatos fantasmas y a la venta de contratos de protección.
Ha tenido por lo menos tres derivaciones perversas: A) La entrega de registros a sindicatos inexistentes que antes incluso de que la empresa empiece a funcionar firman con ella contratos colectivos de protección que no conocen los trabajadores. Éstos entran en muchas ocasiones a laborar en el marco de un contrato colectivo vigente, encuadrados en un sindicato que desconocen y con unos líderes que se autoproclamaron como tales. No se requiere demasiada sagacidad para afirmar que se trata de una alteración radical de lo que debe ser un sindicato y la contratación colectiva.
B) La negativa de la toma de nota, y por ello, la presunta inexistencia jurídica de sindicatos realmente existentes. Se trata de organizaciones que viven por voluntad de sus miembros, que se han dotado de estatutos y se han dado una determinada dirección, y que sin embargo, aduciendo diferentes razones, son "bateados" por las autoridades. El ministro Zaldívar colocó sobre la mesa varios casos. Se trata de un dique construido para cerrarle el paso a organizaciones a las que se considera "difíciles", "peligrosas", "inconvenientes", simple y llanamente por guardar una distancia crítica con relación al gobierno o los empresarios.
C) La toma de nota a favor de un determinado comité ejecutivo en contra de otro, cuando se presentan diferencias en el seno de las organizaciones. Esa fórmula arropa a unos y descobija a otros y a lo largo de la historia algunas de esas maniobras fueron conocidas como "charrazos", que erigían al mando de los sindicatos a direcciones sumisas a las autoridades y desplazaban a comités ejecutivos independientes. Tan sencillo que hubiese sido, en términos civilizados, democráticos (claro está), acudir a la fórmula del recuento que se encuentra contemplado en la propia legislación, para dirimir las diferencias, pero se optó -en no pocas ocasiones acompañado de la fuerza pública- por decidir por encima de la voluntad de los trabajadores. (Por ello no entiendo la insistencia de varios ministros en el sentido de que la autoridad no puede convertirse en autoridad electoral. ¿Quién entonces organizará los recuentos que prescribe la ley?).
Ese (creo) es el marco político en el que se desarrolla la muy importante discusión en la Corte. El propio presidente de la misma, el ministro Silva Meza dijo: "La tesis cuya modificación ahora analizamos parecería dar a la toma de nota una connotación de facultad aprobatoria de la elección sindical, pues en términos prácticos la facultad valorativa que ahí se le reconoce a la autoridad, al amparo de velar por el respeto de los Estatutos sindicales se traduce en una suerte de condición suspensiva para la eficacia jurídica de la elección interna de un sindicato, como si la elección no tuviera eficacia hasta que la autoridad administrativa diera por buena la elección ocurrida a través de la toma de nota".
Luego del debate, la modificación a la tesis de jurisprudencia ajustó apenas a la anterior. Dirá ahora algo como lo siguiente: "Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar únicamente si los requisitos formales rigieron el procedimiento y este se apegó a los estatutos y subsidiariamente a la Ley". El ministro ponente, Aguilar Morales, así precisó los alcances de la resolución: "La toma de nota debe limitarse sí a la verificación de los requisitos estatutarios, pero únicamente desde el punto de vista formal, sin hacer el análisis de las cualidades o calidades de lo resuelto en la asamblea, sino simplemente verificar que se haya cumplido con las etapas propuestas y señaladas en los Estatutos; que la autoridad solamente podrá negar el registro sin hacer pronunciamiento sobre la validez de esto, cuando falte alguno de estos requisitos en el Acta".
Por lo pronto, vamos a ver cómo la modificación de la jurisprudencia impactará al siguiente punto de la orden del día de la propia Corte: el amparo promovido por el Sindicato Minero contra la Secretaría del Trabajo.
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