Por José Woldenberg
23 de junio de 2011
El punto fue agendado como una "solicitud de modificación de jurisprudencia... respecto de: 'Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo'".
No obstante, la discusión en el pleno de la Corte abrió un tema mayor que tiene que ver con la forma en que un mero trámite administrativo se convirtió en un instrumento político. Me explico (o intento hacerlo).
La toma de nota, en su origen, fue pensada como una fórmula para que la autoridad llevara el registro de sindicatos y sus direcciones, pero con el paso del tiempo se convirtió en un filtro para deshacerse de corrientes políticas "indeseables" para la autoridad y en una patente de corso que dio origen a sindicatos fantasmas y a la venta de contratos de protección.
Ha tenido por lo menos tres derivaciones perversas: A) La entrega de registros a sindicatos inexistentes que antes incluso de que la empresa empiece a funcionar firman con ella contratos colectivos de protección que no conocen los trabajadores. Éstos entran en muchas ocasiones a laborar en el marco de un contrato colectivo vigente, encuadrados en un sindicato que desconocen y con unos líderes que se autoproclamaron como tales. No se requiere demasiada sagacidad para afirmar que se trata de una alteración radical de lo que debe ser un sindicato y la contratación colectiva.
B) La negativa de la toma de nota, y por ello, la presunta inexistencia jurídica de sindicatos realmente existentes. Se trata de organizaciones que viven por voluntad de sus miembros, que se han dotado de estatutos y se han dado una determinada dirección, y que sin embargo, aduciendo diferentes razones, son "bateados" por las autoridades. El ministro Zaldívar colocó sobre la mesa varios casos. Se trata de un dique construido para cerrarle el paso a organizaciones a las que se considera "difíciles", "peligrosas", "inconvenientes", simple y llanamente por guardar una distancia crítica con relación al gobierno o los empresarios.
C) La toma de nota a favor de un determinado comité ejecutivo en contra de otro, cuando se presentan diferencias en el seno de las organizaciones. Esa fórmula arropa a unos y descobija a otros y a lo largo de la historia algunas de esas maniobras fueron conocidas como "charrazos", que erigían al mando de los sindicatos a direcciones sumisas a las autoridades y desplazaban a comités ejecutivos independientes. Tan sencillo que hubiese sido, en términos civilizados, democráticos (claro está), acudir a la fórmula del recuento que se encuentra contemplado en la propia legislación, para dirimir las diferencias, pero se optó -en no pocas ocasiones acompañado de la fuerza pública- por decidir por encima de la voluntad de los trabajadores. (Por ello no entiendo la insistencia de varios ministros en el sentido de que la autoridad no puede convertirse en autoridad electoral. ¿Quién entonces organizará los recuentos que prescribe la ley?).
Ese (creo) es el marco político en el que se desarrolla la muy importante discusión en la Corte. El propio presidente de la misma, el ministro Silva Meza dijo: "La tesis cuya modificación ahora analizamos parecería dar a la toma de nota una connotación de facultad aprobatoria de la elección sindical, pues en términos prácticos la facultad valorativa que ahí se le reconoce a la autoridad, al amparo de velar por el respeto de los Estatutos sindicales se traduce en una suerte de condición suspensiva para la eficacia jurídica de la elección interna de un sindicato, como si la elección no tuviera eficacia hasta que la autoridad administrativa diera por buena la elección ocurrida a través de la toma de nota".
Luego del debate, la modificación a la tesis de jurisprudencia ajustó apenas a la anterior. Dirá ahora algo como lo siguiente: "Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar únicamente si los requisitos formales rigieron el procedimiento y este se apegó a los estatutos y subsidiariamente a la Ley". El ministro ponente, Aguilar Morales, así precisó los alcances de la resolución: "La toma de nota debe limitarse sí a la verificación de los requisitos estatutarios, pero únicamente desde el punto de vista formal, sin hacer el análisis de las cualidades o calidades de lo resuelto en la asamblea, sino simplemente verificar que se haya cumplido con las etapas propuestas y señaladas en los Estatutos; que la autoridad solamente podrá negar el registro sin hacer pronunciamiento sobre la validez de esto, cuando falte alguno de estos requisitos en el Acta".
Por lo pronto, vamos a ver cómo la modificación de la jurisprudencia impactará al siguiente punto de la orden del día de la propia Corte: el amparo promovido por el Sindicato Minero contra la Secretaría del Trabajo.
jueves, 23 de junio de 2011
miércoles, 22 de junio de 2011
Así no, Europa, con estas políticas, no
Por Ignacio Fernández Toxo (Secretario General de CCOO y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos)
22 de junio de 2011
Hoy y mañana concluirá el debate en el Parlamento Europeo sobre las directivas que concretan el Plan de Gobernanza Económica. La cumbre del Consejo Europeo, un día después, debería cerrar algunos de los temas pendientes del Pacto por el Euro, entre ellos el futuro instrumento para la estabilidad financiera. Mientras, las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, practicadas desde la tristemente célebre reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 -y que han sido consagradas por el Plan y el Pacto- ya han mostrado sobrados signos de fracaso.
Establecidas para hacer frente a la crisis de las deudas soberanas, la inestabilidad financiera continúa cuando al cabo de más de año y medio de los primeros síntomas de la crisis griega, el país heleno parece abocado a la temida reestructuración de su deuda. Al fracaso financiero se une el económico: los Estados más afectados por las prescripciones de la Comisión y el Consejo prolongan su recesión o recaen en ella (Portugal), o no salen del estancamiento (España), mientras ven aumentar el desempleo como consecuencia del desplome de la demanda interna y la falta de financiación para la inversión. El fracaso social está propiciando el incremento de la desigualdad, consecuencia del más extenso ataque a las instituciones básicas del modelo social europeo que hemos conocido desde el fin de la II Guerra Mundial, esta vez directamente propiciado desde las instituciones europeas. El Pacto por el Euro pretende cimentar la competitividad de las economías periféricas -en el fondo solo está pensado para ellas-, en la disminución de los costes laborales y en el debilitamiento de la negociación colectiva, es decir en campos en donde la UE no tiene competencias. Es la antítesis de la apuesta por la economía del conocimiento de la que hablaba la estrategia de Lisboa.
No es sostenible por más tiempo que políticas tan injustas como fracasadas se nos presenten como la única alternativa posible, en contra de muchas voces razonables. Es lamentable que cuando se refuerza la coordinación de las políticas económicas, objetivo que compartimos, se haga para implementar tan malas políticas.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su XII Congreso que se celebró el pasado mes de mayo en Atenas, ha hecho una enmienda a la totalidad al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro,estableciendo al tiempo las grandes líneas de una política alternativa.
El sindicalismo europeo está luchando fuertemente contra estas políticas. A mediados de mayo de 2009, cientos de miles de trabajadores de todos los países de la UE, convocados por la CES, se manifestaban por las calles de Madrid, Berlín, Bruselas y Praga para demandar que las políticas para salir de la crisis tuvieran como objetivo principal la creación de empleo y la protección de los parados y fueran coherentes con el modelo social europeo.
Desde entonces, la CES ha convocado seis jornadas de acción europeas por objetivos similares, a partir de mayo de 2010, ya directamente confrontados con las decisiones de la Comisión y el Consejo europeos. La última se celebró ayer con una euromanifestación en Luxemburgo, que será acompañada de asambleas y manifestaciones en diversos países. En España se celebrarán hoy en Madrid y otras ciudades. Los objetivos de la jornada son expresar el rechazo al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro, al tiempo que se formulan diversas reivindicaciones concretas sobre los mismos.
Al lado de estas acciones de carácter transnacional, se han producido movilizaciones sindicales nacionales, incluidas huelgas generales, en una veintena de países, en las que han participado muchos millones de trabajadores. No se puede decir que el sindicalismo europeo no se haya enfrentado a las políticas de recortes presupuestarios y sociales. Hay que reconocer, tal vez, que todavía no está maduro para utilizar un instrumento acorde con las circunstancias: la huelga general europea.
Las instituciones europeas y la mayor parte de los Gobiernos nacionales, no han escuchado las demandas del movimiento sindical europeo. Por el contrario, han perseverado en unas políticas que además de injustas, en lo social, y erróneas, en lo económico, están erosionando el pegamento básico de la integración europea que es la solidaridad entre naciones en torno a un proyecto compartido.
Hoy ese proyecto está desdibujado y es irreconocible en sus aspectos sociales. El desapego de la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas y el auge del euroescepticismo, de la extrema derecha y del populismo, en muchos países, forman parte de la cosecha que se ha sembrado con tan malas políticas.
La CES ha resistido bien la tentación euroescéptica y populista en su XII Congreso. Frente a unas instituciones europeas que han reforzado la coordinación económica solo para reducir los déficits públicos, en plazos muy cortos, promover recortes de salarios, pensiones y prestaciones sociales y debilitar la negociación colectiva, la reacción del sindicalismo europeo no ha sido oponerse a la "gobernanza económica" o reclamar "menos Europa". Al contrario, se ha pronunciado por "más Europa", también en el campo del gobierno económico. Pero también ha expresado un rotundo: "Así no". No con estas políticas.
Para la CES, más Europa significa que el gobierno económico incluya la armonización fiscal, la promoción del crecimiento económico y del empleo de calidad y las políticas industriales, energéticas, medioambientales, de I+D+i, etcétera.
Más Europa es construir los instrumentos necesarios para cambiar el modelo económico en torno a dos paradigmas: la economía del conocimiento y la economía verde (con una "transición justa"); la productividad y la competitividad saldrán así sólidamente reforzadas.
Más Europa significa afrontar la crisis de las deudas soberanas de forma radicalmente distinta: con eficacia y desde la solidaridad, mediante instrumentos como la emisión de eurobonos y otros más de regulación financiera que hagan que los mercados sean gobernados desde el interés público por los Gobiernos y no al revés, como sucede ahora. La creación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales deberían ser medidas fundamentales de cualquier nueva regulación financiera.
Más Europa significa aumentar los presupuestos de la UE con impuestos y tasas propias. Más Europa significa necesariamente adoptar políticas sociales que preserven y refuercen el modelo social europeo, basado en servicios públicos y prestaciones sociales de calidad.
Lo que parecen no comprender la mayoría de los políticos europeos, que aplican las políticas más conservadoras y neoliberales, como si fueran las únicas posibles, es que deteriorando el pilar social de la UE están minando todo el proyecto político europeo.
Más Europa significa revitalizar un diálogo social europeo, hoy casi moribundo, empezando sobre el modo de hacer frente a los serios problemas fiscales de los Estados con medidas que permitan salir de la crisis.
El sindicalismo europeo también considera necesario, por supuesto, reducir los niveles de deuda y déficit públicos: la diferencia estriba en los plazos, los instrumentos y en el reparto social de las cargas que hay que hacer para lograrlo. Es inaceptable que toda la carga recaiga en los trabajadores y las capas sociales de menor renta. A este inaceptable modo de actuar de los responsables políticos de la UE es al que, desde nuestras propuestas, el sindicalismo europeo dice rotundamente: así no.
22 de junio de 2011
Hoy y mañana concluirá el debate en el Parlamento Europeo sobre las directivas que concretan el Plan de Gobernanza Económica. La cumbre del Consejo Europeo, un día después, debería cerrar algunos de los temas pendientes del Pacto por el Euro, entre ellos el futuro instrumento para la estabilidad financiera. Mientras, las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, practicadas desde la tristemente célebre reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 -y que han sido consagradas por el Plan y el Pacto- ya han mostrado sobrados signos de fracaso.
Establecidas para hacer frente a la crisis de las deudas soberanas, la inestabilidad financiera continúa cuando al cabo de más de año y medio de los primeros síntomas de la crisis griega, el país heleno parece abocado a la temida reestructuración de su deuda. Al fracaso financiero se une el económico: los Estados más afectados por las prescripciones de la Comisión y el Consejo prolongan su recesión o recaen en ella (Portugal), o no salen del estancamiento (España), mientras ven aumentar el desempleo como consecuencia del desplome de la demanda interna y la falta de financiación para la inversión. El fracaso social está propiciando el incremento de la desigualdad, consecuencia del más extenso ataque a las instituciones básicas del modelo social europeo que hemos conocido desde el fin de la II Guerra Mundial, esta vez directamente propiciado desde las instituciones europeas. El Pacto por el Euro pretende cimentar la competitividad de las economías periféricas -en el fondo solo está pensado para ellas-, en la disminución de los costes laborales y en el debilitamiento de la negociación colectiva, es decir en campos en donde la UE no tiene competencias. Es la antítesis de la apuesta por la economía del conocimiento de la que hablaba la estrategia de Lisboa.
No es sostenible por más tiempo que políticas tan injustas como fracasadas se nos presenten como la única alternativa posible, en contra de muchas voces razonables. Es lamentable que cuando se refuerza la coordinación de las políticas económicas, objetivo que compartimos, se haga para implementar tan malas políticas.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su XII Congreso que se celebró el pasado mes de mayo en Atenas, ha hecho una enmienda a la totalidad al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro,estableciendo al tiempo las grandes líneas de una política alternativa.
El sindicalismo europeo está luchando fuertemente contra estas políticas. A mediados de mayo de 2009, cientos de miles de trabajadores de todos los países de la UE, convocados por la CES, se manifestaban por las calles de Madrid, Berlín, Bruselas y Praga para demandar que las políticas para salir de la crisis tuvieran como objetivo principal la creación de empleo y la protección de los parados y fueran coherentes con el modelo social europeo.
Desde entonces, la CES ha convocado seis jornadas de acción europeas por objetivos similares, a partir de mayo de 2010, ya directamente confrontados con las decisiones de la Comisión y el Consejo europeos. La última se celebró ayer con una euromanifestación en Luxemburgo, que será acompañada de asambleas y manifestaciones en diversos países. En España se celebrarán hoy en Madrid y otras ciudades. Los objetivos de la jornada son expresar el rechazo al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro, al tiempo que se formulan diversas reivindicaciones concretas sobre los mismos.
Al lado de estas acciones de carácter transnacional, se han producido movilizaciones sindicales nacionales, incluidas huelgas generales, en una veintena de países, en las que han participado muchos millones de trabajadores. No se puede decir que el sindicalismo europeo no se haya enfrentado a las políticas de recortes presupuestarios y sociales. Hay que reconocer, tal vez, que todavía no está maduro para utilizar un instrumento acorde con las circunstancias: la huelga general europea.
Las instituciones europeas y la mayor parte de los Gobiernos nacionales, no han escuchado las demandas del movimiento sindical europeo. Por el contrario, han perseverado en unas políticas que además de injustas, en lo social, y erróneas, en lo económico, están erosionando el pegamento básico de la integración europea que es la solidaridad entre naciones en torno a un proyecto compartido.
Hoy ese proyecto está desdibujado y es irreconocible en sus aspectos sociales. El desapego de la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas y el auge del euroescepticismo, de la extrema derecha y del populismo, en muchos países, forman parte de la cosecha que se ha sembrado con tan malas políticas.
La CES ha resistido bien la tentación euroescéptica y populista en su XII Congreso. Frente a unas instituciones europeas que han reforzado la coordinación económica solo para reducir los déficits públicos, en plazos muy cortos, promover recortes de salarios, pensiones y prestaciones sociales y debilitar la negociación colectiva, la reacción del sindicalismo europeo no ha sido oponerse a la "gobernanza económica" o reclamar "menos Europa". Al contrario, se ha pronunciado por "más Europa", también en el campo del gobierno económico. Pero también ha expresado un rotundo: "Así no". No con estas políticas.
Para la CES, más Europa significa que el gobierno económico incluya la armonización fiscal, la promoción del crecimiento económico y del empleo de calidad y las políticas industriales, energéticas, medioambientales, de I+D+i, etcétera.
Más Europa es construir los instrumentos necesarios para cambiar el modelo económico en torno a dos paradigmas: la economía del conocimiento y la economía verde (con una "transición justa"); la productividad y la competitividad saldrán así sólidamente reforzadas.
Más Europa significa afrontar la crisis de las deudas soberanas de forma radicalmente distinta: con eficacia y desde la solidaridad, mediante instrumentos como la emisión de eurobonos y otros más de regulación financiera que hagan que los mercados sean gobernados desde el interés público por los Gobiernos y no al revés, como sucede ahora. La creación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales deberían ser medidas fundamentales de cualquier nueva regulación financiera.
Más Europa significa aumentar los presupuestos de la UE con impuestos y tasas propias. Más Europa significa necesariamente adoptar políticas sociales que preserven y refuercen el modelo social europeo, basado en servicios públicos y prestaciones sociales de calidad.
Lo que parecen no comprender la mayoría de los políticos europeos, que aplican las políticas más conservadoras y neoliberales, como si fueran las únicas posibles, es que deteriorando el pilar social de la UE están minando todo el proyecto político europeo.
Más Europa significa revitalizar un diálogo social europeo, hoy casi moribundo, empezando sobre el modo de hacer frente a los serios problemas fiscales de los Estados con medidas que permitan salir de la crisis.
El sindicalismo europeo también considera necesario, por supuesto, reducir los niveles de deuda y déficit públicos: la diferencia estriba en los plazos, los instrumentos y en el reparto social de las cargas que hay que hacer para lograrlo. Es inaceptable que toda la carga recaiga en los trabajadores y las capas sociales de menor renta. A este inaceptable modo de actuar de los responsables políticos de la UE es al que, desde nuestras propuestas, el sindicalismo europeo dice rotundamente: así no.
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