LyFC: un año después

Por Miguel Ángel Granados Chapa
11 de octubre de 2009


El domingo 11 de octubre de 2009, hoy hace exactamente un año, una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación -que suele aparecer sólo de lunes a viernes- contenía el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, un organismo público sistemáticamente pauperizado y, paradójica y simultáneamente, difamado por su oneroso costo de operación.

Al mismo tiempo que el gobierno federal se deshizo de una empresa que no obstante la obsolescencia de gran parte de sus instalaciones y su falta de mantenimiento prestaba servicio a la más vasta aglomeración urbana del país -el Distrito Federal, más amplias porciones de los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla-, se propuso desmantelar el Sindicato Mexicano de Electricistas, una agrupación de antigua raigambre en la lucha obrera de nuestro país. A la luz de los precedentes y de lo acontecido después de la liquidación de LyFC, se diría que el objetivo de mayor importancia para el gobierno era el exterminio de la agrupación sindical de la que formaban parte 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados.

En efecto, meses atrás del golpe del 10 de octubre por la noche -pues el asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza se produjo por la fuerza desde el anochecer del sábado 10, cuando aún no entraba en vigencia el decreto de extinción y ni siquiera se había impreso el Diario oficial-, la Secretaría del Trabajo había negado la toma de nota a la mitad del comité central elegido con Martín Esparza a la cabeza. Notoriamente, la Secretaría había jugado sus cartas a favor de una oposición de presencia real pero hecha crecer artificialmente, liderada por Alejandro Muñoz, que a un año de la liquidación de su fuente de trabajo persiste en actuar como peón de estribo de las autoridades, pese a la destrucción de la empresa con que contrataba el gremio que pretendía dirigir.

El gobierno federal alegó para extinguir a esa empresa pública las cuantiosas transferencias de recursos que debía aplicar a LyFC. Era un juego financiero entre perverso y torpe. Se estancó la capacidad de generación de Luz y Fuerza, que se convirtió casi meramente en distribuidora que debía pagar a la CFE altos precios por la energía que hacía llegar a menor precio a su clientela. La diferencia era un barreno que horadaba la estabilidad financiera de una empresa a la que el gobierno formulaba reproches que estaba en su mano arreglar, pues el organismo formaba parte del sector público. El gobierno panista asimismo incriminaba al sindicato por los altos costos de la operación, debido a sus salarios y prestaciones, que se concertaban en negociaciones bilaterales en que el gobierno mismo podía establecer límites.

Al extinguir la empresa el gobierno abrió con liberalidad la bolsa para liquidar al personal. Pagó sumas por encima de lo previsto en la ley laboral y en el contrato colectivo, y consiguió que la mayoría de los trabajadores aceptaran como un hecho inmodificable la supresión de su fuente de empleo. Unos 28 mil electricistas dejaron de serlo, con el señuelo de una alta indemnización que se presumía suficiente para iniciar pequeñas empresas que serían proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad a la que el decreto de extinción confió la prestación del servicio. También se indujo a los trabajadores a aceptar las liquidaciones con la promesa de ser contratados de nuevo. Se generaron así expectativas que no han sido cumplidas sino en mínima porción.

Unos 16 mil trabajadores rehusaron ser liquidados y se han mantenido en la resistencia, en demanda de restablecer la empresa con la que contrataban, en exigencia de respeto a su organización sindical. En contra de su dirección, a lo largo de este año, se ha emprendido una campaña de satanización, pues en el año del Bicentenario del comienzo de la lucha por la Independencia el gobierno panista actúa con el criterio virreinal de ordenar a sus súbditos callar y obedecer. El sindicato ha rehusado hacerlo y, al contrario, ha librado una larga batalla que lo mantiene con vida, aunque persista la injerencia gubernamental en su seno, con el patrocinio a la corriente sindical de Muñoz y sucesivos rechazos a la petición de toma de nota del comité central. La estrategia gubernamental busca descabezar al sindicato como paso previo a su desintegración. Tal como jugó con la necesidad y aun la codicia de quienes aceptaron ser liquidados, ahora hace propaganda a la idea de cuánto recibirá cada quien cuando se liquiden los bienes del sindicato.

En la pugna por y en contra del exterminio los electricistas han acudido a variadas formas de defensa jurídica. Una tras otra han sido frustradas por la decisión gubernamental de acabar con el gremio, y asemejarlo al que contrata con la CFE. Ese sindicato y esa empresa han sido puestos como ejemplos, pero la terca realidad va mostrando la verdadera índole de uno y otra, proclives a la corrupción y a la falta de cuidado en la realización de sus tareas sustantivas.

Un año después de la extinción de LyFC no ha sido posible sustituir a derechas su operación. No se informa del costo que implica el contratismo al que se ha acudido para impedir la interrupción del servicio. Eso no obstante, se niega al SME satisfacer su último recurso, obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo, que es considerar a la CFE como patrón sustituto, situación a la que el gobierno no quiere llegar.

Dos veces sendas huelgas de hambre llevaron a negociaciones estériles. El conflicto sigue vivo.

Ofician misa en recuerdo de las costureras

En el domicilio de la organización social “costureras 19 de septiembre”, el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruíz, encabezó la ceremonia.

Raúl Llanos
Publicado: 19/09/2010 12:21

México, DF. Con un llamado a no olvidar los sismos del 85, ni a claudicar en la lucha por mejores condiciones sociales, las costureras realizaron este domingo un evento para rememorar los 25 años de la tragedia que ocurrió el 19 de septiembre de aquél año.
En el domicilio de la organización social “costureras 19 de septiembre”, se realizó una misa que fue encabezada por el obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruíz, quién resaltó la solidaridad social que se manifestó luego de aquéllos movimientos telúricos y que ha persistido en otras situaciones agobiantes.
Durante el acto litúrgico, algunas de las costureras tomaron la palabra para enaltecer la lucha que durante el último cuarto de siglo han librado en aras de obtener mejores condiciones laborales para las costureras de esta capital.
Terminada la ceremonia religiosa, las costureras y deudos de las personas fallecidas hace 25 años marcharon sobre la avenida de Tlalpan, y depositaron flores, en algunos puntos dónde se concentraron y vivieron por varios días después de los sismos del 19 y 20 de septiembre.


Entrevista a la directora Mari Carmen de Lara (realizadora del documental No les pedimos un viaje a la luna, 1986) sobre el 25 aniversario del sismo del 85.
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Solapan desfalco a ferrocarrileros

Por Leslie Gómez

Ciudad de México  (20 septiembre 2010).- Los líderes del sindicato ferrocarrilero ya se gastaron el dinero del pago vitalicio de pensiones y jubilaciones de los trabajadores... y quieren que el Gobierno les rellene las bolsas.

Y es que el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, proyectado para cubrir los pagos hasta 2032 y que contaba con un monto de 19 mil 568 millones 961 mil 329 pesos, está al borde de la quiebra.

Al ritmo que se ha gastado el dinero, los recursos con los que cuenta actualmente, alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, sólo alcanzarían para el pago de jubilaciones de año y medio.

Sin embargo, las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes acordaron cubrir el déficit del fondo, que suma 15 mil 699 millones de pesos.

De acuerdo con el oficio 801.1.- 216, la Subsecretaría de Egresos de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que se busca el esquema más adecuado.

El manejo del fondo ferrocarrilero, a cargo del sindicato encabezado por Víctor Flores, ha sido muy cuestionado.

Según una auditoría practicada a dicho fondo, que fue creado en 1997, sólo se han destinado 4 millones de pesos mensuales al pago de pensiones y jubilaciones, mientras que el resto, unos 220 millones de pesos al mes, ha sido utilizado en prestaciones de los fideicomisarios, gastos de administración, honorarios e impuestos.

También se ha detectado el pago a ferrocarrileros ya muertos.

Por si fuera poco, jubilados han denunciado a la dirigencia del sindicato por fraude y desvío del fideicomiso.

En un oficio enviado a Hacienda el 28 de julio de 2010, legisladores solicitan que se atiendan las recomendaciones que formuló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de las revisiones a las Cuentas Públicas de 2004 y 2007, respecto al fideicomiso.

Sin embargo, Hacienda les responde que las "observaciones han sido debidamente atendidas y a la fecha no existe ninguna pendiente de atender".

La ASF detectó en 2004 que no se acreditó el pago de pensiones del orden de 17.1 millones de pesos por 111 jubilados con edad mayor a 98 años.

Asimismo, recomendó que se realizaran periódicamente estudios actuariales para determinar un posible déficit del patrimonio del fondo y con esta base prever un programa de restitución de los capitales constitutivos faltantes.

En el análisis de 2007, la ASF observó un déficit de 13 mil 817 millones 800 mil pesos.

Francisco Hernández Juárez, secretario de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, dio a conocer que ese órgano solicitará que los recursos para rescatar el fideicomiso se incluyan en el Presupuesto de 2011, pero que se etiqueten en el ramo 09 de Comunicaciones y Transportes.

Pedro Montoro, representante de jubilados, pidió que la inyección de recursos al fideicomiso no sirva para eximir de castigo a Víctor Flores por el desvío de más de 15 mil millones de pesos.

Antisindicalismo en Banobras

Por Miguel Ángel Granados Chapa
3 de septiembre de 2010

Está en curso la formación de una nueva federación de sindicatos bancarios, que agrupará a los que son la contraparte laboral de la banca de desarrollo. Desde hace décadas miembros de la federación perteneciente al Congreso del Trabajo, los trabajadores de instituciones de crédito de bancos gubernamentales han encontrado que sus intereses serán mejor servidos en una agrupación especializada y han dado los pasos necesarios para constituirla.

Se trata del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Sindicato Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y del Sindicato Único de Trabajadores de Sociedad Hipotecaria Federal.

Cuatro de esas organizaciones se dirigieron el 16 de agosto pasado al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, como cabeza del sector al que pertenecen las instituciones en que prestan sus servicios, para llamar su atención sobre el clima "de acoso y persecución por parte de la administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en contra de los dirigentes sindicales del SUNTBANOBRAS". Explican a Cordero que el hostigamiento que denuncian ha ocurrido "a raíz de haber decidido organizar una nueva federación sindical que representa los intereses de este importante sector y de haber propuesto como secretario general de dicha federación a Luis Ángel Romo Lazo", dirigente del sindicato de Banobras.

Entre esos actos hostiles enuncian la reducción de licencias sindicales de 13 a ocho; la supresión del servicio médico, dental y administrativo a jubilados; el desahucio de un local sindical situado en Coyoacán, precedido de la supresión del servicio telefónico y de intranet en esas oficinas y, lo más grave de todo, "el intento de promover una directiva sindical alterna, conformada por tres disidentes" a los que se instaló en una oficina vecina a la del propio sindicato en el edificio de Banobras en Santa Fe.

Esos disidentes habían perdido sus puestos en el comité sindical por decisión del IX Congreso nacional extraordinario del sindicato de Banobras, debido a su activismo contrario a los intereses de los trabajadores. Llevado su caso ante la justicia laboral, por unanimidad el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dio la razón al sindicato por la remoción de los representantes que desde antes y ahora con toda evidencia gozan del favor patronal.

La administración del Banco pretendió disfrazar de beneficiosa la acción contra los jubilados. Un importante número de ellos vive en el norte de la Ciudad de México y en las inmediaciones de la que fue torre insignia de Banobras en Nonoalco. Por esa ubicación la Casa del jubilado, como se conoce la instalación sindical respectiva, fue establecida en la colonia Nueva Santa María. Al suprimirla, el Banco quiso edulcorar la medida, en melifluas cartas dirigidas a los afectados: "queremos tener la oportunidad de atenderlo (a) como usted se merece y es por eso que hemos instalado un módulo especialmente para usted en el parque El batán, con estacionamiento gratuito, que como es de su conocimiento se encuentra ubicado en avenida San Jerónimo 477, colonia Tizapán San Ángel, delegación Álvaro Obregón", es decir, al otro lado de la capital.

El tono es exactamente opuesto al empleado para disponer el desalojo de la oficina sindical en Coyoacán, en donde se comunica que debido a las medidas de austeridad para el ejercicio 2010 (que comienzan a aplicarse a medio año, el 21 de junio), el subdirector de recursos materiales "se permite" comunicar al secretario general del sindicato "la determinación de Banobras de solicitarle la desocupación y entrega del inmueble referido... misma que deberá efectuarse dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día en que reciba la presente".

Al mismo tiempo, sin embargo, el subdirector describe las maravillas del local sindical de que podrán disfrutar en Santa Fe, aunque por supuesto se abstiene de puntualizar que en ese lugar los dirigentes legales convivirán, pasillo de por medio, con los removidos a quienes acogió la dirección del Banco: las oficinas ofrecidas "cuentan con aire acondicionado, vigilancia, equipos de cómputo, red inalámbrica, líneas telefónicas y demás servicios...".

Debido al ficticio conflicto interno del sindicato, auspiciado del modo que queda dicho por la administración del Banco, se ha generado un clima de tensión alimentado por rumores sobre el despido del secretario general y otros miembros del comité. En ese ambiente, no es extraño que un incidente sangriento que acaso forme parte del cuadro general de inseguridad en el DF sea vinculado a lo que acontece en Banobras:

El 24 de agosto fue baleado Octavio León Urrutia, de 24 años de edad, que se hallaba cerca de su domicilio en compañía de su madre. Él es hijo de Alejandro de Jesús León Pérez, secretario de Trabajo y Conflictos del sindicato de Banobras. No se trató de un asalto, pues ni siquiera se pretendió despojarlo de sus pertenencias.

En los setenta el sindicalismo bancario enfrentó la irracional resistencia de los concesionarios de bancos y administradores de la banca de desarrollo. Esa etapa parecía superada, en buena parte porque los sindicatos declinaron su representatividad. Ahora se arremete a los que la conservan y buscan ejercerla legalmente.

¿En nombre del bien común?

Por Adolfo Sánchez Rebolledo

Periódico La Jornada
19 de agosto de 2010

"El gobierno escuchó las voces del desarrollo y la inversión, y desoyó los gritos del subdesarrollo que se oponen a la competencia en el mercado, declaró el vicepresidente corporativo de Nextel, Gustavo Cantú. La frase, pronunciada al calor de la entrega a las empresas Televisa y Nextel de la banda de 30 Mhz del espectro radioeléctrico, a cambio de 180 millones de pesos, resume, o eso pretende, la filosofía que define desde hace años las políticas económicas del gobierno representado por Monny de Swan, el impugnado presidente de Cofetel. Aumentar la competencia, favorecer la productividad, en definitiva, liberar al capitalismo de las trabas legales (o sociales) que frenan el crecimiento de los mercados, es la razón de ser que el panismo se ha autoimpuesto, mas allá de las formulaciones doctrinarias que en sus orígenes lo vinculaban con un cierto humanismo cristiano sin dejar de ser el partido de los empresarios. En este recorrido, que está marcado por su ascenso, el viejo partido conservador ha buscado construirse la imagen de una fuerza al servicio de la modernidad, es decir, confiable en términos de los códigos y los paradigmas establecidos en los centros vitales de la globalización, aunque en los hechos la realidad compruebe que en materia de gobierno y políticas públicas no existen los automatismos y que no basta la adhesión a ciertos principios para obtener buenos resultados. Pero es obvio que el presidente Calderón desea fomentar los grandes negocios privados como el camino ideal al desarrollo, es decir, como la piedra de toque de la conquista de la equidad, ese horizonte que se aleja en vez de aproximarse. Sin un planteamiento capaz de poner sobre los pies el tema de la redistribución del ingreso (y sin una visión del futuro que permita a México vislumbrar su inserción en el mundo global), la idea de bien común se ha reducido a impulsar la competencia aunque no mencione en qué criterios objetivos se apoya el gobierno para favorecer a unas empresas sobre otras, lo cual, claro, distorsiona la misma competencia, y las demás reglas del juego.
Se da el caso, como ocurre con la asignación del espectro radioeléctrico, de que la decisión resulte parcial y, por tanto, injusta, con respecto a los jugadores interesados, pero es doblemente lesiva pues daña los intereses del Estado mexicano, que a cambio de muy poco remata algo que pertenece a todos. Por ello, con justa razón, se ha denunciado la operación aprobada (irregularmente) como un atraco, toda vez que a cambio de 180 millones de pesos, Televisa y Nextel han recibido una banda de 30 Mhz, de alcance nacional, para servicios de telefonía celular. Ese precio es 28 veces más bajo que el que otras empresas pagarán por segmentos de las mismas dimensiones. En la misma licitación 21, Telcel y Telefónica adquieren otros 30 Mhz a cambio de 5 mil 68 millones de pesos. El doble juego oficial sólo se entiende a partir de la connivencia de las autoridades responsables con los intereses de las empresas beneficiadas, pues de otra forma sería inexplicable, como bien señala AMEDI, que le concediera un precio ridículo a un consorcio que ya acapara 56 por ciento de las frecuencias para televisión comercial en todo el país.
No es la primera vez que el gobierno se equivoca al tratar de escuchar las voces del desarrollo y la inversión. En lo que concierne a la crisis de Mexicana de Aviación es obvio que Comunicaciones y Transportes, tan atenta a las señales del mercado, dejó a los dueños de la empresa hacer y deshacer a su antojo, como si no se tratara de un servicio público sujeto a concesión. Lejos de sostener una política aérea nacional viable y sostenible, el gobierno se esfuerza por darle seguridades a unos cuantos grupos de inversionista privilegiados que han probado, a ciencia y paciencia de las autoridades, junto con su enorme ineficacia la mayor voracidad.
Pero lo más grave, a final de cuentas, es la ausencia de una estrategia gubernamental que no sea el expediente de rematar los bienes públicos al mejor postor; la visión estrecha, economicista, del papel del Estado como ente subordinado a la libertad de empresa.
De otro modo no se entiende racionalmente la decisión de extinguir Luz y Fuerza sin tener sobre la mesa una alternativa clara, más moderna y eficiente para la restructuración del servicio. Pero el gobierno prefirió la opacidad que aseguraba la concesión de la fibra óptica, aunque dejara en riesgo el suministro y, lo que no es menor, los derechos de miles de trabajadores, que no fueron recontratados. ¿En nombre del bien común?
Apenas ahora, debido a la orden del IFAI, cumplirá con la obligación de informar sobre los pormenores de un caso con infinidad de aristas.
Finalmente, llama la atención que el corolario de varias operaciones de modernización del capital sea la destrucción de los derechos laborales y sindicales de los asalariados. Si ese es el camino para dejar de escuchar el grito del subdesarrollo, más nos vale encomendarnos a la divinidad.

Mitin internacional

 

Por Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Viernes 13 de agosto de 2010, p. 15

En una inusual movilización, la tarde de ayer líderes sindicales de más de 100 países de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) marcharon junto con trabajadores mexicanos de la Alianza Nacional de Tranviarios, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del sindicato minero contra la política laboral que lleva a cabo el gobierno de nuestro país y en apoyo a los gremios mexicanos.

Del hotel Hilton –ubicado frente a la Alameda– donde llevaron a cabo su 42 congreso anual, salieron los representantes de sindicatos de Brasil, Argentina, Colombia, España, Suecia, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Polonia, Honduras, entre otras naciones más, con tambores, banderas, consignas en varios idiomas, y caminaron hasta el Zócalo, donde el nuevo secretario general de la ITF, David Cockroft, sostuvo que las organizaciones que integran esta central le piden al presidente Felipe Calderón que respete los derechos laborales y humanos de los trabajadores mexicanos.

En la marcha se fundieron trabajadores del transporte de varias naciones que portaban camisetas del SME y viceversa, los cerca de mil sindicalistas extranjeros levantaban el clásico puño de los electricistas, mientras los representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Argentina le pusieron ritmo a la protesta.

Mexicana desmantelada

Por Miguel Ángel Granados Chapa
6 de agosto de 2010

A pesar de que el procedimiento legal del concurso mercantil tiene por objeto la preservación de las operaciones de una empresa, y de que el lunes pasado Mexicana de Aviación solicitó iniciar dicho proceso, la aerolínea vuela en dirección contraria, buscando su propia insolvencia. Sólo así se entiende su decisión de no vender boletos, lo que equivale a dejar de prestar el servicio (salvo para cumplir con los pasajes adquiridos previamente) y dejar de obtener ingresos.

Esa incomprensible clausura de sus propias operaciones es parte de una estrategia para desmantelar la empresa principal en beneficio de sus filiales, y para que desaparezca la materia de trabajo y en consecuencia se dé por terminada la relación laboral de aquella compañía con los sindicatos de pilotos y de sobrecargos, que a decir de la propia Mexicana son excesivamente onerosos.

Las aerolíneas de bajo costo Click y Link operan ya más del 95 por ciento del mercado nacional, según información oficial de Mexicana misma. De allí su pretensión de reducir severamente su planta laboral, porque, al crear su propia competencia, el campo de acción de la compañía de aviación más antigua del país se ha estrechado deliberadamente. Por lo demás, y también con ventaja para sus filiales, Mexicana se deshizo de sus marcas, que tienen un alto valor patrimonial.

Apenas un año después de la adquisición al gobierno (es decir al IPAB) de la gran aerolínea troncal, el 10 de enero y el 1o. de abril de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) vendió al Grupo Mexicana de Aviación (GMA, la controladora de las acciones de las filiales) la totalidad de sus marcas y avisos comerciales. Extrañamente (en apariencia) la operación se revocó el 18 de diciembre de 2008, cuando ambas partes "celebraron un convenio por el cual se reconoció y acordó que ante el incumplimiento de GMA a determinadas obligaciones... la totalidad de las marcas y avisos comerciales... quedarían bajo la titularidad de Mexicana".

Es que el mes anterior, el 6 de noviembre de 2008, se había integrado el Nuevo Grupo Aeronáutico, la empresa que ahora controla a las filiales, es decir que se ha quedado ya con la casi totalidad de las operaciones de la aerolínea troncal, pues las adquirió del Grupo Mexicana de Aviación. GMA vendió al Nuevo Grupo Aeronáutico, el 29 de diciembre pasado, las acciones de las siguientes empresas, según lo notificó a la Comisión Federal de Competencia, que aprobó esa compraventa:

Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV (Mexicana de Aviación), Aerovías Caribe, SA de CV (Click Mexicana), Mexibail, SAS (Mexibail), Aeropuertos y Terrenos, SA de CV (ATSA), Aerosys, SA de CV (Aerosys), Centro de capacitación Alas de América, SA de CV (CCAA), Turborreactores, SA de CV (Turborractores), Aero Eventos Mexicanos, SA de CV (Aeroeventos), Servicios Frecuenta, SA de CV (Frecuenta), Mexicana MRO, SA de CV (Mexicana MRO), Gamma servicios de negocios, SA de CV (Gamma), Servicios In Eligendo, SA de CV (Servicios In Eligendo) Datatronic, SA de CV (Datatronic), Grupo corporativo Mexicana, SA de CV (Grupo corporativo Mexicana), Aeromonterrey, SA de CV (Aeromonterrey) y Aerolibertad/Aeropacífico, SA de CV (Aeropacífico).

El mismo día, Mexicana de Aviación, que había recuperado la propiedad plena de sus marcas y avisos comerciales, cedió los derechos correspondientes al Nuevo Grupo Aeronáutico. Como se trata de transacciones entre los mismos accionistas, no fue extraño que Manuel Borja Chico, que desde julio de 2007 es director general de Mexicana de Aviación, aparezca en el convenio de cesión de derechos no en esa calidad sino como representante legal del Nuevo Grupo Aeronáutico.

En cambio, sí firmó como director general de Mexicana de Aviación la solicitud de concurso mercantil, presentada ante un juez federal el lunes pasado. No es automática la apertura de dicho concurso mercantil. El juzgador tiene que verificar mediante un visitador que el solicitante se encuentre en los supuestos de la ley respectiva. Entre ellos se cuenta el incumplimiento generalizado del pago de sus obligaciones, situación que se presenta cuando se deja de cubrir lo debido a dos o más acreedores y cuando la insolvencia alcanza al menos el 35 por ciento de los pasivos después de 30 días de su vencimiento.

Mexicana explicó al público que "el concurso mercantil es un recurso que la legislación mexicana establece para conservar a las empresas y evitar que el incumplimiento de sus obligaciones ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga relación de negocios". Respecto de su propio caso, la empresa espera que el concurso "permitirá reestructurar de forma ordenada los pasivos de CMA y adecuar su estructura de costos, especialmente los laborales, a las condiciones actuales de la industria bajo la protección de la ley".

El abordamiento de los asuntos laborales no puede ser realizado en el marco de un concurso mercantil. Se trata de materias distintas, regidas por leyes diferentes y que se ventilan ante autoridades que nada tienen que ver entre sí. Quién sabe qué propósito persiga la empresa al anunciar lo que no es posible hacer en ese terreno. Como es igualmente confusa su intención al pretender que espera que al aceptar la solicitud presentada el lunes "el juez ordenará la continuidad de la prestación de servicios con el objeto de preservar la operación de la empresa y garantizar al público consumidor que el servicio no será interrumpido", y al mismo tiempo obra en sentido contrario.