Por Miguel Ángel Granados Chapa
30 de noviembre de 2010
Propongo ser comprensivos con el diputado priista Víctor Flores Morales, líder de los ferrocarrileros. La noche en que fue medida su velocidad de lectura, cuando se supo que lee como si fuera un educando de cuarto grado de primaria: sólo 103 palabras por minuto, el tema en que intervino lo saca de sus casillas, lo pone "nervioso", como decimos. En todo caso, ser mal lector no es su peor defecto. Los jubilados de su gremio, y aun sus dirigidos, en la actualidad suelen quejarse de algunos de sus más acentuados defectos, que tienen que ver con su afición al dinero ajeno y su necesidad de ostentar lo que hace con él.
Reforma midió intervenciones de diputados durante la discusión del Presupuesto federal, y encontró que los legisladores leen tartajosamente, como escolares. Ya cerca del alba del 16 de noviembre tocó a Francisco Hernández Juárez, líder telefonista, diputado en la fracción del PRD, uno de los presidentes de la Unión Nacional de Trabajadores, abordar el tema cuya reserva había pedido horas antes. Pretendía que el presupuesto incluyera una partida de 3 mil 500 millones de pesos para mitigar los quebrantos del fideicomiso para los jubilados ferrocarrileros, pues de lo contrario ese fondo puede quedarse sin recursos el año próximo. Apenas esbozaba la idea cuando Flores Morales pidió la palabra, dizque para hacer una pregunta al orador, en realidad con la pretensión de que no abordara ese tema, que juzga de su exclusiva incumbencia, aunque en los hechos no sólo no haya hecho nada para asegurar las pensiones de los jubilados sino, al contrario, habría dispuesto de fondos que con el mismo propósito generaron los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, durante décadas, a partir de 1932 y hasta el aciago momento de la privatización ferroviaria, que se inició en 1997.
A pesar de su alegato, al que no tenía derecho pues ni siquiera se había formulado la iniciativa que haría Hernández Juárez, el dirigente de los telefonistas pudo completar su propuesta, que no obstante la delicadeza de sus términos fue desechada por mayoría. Ocurre que al ser vendidos los bienes de la empresa ferroviaria nacional, se dispuso la creación de un fideicomiso que asegurara la suerte de los jubilados, más de 53 mil entonces. El fondo fue creado con 13 mil 500 millones de pesos, pero hoy cuenta con sólo 6 mil, siendo que las obligaciones que debe enfrentar llegan a 21 mil millones de pesos. El déficit de 15 mil millones de pesos debe ser cubierto por el Estado, que garantizó al decretar la privatización el pago de las pensiones por jubilación. Hernández Juárez propuso, ya hemos dicho que sin éxito, que se dispusiera cubrir 3 mil 500 millones de pesos para 2011 y siete pagos adicionales para cubrir el monto de las obligaciones.
Flores Morales lo increpó y, como cumple a su vocación zoológica, se trepó a la curul y desde allí alegó contra el líder antagónico. No es la primera vez que holla las butacas de la Cámara, pues no es la primera que se abordan allí cuestiones que lo ponen en entredicho y lo irritan. Es la tercera ocasión que llega a San Lázaro y cada vez ha roto el orden con sus malos modos. Pero no sólo eso: alguna vez amenazó directamente al diputado panista Javier Paz Zarza, quien dos días más tarde fue amagado en el estacionamiento de la Cámara por pistoleros enviados por el dirigente ferrocarrilero.
Aunque su currículum asegura que es contador privado, Flores Morales no desempeñó nunca labores profesionales en esa rama en los FFCCNN. Era guardavía y pronto pudo dejar de trabajar porque se incorporó a la política sindical, primero en Veracruz, su tierra natal, en la sección 28, y luego en el ámbito nacional, a la sombra de su paisano Jorge Peralta, con quien fue ascendiendo en el escalafón sindical hasta ser elegido secretario nacional en 1995. Se mostró más que dispuesto, sometido en realidad, al plan privatizador del presidente Zedillo, una desastrosa operación que canceló el transporte ferroviario de pasajeros, medio de comunicación que prospera en los países civilizados, y entregó concesiones para el transporte de carga a tres empresas principales, propiedad de poderosos grupos económicos locales asociados a consorcios ferroviarios norteamericanos, como Kansas City Southern y Union Pacific Railroad. Este último es el aliado extranjero -del que Zedillo fue consejero- del Grupo México de la familia Larrea que, como el resto de los concesionarios, está encantada con tener un sindicato encabezado por Flores.
Éste condicionó su apoyo a la privatización a la permanencia del sindicato (no de la totalidad del personal, en lo que fue sumamente flexible) y a la recontratación del personal por su conducto. Al efecto estableció 39 bolsas de trabajo (una en cada sección) que mediante una cuota extraoficial garantizó a un reducido número de trabajadores continuar en las nuevas empresas empleadoras.
Ese mecanismo fue muy lucrativo para Flores pero al parecer lo fue más, salvo que se pruebe lo contrario, algo que no ha querido hacer, disponer de los fondos de la sociedad mutualista Previsión Obrera, cientos y quizá miles de millones que se diluyeron cuando el mecanismo previsor fue cancelado a la hora de la privatización. De cualquiera de esos orígenes -no de su propia pensión de 87 mil pesos mensuales, añadidos a su paga como líder- deriva la fortuna que ostenta: automóviles Mercedes Benz, Jaguar y Lincoln, y su casa en el puerto de donde es originario, de una manzana entera.
martes, 30 de noviembre de 2010
jueves, 25 de noviembre de 2010
La educación
Por José Woldenberg
25 de noviembre de 2010
La escuela es el espacio en el cual los niños deben adquirir los conocimientos, destrezas y valores que les permitan una mejor incorporación a la vida social y además debe ser el basamento que modele y module la convivencia. Si ese espacio falla, los niños verán multiplicarse los obstáculos para su vida futura y se alimentará aún más la escisión entre los diferentes países que hoy conforman a México. No hay sustituto para la escuela (los grandes medios que tienen un impacto formidable en la "conciencia" pública no parecen estar ni mínimamente preocupados por sus contenidos y no es difícil observar que en muchos casos incluso militan en contra de los valores ilustrados). Por ello mismo resulta inescapable pensar y actuar para que la escuela cumpla cabalmente con el papel para el que fue diseñada. Y cada vez son más las voces que insisten -y con razón- que el deber ser de la educación no se está cumpliendo.
Apenas el domingo pasado la naciente Coalición Ciudadana por la Educación hizo un llamado de atención y puso sobre la mesa una serie de exigencias que no deben ser desatendidas. Si mal no entiendo, su diagnóstico es que la fusión-confusión entre autoridades y sindicato no permite -sino todo lo contrario, impide- que cada cual cumpla con su función. Y por ello buscan "el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo", ya que la "simbiosis atípica entre sindicato y autoridades" hace que mientras la dirección sindical se entrometa en la política educativa, las autoridades fallen como garantes del derecho a la educación.
La fuerza del sindicato ha venido expandiendo su radio de acción con el acuerdo de las autoridades hasta generar una especie de cogobierno que incide de manera negativa en el rumbo de la educación. El documento señala que ese poder "se ha incrementado... y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente". Y en efecto, si en el pasado desde la cúspide del poder político se intentaba (y lograba) mantener bajo dominio no sólo al SNTE sino a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales e incluso a otros poderes constitucionales, hoy los grados de autonomía de esa constelación se han ampliado. Y qué bueno que así sea. No creo que debamos idealizar o añorar aquella situación. El problema aparece cuando los actores sociales empiezan a cumplir con roles que no les corresponden, llegando incluso a invertir los papeles. Así, cuando los cargos directivos o de supervisión están en manos de quienes debían ser los supervisados, algo se trastoca. Que el sindicato se convierta en autoridad y que ésta última decline de sus responsabilidades genera un "arreglo" no apto para una auténtica evaluación del trabajo en las aulas.
Ahí -creo- reside parte del drama educativo en nuestro país. Y como bien dice la Coalición Ciudadana por la Educación es menester "colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras". En los salones de clase transcurre la misión sustantiva de la escuela y la columna vertebral de cualquier sistema educativo son y seguirán siendo los maestros. De ellos depende la calidad de la información, la pertinencia de la enseñanza, el sentido del marco valorativo, los atributos de las destrezas que reciben los niños. No hay rodeos ni rutas cortas. No hay educación sin maestros.
Estamos hablando de un derecho -el de la educación de calidad- que deberíamos pensar como una "prioridad nacional". Y en esa dirección, como bien señala el documento multicitado, son necesarias la profesionalización del magisterio, creando un auténtico servicio de carrera "basado en el desempeño y la capacidad", la transparencia en el uso de los recursos públicos, tanto por parte de las autoridades como del sindicato y la cancelación de las muchas prácticas que generan corrupción.
Sólo tengo una duda con relación a los planteamientos de la coalición. Demandan un nuevo marco laboral (necesario), pero señalan que el mismo debe ser dictado de manera unilateral por los ejecutivos federal y estatales. Si mal no entiendo, las Condiciones Generales de Trabajo, legalmente son aprobadas por la autoridad, previa consulta con la representación de los trabajadores (el sindicato). Y por esa vía los sindicatos encuadrados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución han venido de manera sistemática estableciendo una cierta bilateralidad en la definición de las condiciones de trabajo. Y creo que eso no está mal. Es más, así debe ser. Un pacto entre dos partes es el que permite una regulación acordada de los salarios, prestaciones, comisiones mixtas laborales, etcétera. El asunto entonces no es volver a construir una autoridad que "por sus pistolas" dicte esas normas, sino entender que lo que no es negociable es el núcleo académico de la educación y por ello tampoco las tareas de dirección y supervisión de la misma.
25 de noviembre de 2010
La escuela es el espacio en el cual los niños deben adquirir los conocimientos, destrezas y valores que les permitan una mejor incorporación a la vida social y además debe ser el basamento que modele y module la convivencia. Si ese espacio falla, los niños verán multiplicarse los obstáculos para su vida futura y se alimentará aún más la escisión entre los diferentes países que hoy conforman a México. No hay sustituto para la escuela (los grandes medios que tienen un impacto formidable en la "conciencia" pública no parecen estar ni mínimamente preocupados por sus contenidos y no es difícil observar que en muchos casos incluso militan en contra de los valores ilustrados). Por ello mismo resulta inescapable pensar y actuar para que la escuela cumpla cabalmente con el papel para el que fue diseñada. Y cada vez son más las voces que insisten -y con razón- que el deber ser de la educación no se está cumpliendo.
Apenas el domingo pasado la naciente Coalición Ciudadana por la Educación hizo un llamado de atención y puso sobre la mesa una serie de exigencias que no deben ser desatendidas. Si mal no entiendo, su diagnóstico es que la fusión-confusión entre autoridades y sindicato no permite -sino todo lo contrario, impide- que cada cual cumpla con su función. Y por ello buscan "el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo", ya que la "simbiosis atípica entre sindicato y autoridades" hace que mientras la dirección sindical se entrometa en la política educativa, las autoridades fallen como garantes del derecho a la educación.
La fuerza del sindicato ha venido expandiendo su radio de acción con el acuerdo de las autoridades hasta generar una especie de cogobierno que incide de manera negativa en el rumbo de la educación. El documento señala que ese poder "se ha incrementado... y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente". Y en efecto, si en el pasado desde la cúspide del poder político se intentaba (y lograba) mantener bajo dominio no sólo al SNTE sino a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales e incluso a otros poderes constitucionales, hoy los grados de autonomía de esa constelación se han ampliado. Y qué bueno que así sea. No creo que debamos idealizar o añorar aquella situación. El problema aparece cuando los actores sociales empiezan a cumplir con roles que no les corresponden, llegando incluso a invertir los papeles. Así, cuando los cargos directivos o de supervisión están en manos de quienes debían ser los supervisados, algo se trastoca. Que el sindicato se convierta en autoridad y que ésta última decline de sus responsabilidades genera un "arreglo" no apto para una auténtica evaluación del trabajo en las aulas.
Ahí -creo- reside parte del drama educativo en nuestro país. Y como bien dice la Coalición Ciudadana por la Educación es menester "colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras". En los salones de clase transcurre la misión sustantiva de la escuela y la columna vertebral de cualquier sistema educativo son y seguirán siendo los maestros. De ellos depende la calidad de la información, la pertinencia de la enseñanza, el sentido del marco valorativo, los atributos de las destrezas que reciben los niños. No hay rodeos ni rutas cortas. No hay educación sin maestros.
Estamos hablando de un derecho -el de la educación de calidad- que deberíamos pensar como una "prioridad nacional". Y en esa dirección, como bien señala el documento multicitado, son necesarias la profesionalización del magisterio, creando un auténtico servicio de carrera "basado en el desempeño y la capacidad", la transparencia en el uso de los recursos públicos, tanto por parte de las autoridades como del sindicato y la cancelación de las muchas prácticas que generan corrupción.
Sólo tengo una duda con relación a los planteamientos de la coalición. Demandan un nuevo marco laboral (necesario), pero señalan que el mismo debe ser dictado de manera unilateral por los ejecutivos federal y estatales. Si mal no entiendo, las Condiciones Generales de Trabajo, legalmente son aprobadas por la autoridad, previa consulta con la representación de los trabajadores (el sindicato). Y por esa vía los sindicatos encuadrados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución han venido de manera sistemática estableciendo una cierta bilateralidad en la definición de las condiciones de trabajo. Y creo que eso no está mal. Es más, así debe ser. Un pacto entre dos partes es el que permite una regulación acordada de los salarios, prestaciones, comisiones mixtas laborales, etcétera. El asunto entonces no es volver a construir una autoridad que "por sus pistolas" dicte esas normas, sino entender que lo que no es negociable es el núcleo académico de la educación y por ello tampoco las tareas de dirección y supervisión de la misma.
jueves, 18 de noviembre de 2010
Opaca opción para Mexicana
Por Miguel Ángel Granados Chapa
18 de noviembre de 2010
Autoridades que actúan oficiosamente (a cambio de su omisión en cumplir sus obligaciones en otra etapa del caso) tratan de imponer a los sindicatos la aceptación de la alternativa que más daña los intereses de los trabajadores
¿A santo de qué, a qué título participan los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo en la decisión de revivir a Mexicana, inclinados a una opción que ha sido ya rechazada por dos sindicatos -el de pilotos y el de empleados de tierra- y genera reparos en un tercero (el de sobrecargos)?
Cuando Mexicana decidió acogerse al concurso mercantil (forma moderna de la suspensión de pagos) y dejar de volar, con lo que deliberadamente empeoró su situación pues dejó de generar ingresos y acrecentó sus pasivos, la Secretaría de Comunicaciones debió requisar la empresa, para asegurar la continuidad del servicio público concesionado a la casi fallida aerolínea, y no lo hizo. No se trataba de un rescate al modo en que esa empresa y otras del sector aéreo han sido beneficiadas en el pasado, sino de la aplicación de una norma administrativa para la cual está capacitada legalmente esa dependencia.
En contraste con su omisión en el ámbito que le es propio, la SCT, su titular Juan Molinar Horcasitas, en particular, se ha mostrado activo en decidir cuál de las entidades financieras que han mostrado interés en adquirir la concesión que Mexicana puede obtenerla. No se trata de una licitación en que competa a un órgano del Estado resolver cuál postura garantiza un mejor precio o una mejor prestación de un servicio. Se trata de una operación entre particulares, regulada por el derecho mercantil en que, si acaso hay espacio para que la SCT intervenga, es para cuidar que se atiendan las restricciones legales en materia de inversión extranjera.
Mexicana está por ahora sujeta a la Ley de Concursos Mercantiles, dejada en el aire (paradójicamente, pues en realidad la dejaron en tierra) por sus accionistas. Su gestión está a cargo de un administrador provisional, y su suerte jurídica depende del conciliador, figura jurídica establecida en la mencionada Ley de Concursos Mercantiles, que mientras el juez enlista a los acreedores y fija el orden de prioridades para el pago de los adeudos de la empresa sometida a ese procedimiento de la legislación de comercio, él trata de conciliarlos. No se ve en qué medida tengan capacidad para resolver quién ha de ocuparse de los pasivos de la aerolínea llevada a la ruina deliberadamente por el grupo que la compró al gobierno en 2005 y que la regaló a nuevos accionistas que no hicieron en breve término más que empeorar la situación de la empresa, al grado de asestarle la puntilla, como se hace y dice en la tauromaquia.
No sólo eso: dichos administrador y conciliador solicitaron oficiosamente que las secretarías de Comunicaciones y de Trabajo avalaran su propia propuesta que, si cabe entre sus facultades, debieron asumir con autonomía. Debieron hacerlo así teniendo en cuenta que por lo menos respecto de PC Capital, financiera escogida para recibir la ganga en que se convirtió Mexicana, fue presentada a la SCT por el secretario del Trabajo, quien actuaría así como gestor de negocios privados.
El titular del Trabajo cumple en esa función también de otra manera, abogando ante los sindicatos por esa empresa, lo que ha ocasionado la inconformidad de las otras interesadas, TG Group y BMC Financial Investments. Si bien Javier Lozano admite -no podría ser de otra manera- que son las agrupaciones sindicales las que han de resolver si aceptan las condiciones de PC Capital, es llamativa su intimación a que resuelvan ya, escogiendo entre la oferta de esa financiera o la quiebra de Mexicana.
De las tres opciones, la que más castiga el interés de los trabajadores es la escogida por las autoridades que oficiosamente intervienen en el caso y por el administrador y el conciliador, cuyas funciones no incluyen revisar la composición del capital de la empresa que atienden en esta emergencia. PC Capital pretende reducir severamente el personal, pues su propósito es achicar la empresa: de mil 154 pilotos sólo serían recontratados 242, y de mil 724 sobrecargos permanecerían 375, ya que sólo estarían en operación 29 aeronaves. La reducción sería de 65 por ciento.
Si el dilema se planteara exclusivamente en esos términos: la propuesta de PC Capital o la quiebra, los sindicatos acaso optarán por rescatar de lo perdido lo que aparezca. Pero hay otras posibilidades, que además son mejores. Las otras financieras interesadas están dispuestas a un recorte de personal de mucho menor proporción que el de la oferta escogida. BMC Financial Investments se queja de que no ha sido notificada por la SCT de las razones por las cuales se eligió a PC Capital, siendo que se propone tener en vuelo 59 aviones (30 más que los de la opción escogida). Y recontrataría 80 por ciento del personal.
Investido de autoridad aeronáutica, el secretario del Trabajo ha dicho que es inviable la oferta de más aviones y más personal. Un verdadero experto, en cambio, pone en duda la viabilidad del ofrecimiento de PC Capital: con los 150 millones de dólares que aportará, "existe el riesgo de que después de seis meses tenga problemas de flujo de caja", dijo Bart Pattyn, presidente para América Latina de Coface, aseguradora de riesgo empresarial y experto en aviación. (Reforma, 12 de noviembre).
Por si faltaran opacidades en este procedimiento, he aquí una más: las tres empresas interesadas son financieras, que acaso obran por cuenta de terceros pues ellas no se dedican a la aviación. Sólo una persona con experiencia en el ramo aparece en este escenario: PC Capital es representada por Arturo Barahona, que ya fue ejecutivo de Mexicana, bajo Gastón Azcárraga.
Cajón de Sastre
Mientras que los dueños del Grupo México son tratados con lenidad hasta para comparecer ante los tribunales, que se abstienen de sancionarlos por su ausencia, la lucha judicial de Napoleón Gómez Urrutia es interminable. La Suprema Corte dispuso que, al contrario de lo pedido por el dirigente minero, es constitucional la ley con arreglo a la cual solicitó su aprehensión la PGR. Eso no significa que pueda ser capturado. El fallo devuelve el caso a un tribunal colegiado que revisa el amparo concedido a Gómez Urrutia contra esa orden de aprehensión, cuya solicitud es defectuosa según el propio juzgado de garantías, por lo que el juez penal que la expidió debe corregirla y si no es posible, negarla a la PGR, que sólo vence al líder minero en los boletines de prensa, no ante la justicia.
18 de noviembre de 2010
Autoridades que actúan oficiosamente (a cambio de su omisión en cumplir sus obligaciones en otra etapa del caso) tratan de imponer a los sindicatos la aceptación de la alternativa que más daña los intereses de los trabajadores
¿A santo de qué, a qué título participan los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo en la decisión de revivir a Mexicana, inclinados a una opción que ha sido ya rechazada por dos sindicatos -el de pilotos y el de empleados de tierra- y genera reparos en un tercero (el de sobrecargos)?
Cuando Mexicana decidió acogerse al concurso mercantil (forma moderna de la suspensión de pagos) y dejar de volar, con lo que deliberadamente empeoró su situación pues dejó de generar ingresos y acrecentó sus pasivos, la Secretaría de Comunicaciones debió requisar la empresa, para asegurar la continuidad del servicio público concesionado a la casi fallida aerolínea, y no lo hizo. No se trataba de un rescate al modo en que esa empresa y otras del sector aéreo han sido beneficiadas en el pasado, sino de la aplicación de una norma administrativa para la cual está capacitada legalmente esa dependencia.
En contraste con su omisión en el ámbito que le es propio, la SCT, su titular Juan Molinar Horcasitas, en particular, se ha mostrado activo en decidir cuál de las entidades financieras que han mostrado interés en adquirir la concesión que Mexicana puede obtenerla. No se trata de una licitación en que competa a un órgano del Estado resolver cuál postura garantiza un mejor precio o una mejor prestación de un servicio. Se trata de una operación entre particulares, regulada por el derecho mercantil en que, si acaso hay espacio para que la SCT intervenga, es para cuidar que se atiendan las restricciones legales en materia de inversión extranjera.
Mexicana está por ahora sujeta a la Ley de Concursos Mercantiles, dejada en el aire (paradójicamente, pues en realidad la dejaron en tierra) por sus accionistas. Su gestión está a cargo de un administrador provisional, y su suerte jurídica depende del conciliador, figura jurídica establecida en la mencionada Ley de Concursos Mercantiles, que mientras el juez enlista a los acreedores y fija el orden de prioridades para el pago de los adeudos de la empresa sometida a ese procedimiento de la legislación de comercio, él trata de conciliarlos. No se ve en qué medida tengan capacidad para resolver quién ha de ocuparse de los pasivos de la aerolínea llevada a la ruina deliberadamente por el grupo que la compró al gobierno en 2005 y que la regaló a nuevos accionistas que no hicieron en breve término más que empeorar la situación de la empresa, al grado de asestarle la puntilla, como se hace y dice en la tauromaquia.
No sólo eso: dichos administrador y conciliador solicitaron oficiosamente que las secretarías de Comunicaciones y de Trabajo avalaran su propia propuesta que, si cabe entre sus facultades, debieron asumir con autonomía. Debieron hacerlo así teniendo en cuenta que por lo menos respecto de PC Capital, financiera escogida para recibir la ganga en que se convirtió Mexicana, fue presentada a la SCT por el secretario del Trabajo, quien actuaría así como gestor de negocios privados.
El titular del Trabajo cumple en esa función también de otra manera, abogando ante los sindicatos por esa empresa, lo que ha ocasionado la inconformidad de las otras interesadas, TG Group y BMC Financial Investments. Si bien Javier Lozano admite -no podría ser de otra manera- que son las agrupaciones sindicales las que han de resolver si aceptan las condiciones de PC Capital, es llamativa su intimación a que resuelvan ya, escogiendo entre la oferta de esa financiera o la quiebra de Mexicana.
De las tres opciones, la que más castiga el interés de los trabajadores es la escogida por las autoridades que oficiosamente intervienen en el caso y por el administrador y el conciliador, cuyas funciones no incluyen revisar la composición del capital de la empresa que atienden en esta emergencia. PC Capital pretende reducir severamente el personal, pues su propósito es achicar la empresa: de mil 154 pilotos sólo serían recontratados 242, y de mil 724 sobrecargos permanecerían 375, ya que sólo estarían en operación 29 aeronaves. La reducción sería de 65 por ciento.
Si el dilema se planteara exclusivamente en esos términos: la propuesta de PC Capital o la quiebra, los sindicatos acaso optarán por rescatar de lo perdido lo que aparezca. Pero hay otras posibilidades, que además son mejores. Las otras financieras interesadas están dispuestas a un recorte de personal de mucho menor proporción que el de la oferta escogida. BMC Financial Investments se queja de que no ha sido notificada por la SCT de las razones por las cuales se eligió a PC Capital, siendo que se propone tener en vuelo 59 aviones (30 más que los de la opción escogida). Y recontrataría 80 por ciento del personal.
Investido de autoridad aeronáutica, el secretario del Trabajo ha dicho que es inviable la oferta de más aviones y más personal. Un verdadero experto, en cambio, pone en duda la viabilidad del ofrecimiento de PC Capital: con los 150 millones de dólares que aportará, "existe el riesgo de que después de seis meses tenga problemas de flujo de caja", dijo Bart Pattyn, presidente para América Latina de Coface, aseguradora de riesgo empresarial y experto en aviación. (Reforma, 12 de noviembre).
Por si faltaran opacidades en este procedimiento, he aquí una más: las tres empresas interesadas son financieras, que acaso obran por cuenta de terceros pues ellas no se dedican a la aviación. Sólo una persona con experiencia en el ramo aparece en este escenario: PC Capital es representada por Arturo Barahona, que ya fue ejecutivo de Mexicana, bajo Gastón Azcárraga.
Cajón de Sastre
Mientras que los dueños del Grupo México son tratados con lenidad hasta para comparecer ante los tribunales, que se abstienen de sancionarlos por su ausencia, la lucha judicial de Napoleón Gómez Urrutia es interminable. La Suprema Corte dispuso que, al contrario de lo pedido por el dirigente minero, es constitucional la ley con arreglo a la cual solicitó su aprehensión la PGR. Eso no significa que pueda ser capturado. El fallo devuelve el caso a un tribunal colegiado que revisa el amparo concedido a Gómez Urrutia contra esa orden de aprehensión, cuya solicitud es defectuosa según el propio juzgado de garantías, por lo que el juez penal que la expidió debe corregirla y si no es posible, negarla a la PGR, que sólo vence al líder minero en los boletines de prensa, no ante la justicia.
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