Periódico La Jornada
19 de agosto de 2010
"El gobierno escuchó las voces del desarrollo y la inversión, y desoyó los gritos del subdesarrollo que se oponen a la competencia en el mercado, declaró el vicepresidente corporativo de Nextel, Gustavo Cantú. La frase, pronunciada al calor de la entrega a las empresas Televisa y Nextel de la banda de 30 Mhz del espectro radioeléctrico, a cambio de 180 millones de pesos, resume, o eso pretende, la
filosofíaque define desde hace años las políticas económicas del gobierno representado por Monny de Swan, el impugnado presidente de Cofetel. Aumentar la competencia, favorecer la productividad, en definitiva, liberar al capitalismo de las trabas legales (o sociales) que frenan el crecimiento de los mercados, es la razón de ser que el panismo se ha autoimpuesto, mas allá de las formulaciones doctrinarias que en sus orígenes lo vinculaban con un cierto humanismo cristiano sin dejar de ser el partido de los empresarios. En este recorrido, que está marcado por su ascenso, el viejo partido conservador ha buscado construirse la imagen de una fuerza al servicio de la modernidad, es decir, confiable en términos de los códigos y los paradigmas establecidos en los centros vitales de la globalización, aunque en los hechos la realidad compruebe que en materia de gobierno y políticas públicas no existen los automatismos y que no basta la adhesión a ciertos principios para obtener buenos resultados. Pero es obvio que el presidente Calderón desea fomentar los grandes negocios privados como el camino ideal al desarrollo, es decir, como la piedra de toque de la conquista de la
equidad, ese horizonte que se aleja en vez de aproximarse. Sin un planteamiento capaz de poner sobre los pies el tema de la redistribución del ingreso (y sin una visión del futuro que permita a México vislumbrar su inserción en el mundo global), la idea de
bien comúnse ha reducido a impulsar la competencia aunque no mencione en qué criterios objetivos se apoya el gobierno para favorecer a unas empresas sobre otras, lo cual, claro, distorsiona la misma competencia, y las demás reglas del juego.
Se da el caso, como ocurre con la asignación del espectro radioeléctrico, de que la decisión resulte parcial y, por tanto, injusta, con respecto a los jugadores interesados, pero es doblemente lesiva pues daña los intereses del Estado mexicano, que a cambio de muy poco remata algo que pertenece a todos. Por ello, con justa razón, se ha denunciado la operación aprobada (irregularmente) como un
atraco, toda vez que
a cambio de 180 millones de pesos, Televisa y Nextel han recibido una banda de 30 Mhz, de alcance nacional, para servicios de telefonía celular. Ese precio es 28 veces más bajo que el que otras empresas pagarán por segmentos de las mismas dimensiones. En la misma licitación 21, Telcel y Telefónica adquieren otros 30 Mhz a cambio de 5 mil 68 millones de pesos. El doble juego oficial sólo se entiende a partir de la connivencia de las autoridades responsables con los intereses de las empresas beneficiadas, pues de otra forma sería inexplicable, como bien señala AMEDI, que le concediera un precio ridículo a
un consorcio que ya acapara 56 por ciento de las frecuencias para televisión comercial en todo el país.
No es la primera vez que el gobierno se equivoca al tratar de escuchar
las voces del desarrollo y la inversión. En lo que concierne a la crisis de Mexicana de Aviación es obvio que Comunicaciones y Transportes, tan atenta a las señales del mercado, dejó a los dueños de la empresa hacer y deshacer a su antojo, como si no se tratara de un servicio público sujeto a concesión. Lejos de sostener una política aérea nacional viable y sostenible, el gobierno se esfuerza por darle seguridades a unos cuantos grupos de inversionista privilegiados que han probado, a ciencia y paciencia de las autoridades, junto con su enorme ineficacia la mayor voracidad.
Pero lo más grave, a final de cuentas, es la ausencia de una estrategia gubernamental que no sea el expediente de rematar los bienes públicos al mejor postor; la visión estrecha, economicista, del papel del Estado como ente subordinado a la libertad de empresa.
De otro modo no se entiende racionalmente la decisión de extinguir Luz y Fuerza sin tener sobre la mesa una alternativa clara, más moderna y eficiente para la restructuración del servicio. Pero el gobierno prefirió la opacidad que aseguraba la concesión de la fibra óptica, aunque dejara en riesgo el suministro y, lo que no es menor, los derechos de miles de trabajadores, que no fueron recontratados. ¿En nombre del bien común?
Apenas ahora, debido a la orden del IFAI, cumplirá con la obligación de informar sobre los pormenores de un caso con infinidad de aristas.
Finalmente, llama la atención que el corolario de varias operaciones de modernización del capital sea la destrucción de los derechos laborales y sindicales de los asalariados. Si ese es el camino para dejar de escuchar el
grito del subdesarrollo, más nos vale encomendarnos a la divinidad.
