Yunes, precampaña con dinero público

Por Miguel Ángel Granados Chapa

21 Jun. 10

Para llevar a cabo su intensa autopromoción Yunes Linares pasó por alto la prohibición que existe en el artículo 134, tal vez porque no están determinadas las posibles sanciones, pero un político probo no lo hubiera hecho

Desde que asumió la dirección general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares utilizó ese cargo como plataforma para llegar al gobierno de Veracruz, ahora por la vía de Acción Nacional y no del PRI, en que había militado desde muchacho. Con ese propósito, privilegió la inversión de ese organismo en su estado natal, viajó a él con frecuencia inusitada, publicitó esos viajes, así su objetivo fuese de menor importancia, con fuerte gasto en los medios locales. Siempre figuraba en el centro de la información pagada, salvo cuando aparecía al lado del presidente Calderón, o de la pareja presidencial, pues entonces el móvil era mostrar a los veracruzanos cuán cercano estaba al titular del Poder Ejecutivo, proximidad de la que derivaría a la postre la candidatura que ahora despliega.

La autopromoción de Yunes era en sí misma una infracción a la norma constitucional que prohíbe la propaganda personalizada. Pero como el artículo 134, reformado en 2007, no ha sido reglamentado, el entonces director del ISSSTE lo pasó por alto, algo que un funcionario probo, movido por la ética de la responsabilidad en el desempeño de su cargo no hubiera hecho, pues el principio está sentado aunque no se determinen las sanciones en que incurren quienes lo infringen.

Era tal la frecuencia con que Yunes aparecía en su tierra natal y lo divulgaba a través de información pagada, que todo el mundo se percató del ánimo político-electoral con que procedía. Pero ahora ha aparecido un libro donde se documenta con puntualidad el trasiego de dinero público practicado por el director general del ISSSTE a medios informativos de Veracruz para hacerse presente en los que claramente pueden ser interpretados hoy que es candidato como actos anticipados de campaña, que nadie, ni en su partido ni fuera de él, pudo enfrentar debido a su carácter oneroso. Se trata del resultado de una minuciosa investigación realizada por Ramón Méndez López, que tituló a su obra La campaña del dinero sucio. "Cómo utilizó Miguel Ángel Yunes el presupuesto del ISSSTE para su promoción política".

En poco más de dos años que duraron esos actos anticipados de campaña, Yunes hizo pagar al ISSSTE más de 20 millones de pesos en inserciones publicitarias en diarios veracruzanos, principalmente los que se editan en la capital y en las ciudades más pobladas de la entidad. No sólo derrochaba el dinero para anunciar el inicio de la construcción de un hospital y después para avisar de su inauguración; también empleaba el dinero público para librar su combate personal contra el gobierno estatal.

Por ejemplo, el 1o. de abril del año pasado pagó 270 mil pesos por dos planas a todo color en el diario cordobés El mundo. La nota, en apariencia neutra e inocente, estaba encabezada como sigue: "El ISSSTE tiene programada la construcción de un hospital en Córdoba". Bajo esa apariencia se ocultaba una acusación al gobierno municipal priista. El texto explicaba: "Veracruz es la única entidad del país donde al ISSSTE le ponen obstáculos para llevar a cabo obras en beneficio de sus derechohabientes, sin reparar en que los afectados son ellos mismos. Lo lamentamos".

Yunes promovía su imagen al anunciar, asimismo, la inversión que el ISSSTE realizaba en su entidad natal. No lo hacía sólo en diarios veracruzanos. El 5 de julio de 2007, cuando faltaba un semestre para la entrada en vigor de un presupuesto que ni siquiera estaba aprobado, La Jornada de la Ciudad de México tituló un infomercial de la siguiente manera: "Anuncia Yunes inversión de casi siete mil millones de pesos en Veracruz". Al año siguiente, el 1o. de febrero, el Diario de Xalapa anunció: "Duplicará el ISSSTE la inversión en Veracruz: Yunes".

En ese momento ya estaba vigente la restricción constitucional del artículo 134 referida a la propaganda gubernamental. Entre otros puntos, ese texto establece: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personal de cualquier servidor público".

Contradictorio o mendaz como es, Yunes salió al paso de las observaciones sobre su frecuente presencia veracruzana y el seguimiento propagandístico que era su secuela. Un día justificó sus desplazamientos por sus deberes como funcionario público. Otro alardeó de su precampaña, ya como precandidato. He aquí la primera respuesta, suscitada por una denuncia que presentó en noviembre pasado la diputada priista Elvia Ruiz -denuncia que padece la misma suerte que las presentadas por cualquier hijo de vecino: no se ha movido desde entonces:

"Voy a Veracruz al igual que a los demás estados", dijo a sabiendas que era notoria la desproporción entre los viajes a su estado y los del resto de la República. Pero luego dijo la verdad, parapetado en su condición de ciudadano, no la de director general del ISSSTE, que ha de ser como una vestimenta que se quita el fin de semana, como la corbata. En 60 municipios, dijo, dio conferencias "como parte de mi estrategia para lograr la candidatura del PAN a gobernador del estado". Y aunque se excusa diciendo que "todo fue pagado por mis propios recursos", era el ISSSTE quien lo cubría.

Huelgas de hambre

Por Miguel Ángel Granados Chapa
12 de julio de 2010


Un régimen al que en algunos países y diversos sectores del nuestro se tiene como autoritario, el de la República de Cuba, fue sensible a las variadas expresiones que demandaron la libertad de presos políticos. Uno de los factores considerados para asumir tal decisión fue impedir que Guillermo Fariñas sucumbiera como ocurrió en febrero con Orlando Zapata. Ambos practicaron una huelga de hambre, que en el primer caso tuvo la muerte como desenlace, y en el segundo alcanzó una duración de 134 días.

El gobierno cubano anunció la liberación de cinco presos, el traslado de otros seis y la excarcelación de 52 reclusos, cuyo delito ha sido poner en cuestión la falta de libertades políticas en Cuba. La medida, solicitada tiempo atrás por España y la Unión Europea, se concretó por la mediación de la Iglesia Católica. Pero esas peticiones y presiones hubieran quedado en el ámbito de la diplomacia, inertes e ineficaces, de no ser porque el ayuno de Zapata y de Fariñas conmovió a la opinión pública mundial, que era el propósito de los ayunantes.

Desde hace más de dos meses grupos de electricistas practican esa forma de protesta política en el Zócalo de la Ciudad de México. A diferencia del cubano, el gobierno de México dista de ser sensible a la decisión de decenas de personas de exponer su integridad física, su salud y aun su vida en aras de un objetivo aún más claro que la liberación de los presos políticos (pues algunos de los considerados en esa calidad pudieron efectivamente haber cometido delitos contra la seguridad nacional). Quieren ser repuestos en sus plazas, si no en el organismo para el que trabajaban, Luz y Fuerza del Centro, cuya extinción fue declarada constitucional por el pleno de la Corte, sí bajo un patrón sustituto, que es claramente la Comisión Federal de Electricidad que ha asumido las funciones del organismo extinto.

Lejos de esa sensibilidad, el gobierno mexicano, y en especial el secretario del Trabajo, que toma a título personal los embates contra el SME, se dispone a combatir, en un nuevo capítulo, la tenacidad de los 16,333 electricistas que han rehusado "liquidarse" como con sinceridad involuntaria llama la autoridad laboral a la aceptación del despido colectivo practicado el 11 de octubre pasado. A partir de mañana estará disponible para ese enorme grupo, que se propone agotar las vías jurídicas y políticas que hagan posible su reincorporación al trabajo, una indemnización engañosa. Como en las dos tandas anteriores, se hacen ofrecimientos que no corresponden a la realidad, como pueden atestiguarlos miles de trabajadores que aceptaron la liquidación y no han obtenido las adiciones anunciadas ni han sido considerados para la recontratación. A pesar de que la situación de esos miles de trabajadores timados es conocida entre los que han resistido las tentaciones montadas por el gobierno, éste insiste en la trampa. Su nueva propuesta tiene un móvil ruin: se anuncia una semana después de que la Suprema Corte de Justicia, al confirmar una sentencia en tal sentido, declaró constitucional el decreto de Calderón mediante el cual se liquida a Luz y Fuerza del Centro.

El secretario del Trabajo, en una no por implícita menos grosera confesión de que él manda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ha dictado ya su laudo respecto de la cuestión que dejó pendiente el tribunal constitucional, que es la de aplicar a las todavía vigentes relaciones de trabajo entre el SME y quienes ahora prestan el servicio eléctrico en el centro del país, la figura jurídica de sustitución de patrón. Ésta consiste en trasladar a quien recibe los activos de una empresa fallida -o declarada extinta, como en este caso- las responsabilidades laborales, que no siguen la suerte de la unidad productiva con la que su sindicato contrata. A diferencia de lo que las autoridades laborales pretenden, liquidar a Luz y Fuerza no supone la liquidación simultánea de su agrupación sindical, que existe por voluntad de los trabajadores.

Miembro distinguido de un régimen autoritario -el de Calderón lo es en materia laboral y de seguridad, por lo menos-, el secretario del Trabajo lleva consigo una doble carga de ese estilo, pues a la propia de la administración panista agrega la herencia autoritaria del régimen priista que le concedió altas posiciones. Acaso tenga razón al saber lo que resolverá la Junta, porque quien toma las decisiones en ella no es el presidente ni sus órganos tripartitos. Pero su anuncio es insolente políticamente y desde el punto de vista jurídico puede implicarle responsabilidades exigibles.

La Corte consideró constitucional el decreto del 11 de octubre. Formalmente es la última palabra, si se piensa únicamente en la esfera judicial propiamente dicho. Pero los abogados que promovieron el amparo contra ese decreto y consiguieron que la Corte lo atrajera han anunciado que buscarán someter a juicio político a los ministros que obraron de esa guisa. En su opinión, los miembros de ese tribunal incurrieron "en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho", y caen por ello en los supuestos del juicio político.

No es una operación sencilla montar un juicio de esa naturaleza. Hace muchos años que no se consuma ninguno. En este caso, depende de la voluntad priista porque la bancada tricolor es la de mayor tamaño en San Lázaro. Si no quisieron iniciar una controversia constitucional menos apoyarán el juicio a los ministros.


Cajón de Sastre

Ha concluido la copa mundial de futbol celebrada en Sudáfrica, que fue en realidad una fiesta de la publicidad televisiva, en que se rompió la marca de las infracciones a la norma que limita el tiempo de anuncios en la pantalla chica. La densidad publicitaria, agobiante en el noticiario nocturno del Canal 2, fue mayor en las transmisiones de los juegos, aun después de que el equipo mexicano volvió a casa. Para coronar los abusos del monopolio televisivo, el encuentro semifinal entre Alemania y Uruguay no pudo ser visto en los canales abiertos, sino sólo en Sky, la empresa de difusión satelital propiedad de Televisa, que con esa actitud contraria al interés de los televidentes se habrá asegurado un buen número de suscriptores, que le hacen falta ante la competencia de Dish. En todo el mundo se asegura al público su derecho a todos los partidos en la televisión abierta, menos en México, donde no hay ante quién protestar.