Flores: mal lector, peor líder

Por Miguel Ángel Granados Chapa
30 de noviembre de 2010

Propongo ser comprensivos con el diputado priista Víctor Flores Morales, líder de los ferrocarrileros. La noche en que fue medida su velocidad de lectura, cuando se supo que lee como si fuera un educando de cuarto grado de primaria: sólo 103 palabras por minuto, el tema en que intervino lo saca de sus casillas, lo pone "nervioso", como decimos. En todo caso, ser mal lector no es su peor defecto. Los jubilados de su gremio, y aun sus dirigidos, en la actualidad suelen quejarse de algunos de sus más acentuados defectos, que tienen que ver con su afición al dinero ajeno y su necesidad de ostentar lo que hace con él.

Reforma midió intervenciones de diputados durante la discusión del Presupuesto federal, y encontró que los legisladores leen tartajosamente, como escolares. Ya cerca del alba del 16 de noviembre tocó a Francisco Hernández Juárez, líder telefonista, diputado en la fracción del PRD, uno de los presidentes de la Unión Nacional de Trabajadores, abordar el tema cuya reserva había pedido horas antes. Pretendía que el presupuesto incluyera una partida de 3 mil 500 millones de pesos para mitigar los quebrantos del fideicomiso para los jubilados ferrocarrileros, pues de lo contrario ese fondo puede quedarse sin recursos el año próximo. Apenas esbozaba la idea cuando Flores Morales pidió la palabra, dizque para hacer una pregunta al orador, en realidad con la pretensión de que no abordara ese tema, que juzga de su exclusiva incumbencia, aunque en los hechos no sólo no haya hecho nada para asegurar las pensiones de los jubilados sino, al contrario, habría dispuesto de fondos que con el mismo propósito generaron los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, durante décadas, a partir de 1932 y hasta el aciago momento de la privatización ferroviaria, que se inició en 1997.

A pesar de su alegato, al que no tenía derecho pues ni siquiera se había formulado la iniciativa que haría Hernández Juárez, el dirigente de los telefonistas pudo completar su propuesta, que no obstante la delicadeza de sus términos fue desechada por mayoría. Ocurre que al ser vendidos los bienes de la empresa ferroviaria nacional, se dispuso la creación de un fideicomiso que asegurara la suerte de los jubilados, más de 53 mil entonces. El fondo fue creado con 13 mil 500 millones de pesos, pero hoy cuenta con sólo 6 mil, siendo que las obligaciones que debe enfrentar llegan a 21 mil millones de pesos. El déficit de 15 mil millones de pesos debe ser cubierto por el Estado, que garantizó al decretar la privatización el pago de las pensiones por jubilación. Hernández Juárez propuso, ya hemos dicho que sin éxito, que se dispusiera cubrir 3 mil 500 millones de pesos para 2011 y siete pagos adicionales para cubrir el monto de las obligaciones.

Flores Morales lo increpó y, como cumple a su vocación zoológica, se trepó a la curul y desde allí alegó contra el líder antagónico. No es la primera vez que holla las butacas de la Cámara, pues no es la primera que se abordan allí cuestiones que lo ponen en entredicho y lo irritan. Es la tercera ocasión que llega a San Lázaro y cada vez ha roto el orden con sus malos modos. Pero no sólo eso: alguna vez amenazó directamente al diputado panista Javier Paz Zarza, quien dos días más tarde fue amagado en el estacionamiento de la Cámara por pistoleros enviados por el dirigente ferrocarrilero.

Aunque su currículum asegura que es contador privado, Flores Morales no desempeñó nunca labores profesionales en esa rama en los FFCCNN. Era guardavía y pronto pudo dejar de trabajar porque se incorporó a la política sindical, primero en Veracruz, su tierra natal, en la sección 28, y luego en el ámbito nacional, a la sombra de su paisano Jorge Peralta, con quien fue ascendiendo en el escalafón sindical hasta ser elegido secretario nacional en 1995. Se mostró más que dispuesto, sometido en realidad, al plan privatizador del presidente Zedillo, una desastrosa operación que canceló el transporte ferroviario de pasajeros, medio de comunicación que prospera en los países civilizados, y entregó concesiones para el transporte de carga a tres empresas principales, propiedad de poderosos grupos económicos locales asociados a consorcios ferroviarios norteamericanos, como Kansas City Southern y Union Pacific Railroad. Este último es el aliado extranjero -del que Zedillo fue consejero- del Grupo México de la familia Larrea que, como el resto de los concesionarios, está encantada con tener un sindicato encabezado por Flores.

Éste condicionó su apoyo a la privatización a la permanencia del sindicato (no de la totalidad del personal, en lo que fue sumamente flexible) y a la recontratación del personal por su conducto. Al efecto estableció 39 bolsas de trabajo (una en cada sección) que mediante una cuota extraoficial garantizó a un reducido número de trabajadores continuar en las nuevas empresas empleadoras.

Ese mecanismo fue muy lucrativo para Flores pero al parecer lo fue más, salvo que se pruebe lo contrario, algo que no ha querido hacer, disponer de los fondos de la sociedad mutualista Previsión Obrera, cientos y quizá miles de millones que se diluyeron cuando el mecanismo previsor fue cancelado a la hora de la privatización. De cualquiera de esos orígenes -no de su propia pensión de 87 mil pesos mensuales, añadidos a su paga como líder- deriva la fortuna que ostenta: automóviles Mercedes Benz, Jaguar y Lincoln, y su casa en el puerto de donde es originario, de una manzana entera.

La educación

Por José Woldenberg
25 de noviembre de 2010


La escuela es el espacio en el cual los niños deben adquirir los conocimientos, destrezas y valores que les permitan una mejor incorporación a la vida social y además debe ser el basamento que modele y module la convivencia. Si ese espacio falla, los niños verán multiplicarse los obstáculos para su vida futura y se alimentará aún más la escisión entre los diferentes países que hoy conforman a México. No hay sustituto para la escuela (los grandes medios que tienen un impacto formidable en la "conciencia" pública no parecen estar ni mínimamente preocupados por sus contenidos y no es difícil observar que en muchos casos incluso militan en contra de los valores ilustrados). Por ello mismo resulta inescapable pensar y actuar para que la escuela cumpla cabalmente con el papel para el que fue diseñada. Y cada vez son más las voces que insisten -y con razón- que el deber ser de la educación no se está cumpliendo.

Apenas el domingo pasado la naciente Coalición Ciudadana por la Educación hizo un llamado de atención y puso sobre la mesa una serie de exigencias que no deben ser desatendidas. Si mal no entiendo, su diagnóstico es que la fusión-confusión entre autoridades y sindicato no permite -sino todo lo contrario, impide- que cada cual cumpla con su función. Y por ello buscan "el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo", ya que la "simbiosis atípica entre sindicato y autoridades" hace que mientras la dirección sindical se entrometa en la política educativa, las autoridades fallen como garantes del derecho a la educación.

La fuerza del sindicato ha venido expandiendo su radio de acción con el acuerdo de las autoridades hasta generar una especie de cogobierno que incide de manera negativa en el rumbo de la educación. El documento señala que ese poder "se ha incrementado... y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente". Y en efecto, si en el pasado desde la cúspide del poder político se intentaba (y lograba) mantener bajo dominio no sólo al SNTE sino a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales e incluso a otros poderes constitucionales, hoy los grados de autonomía de esa constelación se han ampliado. Y qué bueno que así sea. No creo que debamos idealizar o añorar aquella situación. El problema aparece cuando los actores sociales empiezan a cumplir con roles que no les corresponden, llegando incluso a invertir los papeles. Así, cuando los cargos directivos o de supervisión están en manos de quienes debían ser los supervisados, algo se trastoca. Que el sindicato se convierta en autoridad y que ésta última decline de sus responsabilidades genera un "arreglo" no apto para una auténtica evaluación del trabajo en las aulas.

Ahí -creo- reside parte del drama educativo en nuestro país. Y como bien dice la Coalición Ciudadana por la Educación es menester "colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras". En los salones de clase transcurre la misión sustantiva de la escuela y la columna vertebral de cualquier sistema educativo son y seguirán siendo los maestros. De ellos depende la calidad de la información, la pertinencia de la enseñanza, el sentido del marco valorativo, los atributos de las destrezas que reciben los niños. No hay rodeos ni rutas cortas. No hay educación sin maestros.

Estamos hablando de un derecho -el de la educación de calidad- que deberíamos pensar como una "prioridad nacional". Y en esa dirección, como bien señala el documento multicitado, son necesarias la profesionalización del magisterio, creando un auténtico servicio de carrera "basado en el desempeño y la capacidad", la transparencia en el uso de los recursos públicos, tanto por parte de las autoridades como del sindicato y la cancelación de las muchas prácticas que generan corrupción.

Sólo tengo una duda con relación a los planteamientos de la coalición. Demandan un nuevo marco laboral (necesario), pero señalan que el mismo debe ser dictado de manera unilateral por los ejecutivos federal y estatales. Si mal no entiendo, las Condiciones Generales de Trabajo, legalmente son aprobadas por la autoridad, previa consulta con la representación de los trabajadores (el sindicato). Y por esa vía los sindicatos encuadrados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución han venido de manera sistemática estableciendo una cierta bilateralidad en la definición de las condiciones de trabajo. Y creo que eso no está mal. Es más, así debe ser. Un pacto entre dos partes es el que permite una regulación acordada de los salarios, prestaciones, comisiones mixtas laborales, etcétera. El asunto entonces no es volver a construir una autoridad que "por sus pistolas" dicte esas normas, sino entender que lo que no es negociable es el núcleo académico de la educación y por ello tampoco las tareas de dirección y supervisión de la misma.

Opaca opción para Mexicana

Por Miguel Ángel Granados Chapa
18 de noviembre de 2010

Autoridades que actúan oficiosamente (a cambio de su omisión en cumplir sus obligaciones en otra etapa del caso) tratan de imponer a los sindicatos la aceptación de la alternativa que más daña los intereses de los trabajadores

¿A santo de qué, a qué título participan los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo en la decisión de revivir a Mexicana, inclinados a una opción que ha sido ya rechazada por dos sindicatos -el de pilotos y el de empleados de tierra- y genera reparos en un tercero (el de sobrecargos)?

Cuando Mexicana decidió acogerse al concurso mercantil (forma moderna de la suspensión de pagos) y dejar de volar, con lo que deliberadamente empeoró su situación pues dejó de generar ingresos y acrecentó sus pasivos, la Secretaría de Comunicaciones debió requisar la empresa, para asegurar la continuidad del servicio público concesionado a la casi fallida aerolínea, y no lo hizo. No se trataba de un rescate al modo en que esa empresa y otras del sector aéreo han sido beneficiadas en el pasado, sino de la aplicación de una norma administrativa para la cual está capacitada legalmente esa dependencia.

En contraste con su omisión en el ámbito que le es propio, la SCT, su titular Juan Molinar Horcasitas, en particular, se ha mostrado activo en decidir cuál de las entidades financieras que han mostrado interés en adquirir la concesión que Mexicana puede obtenerla. No se trata de una licitación en que competa a un órgano del Estado resolver cuál postura garantiza un mejor precio o una mejor prestación de un servicio. Se trata de una operación entre particulares, regulada por el derecho mercantil en que, si acaso hay espacio para que la SCT intervenga, es para cuidar que se atiendan las restricciones legales en materia de inversión extranjera.

Mexicana está por ahora sujeta a la Ley de Concursos Mercantiles, dejada en el aire (paradójicamente, pues en realidad la dejaron en tierra) por sus accionistas. Su gestión está a cargo de un administrador provisional, y su suerte jurídica depende del conciliador, figura jurídica establecida en la mencionada Ley de Concursos Mercantiles, que mientras el juez enlista a los acreedores y fija el orden de prioridades para el pago de los adeudos de la empresa sometida a ese procedimiento de la legislación de comercio, él trata de conciliarlos. No se ve en qué medida tengan capacidad para resolver quién ha de ocuparse de los pasivos de la aerolínea llevada a la ruina deliberadamente por el grupo que la compró al gobierno en 2005 y que la regaló a nuevos accionistas que no hicieron en breve término más que empeorar la situación de la empresa, al grado de asestarle la puntilla, como se hace y dice en la tauromaquia.

No sólo eso: dichos administrador y conciliador solicitaron oficiosamente que las secretarías de Comunicaciones y de Trabajo avalaran su propia propuesta que, si cabe entre sus facultades, debieron asumir con autonomía. Debieron hacerlo así teniendo en cuenta que por lo menos respecto de PC Capital, financiera escogida para recibir la ganga en que se convirtió Mexicana, fue presentada a la SCT por el secretario del Trabajo, quien actuaría así como gestor de negocios privados.

El titular del Trabajo cumple en esa función también de otra manera, abogando ante los sindicatos por esa empresa, lo que ha ocasionado la inconformidad de las otras interesadas, TG Group y BMC Financial Investments. Si bien Javier Lozano admite -no podría ser de otra manera- que son las agrupaciones sindicales las que han de resolver si aceptan las condiciones de PC Capital, es llamativa su intimación a que resuelvan ya, escogiendo entre la oferta de esa financiera o la quiebra de Mexicana.

De las tres opciones, la que más castiga el interés de los trabajadores es la escogida por las autoridades que oficiosamente intervienen en el caso y por el administrador y el conciliador, cuyas funciones no incluyen revisar la composición del capital de la empresa que atienden en esta emergencia. PC Capital pretende reducir severamente el personal, pues su propósito es achicar la empresa: de mil 154 pilotos sólo serían recontratados 242, y de mil 724 sobrecargos permanecerían 375, ya que sólo estarían en operación 29 aeronaves. La reducción sería de 65 por ciento.

Si el dilema se planteara exclusivamente en esos términos: la propuesta de PC Capital o la quiebra, los sindicatos acaso optarán por rescatar de lo perdido lo que aparezca. Pero hay otras posibilidades, que además son mejores. Las otras financieras interesadas están dispuestas a un recorte de personal de mucho menor proporción que el de la oferta escogida. BMC Financial Investments se queja de que no ha sido notificada por la SCT de las razones por las cuales se eligió a PC Capital, siendo que se propone tener en vuelo 59 aviones (30 más que los de la opción escogida). Y recontrataría 80 por ciento del personal.

Investido de autoridad aeronáutica, el secretario del Trabajo ha dicho que es inviable la oferta de más aviones y más personal. Un verdadero experto, en cambio, pone en duda la viabilidad del ofrecimiento de PC Capital: con los 150 millones de dólares que aportará, "existe el riesgo de que después de seis meses tenga problemas de flujo de caja", dijo Bart Pattyn, presidente para América Latina de Coface, aseguradora de riesgo empresarial y experto en aviación. (Reforma, 12 de noviembre).

Por si faltaran opacidades en este procedimiento, he aquí una más: las tres empresas interesadas son financieras, que acaso obran por cuenta de terceros pues ellas no se dedican a la aviación. Sólo una persona con experiencia en el ramo aparece en este escenario: PC Capital es representada por Arturo Barahona, que ya fue ejecutivo de Mexicana, bajo Gastón Azcárraga.


Cajón de Sastre

Mientras que los dueños del Grupo México son tratados con lenidad hasta para comparecer ante los tribunales, que se abstienen de sancionarlos por su ausencia, la lucha judicial de Napoleón Gómez Urrutia es interminable. La Suprema Corte dispuso que, al contrario de lo pedido por el dirigente minero, es constitucional la ley con arreglo a la cual solicitó su aprehensión la PGR. Eso no significa que pueda ser capturado. El fallo devuelve el caso a un tribunal colegiado que revisa el amparo concedido a Gómez Urrutia contra esa orden de aprehensión, cuya solicitud es defectuosa según el propio juzgado de garantías, por lo que el juez penal que la expidió debe corregirla y si no es posible, negarla a la PGR, que sólo vence al líder minero en los boletines de prensa, no ante la justicia.

LyFC: un año después

Por Miguel Ángel Granados Chapa
11 de octubre de 2009


El domingo 11 de octubre de 2009, hoy hace exactamente un año, una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación -que suele aparecer sólo de lunes a viernes- contenía el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, un organismo público sistemáticamente pauperizado y, paradójica y simultáneamente, difamado por su oneroso costo de operación.

Al mismo tiempo que el gobierno federal se deshizo de una empresa que no obstante la obsolescencia de gran parte de sus instalaciones y su falta de mantenimiento prestaba servicio a la más vasta aglomeración urbana del país -el Distrito Federal, más amplias porciones de los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla-, se propuso desmantelar el Sindicato Mexicano de Electricistas, una agrupación de antigua raigambre en la lucha obrera de nuestro país. A la luz de los precedentes y de lo acontecido después de la liquidación de LyFC, se diría que el objetivo de mayor importancia para el gobierno era el exterminio de la agrupación sindical de la que formaban parte 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados.

En efecto, meses atrás del golpe del 10 de octubre por la noche -pues el asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza se produjo por la fuerza desde el anochecer del sábado 10, cuando aún no entraba en vigencia el decreto de extinción y ni siquiera se había impreso el Diario oficial-, la Secretaría del Trabajo había negado la toma de nota a la mitad del comité central elegido con Martín Esparza a la cabeza. Notoriamente, la Secretaría había jugado sus cartas a favor de una oposición de presencia real pero hecha crecer artificialmente, liderada por Alejandro Muñoz, que a un año de la liquidación de su fuente de trabajo persiste en actuar como peón de estribo de las autoridades, pese a la destrucción de la empresa con que contrataba el gremio que pretendía dirigir.

El gobierno federal alegó para extinguir a esa empresa pública las cuantiosas transferencias de recursos que debía aplicar a LyFC. Era un juego financiero entre perverso y torpe. Se estancó la capacidad de generación de Luz y Fuerza, que se convirtió casi meramente en distribuidora que debía pagar a la CFE altos precios por la energía que hacía llegar a menor precio a su clientela. La diferencia era un barreno que horadaba la estabilidad financiera de una empresa a la que el gobierno formulaba reproches que estaba en su mano arreglar, pues el organismo formaba parte del sector público. El gobierno panista asimismo incriminaba al sindicato por los altos costos de la operación, debido a sus salarios y prestaciones, que se concertaban en negociaciones bilaterales en que el gobierno mismo podía establecer límites.

Al extinguir la empresa el gobierno abrió con liberalidad la bolsa para liquidar al personal. Pagó sumas por encima de lo previsto en la ley laboral y en el contrato colectivo, y consiguió que la mayoría de los trabajadores aceptaran como un hecho inmodificable la supresión de su fuente de empleo. Unos 28 mil electricistas dejaron de serlo, con el señuelo de una alta indemnización que se presumía suficiente para iniciar pequeñas empresas que serían proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad a la que el decreto de extinción confió la prestación del servicio. También se indujo a los trabajadores a aceptar las liquidaciones con la promesa de ser contratados de nuevo. Se generaron así expectativas que no han sido cumplidas sino en mínima porción.

Unos 16 mil trabajadores rehusaron ser liquidados y se han mantenido en la resistencia, en demanda de restablecer la empresa con la que contrataban, en exigencia de respeto a su organización sindical. En contra de su dirección, a lo largo de este año, se ha emprendido una campaña de satanización, pues en el año del Bicentenario del comienzo de la lucha por la Independencia el gobierno panista actúa con el criterio virreinal de ordenar a sus súbditos callar y obedecer. El sindicato ha rehusado hacerlo y, al contrario, ha librado una larga batalla que lo mantiene con vida, aunque persista la injerencia gubernamental en su seno, con el patrocinio a la corriente sindical de Muñoz y sucesivos rechazos a la petición de toma de nota del comité central. La estrategia gubernamental busca descabezar al sindicato como paso previo a su desintegración. Tal como jugó con la necesidad y aun la codicia de quienes aceptaron ser liquidados, ahora hace propaganda a la idea de cuánto recibirá cada quien cuando se liquiden los bienes del sindicato.

En la pugna por y en contra del exterminio los electricistas han acudido a variadas formas de defensa jurídica. Una tras otra han sido frustradas por la decisión gubernamental de acabar con el gremio, y asemejarlo al que contrata con la CFE. Ese sindicato y esa empresa han sido puestos como ejemplos, pero la terca realidad va mostrando la verdadera índole de uno y otra, proclives a la corrupción y a la falta de cuidado en la realización de sus tareas sustantivas.

Un año después de la extinción de LyFC no ha sido posible sustituir a derechas su operación. No se informa del costo que implica el contratismo al que se ha acudido para impedir la interrupción del servicio. Eso no obstante, se niega al SME satisfacer su último recurso, obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo, que es considerar a la CFE como patrón sustituto, situación a la que el gobierno no quiere llegar.

Dos veces sendas huelgas de hambre llevaron a negociaciones estériles. El conflicto sigue vivo.

Ofician misa en recuerdo de las costureras

En el domicilio de la organización social “costureras 19 de septiembre”, el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruíz, encabezó la ceremonia.

Raúl Llanos
Publicado: 19/09/2010 12:21

México, DF. Con un llamado a no olvidar los sismos del 85, ni a claudicar en la lucha por mejores condiciones sociales, las costureras realizaron este domingo un evento para rememorar los 25 años de la tragedia que ocurrió el 19 de septiembre de aquél año.
En el domicilio de la organización social “costureras 19 de septiembre”, se realizó una misa que fue encabezada por el obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruíz, quién resaltó la solidaridad social que se manifestó luego de aquéllos movimientos telúricos y que ha persistido en otras situaciones agobiantes.
Durante el acto litúrgico, algunas de las costureras tomaron la palabra para enaltecer la lucha que durante el último cuarto de siglo han librado en aras de obtener mejores condiciones laborales para las costureras de esta capital.
Terminada la ceremonia religiosa, las costureras y deudos de las personas fallecidas hace 25 años marcharon sobre la avenida de Tlalpan, y depositaron flores, en algunos puntos dónde se concentraron y vivieron por varios días después de los sismos del 19 y 20 de septiembre.


Entrevista a la directora Mari Carmen de Lara (realizadora del documental No les pedimos un viaje a la luna, 1986) sobre el 25 aniversario del sismo del 85.
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Solapan desfalco a ferrocarrileros

Por Leslie Gómez

Ciudad de México  (20 septiembre 2010).- Los líderes del sindicato ferrocarrilero ya se gastaron el dinero del pago vitalicio de pensiones y jubilaciones de los trabajadores... y quieren que el Gobierno les rellene las bolsas.

Y es que el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, proyectado para cubrir los pagos hasta 2032 y que contaba con un monto de 19 mil 568 millones 961 mil 329 pesos, está al borde de la quiebra.

Al ritmo que se ha gastado el dinero, los recursos con los que cuenta actualmente, alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, sólo alcanzarían para el pago de jubilaciones de año y medio.

Sin embargo, las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes acordaron cubrir el déficit del fondo, que suma 15 mil 699 millones de pesos.

De acuerdo con el oficio 801.1.- 216, la Subsecretaría de Egresos de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que se busca el esquema más adecuado.

El manejo del fondo ferrocarrilero, a cargo del sindicato encabezado por Víctor Flores, ha sido muy cuestionado.

Según una auditoría practicada a dicho fondo, que fue creado en 1997, sólo se han destinado 4 millones de pesos mensuales al pago de pensiones y jubilaciones, mientras que el resto, unos 220 millones de pesos al mes, ha sido utilizado en prestaciones de los fideicomisarios, gastos de administración, honorarios e impuestos.

También se ha detectado el pago a ferrocarrileros ya muertos.

Por si fuera poco, jubilados han denunciado a la dirigencia del sindicato por fraude y desvío del fideicomiso.

En un oficio enviado a Hacienda el 28 de julio de 2010, legisladores solicitan que se atiendan las recomendaciones que formuló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de las revisiones a las Cuentas Públicas de 2004 y 2007, respecto al fideicomiso.

Sin embargo, Hacienda les responde que las "observaciones han sido debidamente atendidas y a la fecha no existe ninguna pendiente de atender".

La ASF detectó en 2004 que no se acreditó el pago de pensiones del orden de 17.1 millones de pesos por 111 jubilados con edad mayor a 98 años.

Asimismo, recomendó que se realizaran periódicamente estudios actuariales para determinar un posible déficit del patrimonio del fondo y con esta base prever un programa de restitución de los capitales constitutivos faltantes.

En el análisis de 2007, la ASF observó un déficit de 13 mil 817 millones 800 mil pesos.

Francisco Hernández Juárez, secretario de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, dio a conocer que ese órgano solicitará que los recursos para rescatar el fideicomiso se incluyan en el Presupuesto de 2011, pero que se etiqueten en el ramo 09 de Comunicaciones y Transportes.

Pedro Montoro, representante de jubilados, pidió que la inyección de recursos al fideicomiso no sirva para eximir de castigo a Víctor Flores por el desvío de más de 15 mil millones de pesos.

Antisindicalismo en Banobras

Por Miguel Ángel Granados Chapa
3 de septiembre de 2010

Está en curso la formación de una nueva federación de sindicatos bancarios, que agrupará a los que son la contraparte laboral de la banca de desarrollo. Desde hace décadas miembros de la federación perteneciente al Congreso del Trabajo, los trabajadores de instituciones de crédito de bancos gubernamentales han encontrado que sus intereses serán mejor servidos en una agrupación especializada y han dado los pasos necesarios para constituirla.

Se trata del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Sindicato Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y del Sindicato Único de Trabajadores de Sociedad Hipotecaria Federal.

Cuatro de esas organizaciones se dirigieron el 16 de agosto pasado al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, como cabeza del sector al que pertenecen las instituciones en que prestan sus servicios, para llamar su atención sobre el clima "de acoso y persecución por parte de la administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en contra de los dirigentes sindicales del SUNTBANOBRAS". Explican a Cordero que el hostigamiento que denuncian ha ocurrido "a raíz de haber decidido organizar una nueva federación sindical que representa los intereses de este importante sector y de haber propuesto como secretario general de dicha federación a Luis Ángel Romo Lazo", dirigente del sindicato de Banobras.

Entre esos actos hostiles enuncian la reducción de licencias sindicales de 13 a ocho; la supresión del servicio médico, dental y administrativo a jubilados; el desahucio de un local sindical situado en Coyoacán, precedido de la supresión del servicio telefónico y de intranet en esas oficinas y, lo más grave de todo, "el intento de promover una directiva sindical alterna, conformada por tres disidentes" a los que se instaló en una oficina vecina a la del propio sindicato en el edificio de Banobras en Santa Fe.

Esos disidentes habían perdido sus puestos en el comité sindical por decisión del IX Congreso nacional extraordinario del sindicato de Banobras, debido a su activismo contrario a los intereses de los trabajadores. Llevado su caso ante la justicia laboral, por unanimidad el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dio la razón al sindicato por la remoción de los representantes que desde antes y ahora con toda evidencia gozan del favor patronal.

La administración del Banco pretendió disfrazar de beneficiosa la acción contra los jubilados. Un importante número de ellos vive en el norte de la Ciudad de México y en las inmediaciones de la que fue torre insignia de Banobras en Nonoalco. Por esa ubicación la Casa del jubilado, como se conoce la instalación sindical respectiva, fue establecida en la colonia Nueva Santa María. Al suprimirla, el Banco quiso edulcorar la medida, en melifluas cartas dirigidas a los afectados: "queremos tener la oportunidad de atenderlo (a) como usted se merece y es por eso que hemos instalado un módulo especialmente para usted en el parque El batán, con estacionamiento gratuito, que como es de su conocimiento se encuentra ubicado en avenida San Jerónimo 477, colonia Tizapán San Ángel, delegación Álvaro Obregón", es decir, al otro lado de la capital.

El tono es exactamente opuesto al empleado para disponer el desalojo de la oficina sindical en Coyoacán, en donde se comunica que debido a las medidas de austeridad para el ejercicio 2010 (que comienzan a aplicarse a medio año, el 21 de junio), el subdirector de recursos materiales "se permite" comunicar al secretario general del sindicato "la determinación de Banobras de solicitarle la desocupación y entrega del inmueble referido... misma que deberá efectuarse dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día en que reciba la presente".

Al mismo tiempo, sin embargo, el subdirector describe las maravillas del local sindical de que podrán disfrutar en Santa Fe, aunque por supuesto se abstiene de puntualizar que en ese lugar los dirigentes legales convivirán, pasillo de por medio, con los removidos a quienes acogió la dirección del Banco: las oficinas ofrecidas "cuentan con aire acondicionado, vigilancia, equipos de cómputo, red inalámbrica, líneas telefónicas y demás servicios...".

Debido al ficticio conflicto interno del sindicato, auspiciado del modo que queda dicho por la administración del Banco, se ha generado un clima de tensión alimentado por rumores sobre el despido del secretario general y otros miembros del comité. En ese ambiente, no es extraño que un incidente sangriento que acaso forme parte del cuadro general de inseguridad en el DF sea vinculado a lo que acontece en Banobras:

El 24 de agosto fue baleado Octavio León Urrutia, de 24 años de edad, que se hallaba cerca de su domicilio en compañía de su madre. Él es hijo de Alejandro de Jesús León Pérez, secretario de Trabajo y Conflictos del sindicato de Banobras. No se trató de un asalto, pues ni siquiera se pretendió despojarlo de sus pertenencias.

En los setenta el sindicalismo bancario enfrentó la irracional resistencia de los concesionarios de bancos y administradores de la banca de desarrollo. Esa etapa parecía superada, en buena parte porque los sindicatos declinaron su representatividad. Ahora se arremete a los que la conservan y buscan ejercerla legalmente.

¿En nombre del bien común?

Por Adolfo Sánchez Rebolledo

Periódico La Jornada
19 de agosto de 2010

"El gobierno escuchó las voces del desarrollo y la inversión, y desoyó los gritos del subdesarrollo que se oponen a la competencia en el mercado, declaró el vicepresidente corporativo de Nextel, Gustavo Cantú. La frase, pronunciada al calor de la entrega a las empresas Televisa y Nextel de la banda de 30 Mhz del espectro radioeléctrico, a cambio de 180 millones de pesos, resume, o eso pretende, la filosofía que define desde hace años las políticas económicas del gobierno representado por Monny de Swan, el impugnado presidente de Cofetel. Aumentar la competencia, favorecer la productividad, en definitiva, liberar al capitalismo de las trabas legales (o sociales) que frenan el crecimiento de los mercados, es la razón de ser que el panismo se ha autoimpuesto, mas allá de las formulaciones doctrinarias que en sus orígenes lo vinculaban con un cierto humanismo cristiano sin dejar de ser el partido de los empresarios. En este recorrido, que está marcado por su ascenso, el viejo partido conservador ha buscado construirse la imagen de una fuerza al servicio de la modernidad, es decir, confiable en términos de los códigos y los paradigmas establecidos en los centros vitales de la globalización, aunque en los hechos la realidad compruebe que en materia de gobierno y políticas públicas no existen los automatismos y que no basta la adhesión a ciertos principios para obtener buenos resultados. Pero es obvio que el presidente Calderón desea fomentar los grandes negocios privados como el camino ideal al desarrollo, es decir, como la piedra de toque de la conquista de la equidad, ese horizonte que se aleja en vez de aproximarse. Sin un planteamiento capaz de poner sobre los pies el tema de la redistribución del ingreso (y sin una visión del futuro que permita a México vislumbrar su inserción en el mundo global), la idea de bien común se ha reducido a impulsar la competencia aunque no mencione en qué criterios objetivos se apoya el gobierno para favorecer a unas empresas sobre otras, lo cual, claro, distorsiona la misma competencia, y las demás reglas del juego.
Se da el caso, como ocurre con la asignación del espectro radioeléctrico, de que la decisión resulte parcial y, por tanto, injusta, con respecto a los jugadores interesados, pero es doblemente lesiva pues daña los intereses del Estado mexicano, que a cambio de muy poco remata algo que pertenece a todos. Por ello, con justa razón, se ha denunciado la operación aprobada (irregularmente) como un atraco, toda vez que a cambio de 180 millones de pesos, Televisa y Nextel han recibido una banda de 30 Mhz, de alcance nacional, para servicios de telefonía celular. Ese precio es 28 veces más bajo que el que otras empresas pagarán por segmentos de las mismas dimensiones. En la misma licitación 21, Telcel y Telefónica adquieren otros 30 Mhz a cambio de 5 mil 68 millones de pesos. El doble juego oficial sólo se entiende a partir de la connivencia de las autoridades responsables con los intereses de las empresas beneficiadas, pues de otra forma sería inexplicable, como bien señala AMEDI, que le concediera un precio ridículo a un consorcio que ya acapara 56 por ciento de las frecuencias para televisión comercial en todo el país.
No es la primera vez que el gobierno se equivoca al tratar de escuchar las voces del desarrollo y la inversión. En lo que concierne a la crisis de Mexicana de Aviación es obvio que Comunicaciones y Transportes, tan atenta a las señales del mercado, dejó a los dueños de la empresa hacer y deshacer a su antojo, como si no se tratara de un servicio público sujeto a concesión. Lejos de sostener una política aérea nacional viable y sostenible, el gobierno se esfuerza por darle seguridades a unos cuantos grupos de inversionista privilegiados que han probado, a ciencia y paciencia de las autoridades, junto con su enorme ineficacia la mayor voracidad.
Pero lo más grave, a final de cuentas, es la ausencia de una estrategia gubernamental que no sea el expediente de rematar los bienes públicos al mejor postor; la visión estrecha, economicista, del papel del Estado como ente subordinado a la libertad de empresa.
De otro modo no se entiende racionalmente la decisión de extinguir Luz y Fuerza sin tener sobre la mesa una alternativa clara, más moderna y eficiente para la restructuración del servicio. Pero el gobierno prefirió la opacidad que aseguraba la concesión de la fibra óptica, aunque dejara en riesgo el suministro y, lo que no es menor, los derechos de miles de trabajadores, que no fueron recontratados. ¿En nombre del bien común?
Apenas ahora, debido a la orden del IFAI, cumplirá con la obligación de informar sobre los pormenores de un caso con infinidad de aristas.
Finalmente, llama la atención que el corolario de varias operaciones de modernización del capital sea la destrucción de los derechos laborales y sindicales de los asalariados. Si ese es el camino para dejar de escuchar el grito del subdesarrollo, más nos vale encomendarnos a la divinidad.

Mitin internacional

 

Por Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Viernes 13 de agosto de 2010, p. 15

En una inusual movilización, la tarde de ayer líderes sindicales de más de 100 países de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) marcharon junto con trabajadores mexicanos de la Alianza Nacional de Tranviarios, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del sindicato minero contra la política laboral que lleva a cabo el gobierno de nuestro país y en apoyo a los gremios mexicanos.

Del hotel Hilton –ubicado frente a la Alameda– donde llevaron a cabo su 42 congreso anual, salieron los representantes de sindicatos de Brasil, Argentina, Colombia, España, Suecia, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Polonia, Honduras, entre otras naciones más, con tambores, banderas, consignas en varios idiomas, y caminaron hasta el Zócalo, donde el nuevo secretario general de la ITF, David Cockroft, sostuvo que las organizaciones que integran esta central le piden al presidente Felipe Calderón que respete los derechos laborales y humanos de los trabajadores mexicanos.

En la marcha se fundieron trabajadores del transporte de varias naciones que portaban camisetas del SME y viceversa, los cerca de mil sindicalistas extranjeros levantaban el clásico puño de los electricistas, mientras los representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Argentina le pusieron ritmo a la protesta.

Mexicana desmantelada

Por Miguel Ángel Granados Chapa
6 de agosto de 2010

A pesar de que el procedimiento legal del concurso mercantil tiene por objeto la preservación de las operaciones de una empresa, y de que el lunes pasado Mexicana de Aviación solicitó iniciar dicho proceso, la aerolínea vuela en dirección contraria, buscando su propia insolvencia. Sólo así se entiende su decisión de no vender boletos, lo que equivale a dejar de prestar el servicio (salvo para cumplir con los pasajes adquiridos previamente) y dejar de obtener ingresos.

Esa incomprensible clausura de sus propias operaciones es parte de una estrategia para desmantelar la empresa principal en beneficio de sus filiales, y para que desaparezca la materia de trabajo y en consecuencia se dé por terminada la relación laboral de aquella compañía con los sindicatos de pilotos y de sobrecargos, que a decir de la propia Mexicana son excesivamente onerosos.

Las aerolíneas de bajo costo Click y Link operan ya más del 95 por ciento del mercado nacional, según información oficial de Mexicana misma. De allí su pretensión de reducir severamente su planta laboral, porque, al crear su propia competencia, el campo de acción de la compañía de aviación más antigua del país se ha estrechado deliberadamente. Por lo demás, y también con ventaja para sus filiales, Mexicana se deshizo de sus marcas, que tienen un alto valor patrimonial.

Apenas un año después de la adquisición al gobierno (es decir al IPAB) de la gran aerolínea troncal, el 10 de enero y el 1o. de abril de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) vendió al Grupo Mexicana de Aviación (GMA, la controladora de las acciones de las filiales) la totalidad de sus marcas y avisos comerciales. Extrañamente (en apariencia) la operación se revocó el 18 de diciembre de 2008, cuando ambas partes "celebraron un convenio por el cual se reconoció y acordó que ante el incumplimiento de GMA a determinadas obligaciones... la totalidad de las marcas y avisos comerciales... quedarían bajo la titularidad de Mexicana".

Es que el mes anterior, el 6 de noviembre de 2008, se había integrado el Nuevo Grupo Aeronáutico, la empresa que ahora controla a las filiales, es decir que se ha quedado ya con la casi totalidad de las operaciones de la aerolínea troncal, pues las adquirió del Grupo Mexicana de Aviación. GMA vendió al Nuevo Grupo Aeronáutico, el 29 de diciembre pasado, las acciones de las siguientes empresas, según lo notificó a la Comisión Federal de Competencia, que aprobó esa compraventa:

Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV (Mexicana de Aviación), Aerovías Caribe, SA de CV (Click Mexicana), Mexibail, SAS (Mexibail), Aeropuertos y Terrenos, SA de CV (ATSA), Aerosys, SA de CV (Aerosys), Centro de capacitación Alas de América, SA de CV (CCAA), Turborreactores, SA de CV (Turborractores), Aero Eventos Mexicanos, SA de CV (Aeroeventos), Servicios Frecuenta, SA de CV (Frecuenta), Mexicana MRO, SA de CV (Mexicana MRO), Gamma servicios de negocios, SA de CV (Gamma), Servicios In Eligendo, SA de CV (Servicios In Eligendo) Datatronic, SA de CV (Datatronic), Grupo corporativo Mexicana, SA de CV (Grupo corporativo Mexicana), Aeromonterrey, SA de CV (Aeromonterrey) y Aerolibertad/Aeropacífico, SA de CV (Aeropacífico).

El mismo día, Mexicana de Aviación, que había recuperado la propiedad plena de sus marcas y avisos comerciales, cedió los derechos correspondientes al Nuevo Grupo Aeronáutico. Como se trata de transacciones entre los mismos accionistas, no fue extraño que Manuel Borja Chico, que desde julio de 2007 es director general de Mexicana de Aviación, aparezca en el convenio de cesión de derechos no en esa calidad sino como representante legal del Nuevo Grupo Aeronáutico.

En cambio, sí firmó como director general de Mexicana de Aviación la solicitud de concurso mercantil, presentada ante un juez federal el lunes pasado. No es automática la apertura de dicho concurso mercantil. El juzgador tiene que verificar mediante un visitador que el solicitante se encuentre en los supuestos de la ley respectiva. Entre ellos se cuenta el incumplimiento generalizado del pago de sus obligaciones, situación que se presenta cuando se deja de cubrir lo debido a dos o más acreedores y cuando la insolvencia alcanza al menos el 35 por ciento de los pasivos después de 30 días de su vencimiento.

Mexicana explicó al público que "el concurso mercantil es un recurso que la legislación mexicana establece para conservar a las empresas y evitar que el incumplimiento de sus obligaciones ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga relación de negocios". Respecto de su propio caso, la empresa espera que el concurso "permitirá reestructurar de forma ordenada los pasivos de CMA y adecuar su estructura de costos, especialmente los laborales, a las condiciones actuales de la industria bajo la protección de la ley".

El abordamiento de los asuntos laborales no puede ser realizado en el marco de un concurso mercantil. Se trata de materias distintas, regidas por leyes diferentes y que se ventilan ante autoridades que nada tienen que ver entre sí. Quién sabe qué propósito persiga la empresa al anunciar lo que no es posible hacer en ese terreno. Como es igualmente confusa su intención al pretender que espera que al aceptar la solicitud presentada el lunes "el juez ordenará la continuidad de la prestación de servicios con el objeto de preservar la operación de la empresa y garantizar al público consumidor que el servicio no será interrumpido", y al mismo tiempo obra en sentido contrario.

Yunes, precampaña con dinero público

Por Miguel Ángel Granados Chapa

21 Jun. 10

Para llevar a cabo su intensa autopromoción Yunes Linares pasó por alto la prohibición que existe en el artículo 134, tal vez porque no están determinadas las posibles sanciones, pero un político probo no lo hubiera hecho

Desde que asumió la dirección general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares utilizó ese cargo como plataforma para llegar al gobierno de Veracruz, ahora por la vía de Acción Nacional y no del PRI, en que había militado desde muchacho. Con ese propósito, privilegió la inversión de ese organismo en su estado natal, viajó a él con frecuencia inusitada, publicitó esos viajes, así su objetivo fuese de menor importancia, con fuerte gasto en los medios locales. Siempre figuraba en el centro de la información pagada, salvo cuando aparecía al lado del presidente Calderón, o de la pareja presidencial, pues entonces el móvil era mostrar a los veracruzanos cuán cercano estaba al titular del Poder Ejecutivo, proximidad de la que derivaría a la postre la candidatura que ahora despliega.

La autopromoción de Yunes era en sí misma una infracción a la norma constitucional que prohíbe la propaganda personalizada. Pero como el artículo 134, reformado en 2007, no ha sido reglamentado, el entonces director del ISSSTE lo pasó por alto, algo que un funcionario probo, movido por la ética de la responsabilidad en el desempeño de su cargo no hubiera hecho, pues el principio está sentado aunque no se determinen las sanciones en que incurren quienes lo infringen.

Era tal la frecuencia con que Yunes aparecía en su tierra natal y lo divulgaba a través de información pagada, que todo el mundo se percató del ánimo político-electoral con que procedía. Pero ahora ha aparecido un libro donde se documenta con puntualidad el trasiego de dinero público practicado por el director general del ISSSTE a medios informativos de Veracruz para hacerse presente en los que claramente pueden ser interpretados hoy que es candidato como actos anticipados de campaña, que nadie, ni en su partido ni fuera de él, pudo enfrentar debido a su carácter oneroso. Se trata del resultado de una minuciosa investigación realizada por Ramón Méndez López, que tituló a su obra La campaña del dinero sucio. "Cómo utilizó Miguel Ángel Yunes el presupuesto del ISSSTE para su promoción política".

En poco más de dos años que duraron esos actos anticipados de campaña, Yunes hizo pagar al ISSSTE más de 20 millones de pesos en inserciones publicitarias en diarios veracruzanos, principalmente los que se editan en la capital y en las ciudades más pobladas de la entidad. No sólo derrochaba el dinero para anunciar el inicio de la construcción de un hospital y después para avisar de su inauguración; también empleaba el dinero público para librar su combate personal contra el gobierno estatal.

Por ejemplo, el 1o. de abril del año pasado pagó 270 mil pesos por dos planas a todo color en el diario cordobés El mundo. La nota, en apariencia neutra e inocente, estaba encabezada como sigue: "El ISSSTE tiene programada la construcción de un hospital en Córdoba". Bajo esa apariencia se ocultaba una acusación al gobierno municipal priista. El texto explicaba: "Veracruz es la única entidad del país donde al ISSSTE le ponen obstáculos para llevar a cabo obras en beneficio de sus derechohabientes, sin reparar en que los afectados son ellos mismos. Lo lamentamos".

Yunes promovía su imagen al anunciar, asimismo, la inversión que el ISSSTE realizaba en su entidad natal. No lo hacía sólo en diarios veracruzanos. El 5 de julio de 2007, cuando faltaba un semestre para la entrada en vigor de un presupuesto que ni siquiera estaba aprobado, La Jornada de la Ciudad de México tituló un infomercial de la siguiente manera: "Anuncia Yunes inversión de casi siete mil millones de pesos en Veracruz". Al año siguiente, el 1o. de febrero, el Diario de Xalapa anunció: "Duplicará el ISSSTE la inversión en Veracruz: Yunes".

En ese momento ya estaba vigente la restricción constitucional del artículo 134 referida a la propaganda gubernamental. Entre otros puntos, ese texto establece: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personal de cualquier servidor público".

Contradictorio o mendaz como es, Yunes salió al paso de las observaciones sobre su frecuente presencia veracruzana y el seguimiento propagandístico que era su secuela. Un día justificó sus desplazamientos por sus deberes como funcionario público. Otro alardeó de su precampaña, ya como precandidato. He aquí la primera respuesta, suscitada por una denuncia que presentó en noviembre pasado la diputada priista Elvia Ruiz -denuncia que padece la misma suerte que las presentadas por cualquier hijo de vecino: no se ha movido desde entonces:

"Voy a Veracruz al igual que a los demás estados", dijo a sabiendas que era notoria la desproporción entre los viajes a su estado y los del resto de la República. Pero luego dijo la verdad, parapetado en su condición de ciudadano, no la de director general del ISSSTE, que ha de ser como una vestimenta que se quita el fin de semana, como la corbata. En 60 municipios, dijo, dio conferencias "como parte de mi estrategia para lograr la candidatura del PAN a gobernador del estado". Y aunque se excusa diciendo que "todo fue pagado por mis propios recursos", era el ISSSTE quien lo cubría.

Huelgas de hambre

Por Miguel Ángel Granados Chapa
12 de julio de 2010


Un régimen al que en algunos países y diversos sectores del nuestro se tiene como autoritario, el de la República de Cuba, fue sensible a las variadas expresiones que demandaron la libertad de presos políticos. Uno de los factores considerados para asumir tal decisión fue impedir que Guillermo Fariñas sucumbiera como ocurrió en febrero con Orlando Zapata. Ambos practicaron una huelga de hambre, que en el primer caso tuvo la muerte como desenlace, y en el segundo alcanzó una duración de 134 días.

El gobierno cubano anunció la liberación de cinco presos, el traslado de otros seis y la excarcelación de 52 reclusos, cuyo delito ha sido poner en cuestión la falta de libertades políticas en Cuba. La medida, solicitada tiempo atrás por España y la Unión Europea, se concretó por la mediación de la Iglesia Católica. Pero esas peticiones y presiones hubieran quedado en el ámbito de la diplomacia, inertes e ineficaces, de no ser porque el ayuno de Zapata y de Fariñas conmovió a la opinión pública mundial, que era el propósito de los ayunantes.

Desde hace más de dos meses grupos de electricistas practican esa forma de protesta política en el Zócalo de la Ciudad de México. A diferencia del cubano, el gobierno de México dista de ser sensible a la decisión de decenas de personas de exponer su integridad física, su salud y aun su vida en aras de un objetivo aún más claro que la liberación de los presos políticos (pues algunos de los considerados en esa calidad pudieron efectivamente haber cometido delitos contra la seguridad nacional). Quieren ser repuestos en sus plazas, si no en el organismo para el que trabajaban, Luz y Fuerza del Centro, cuya extinción fue declarada constitucional por el pleno de la Corte, sí bajo un patrón sustituto, que es claramente la Comisión Federal de Electricidad que ha asumido las funciones del organismo extinto.

Lejos de esa sensibilidad, el gobierno mexicano, y en especial el secretario del Trabajo, que toma a título personal los embates contra el SME, se dispone a combatir, en un nuevo capítulo, la tenacidad de los 16,333 electricistas que han rehusado "liquidarse" como con sinceridad involuntaria llama la autoridad laboral a la aceptación del despido colectivo practicado el 11 de octubre pasado. A partir de mañana estará disponible para ese enorme grupo, que se propone agotar las vías jurídicas y políticas que hagan posible su reincorporación al trabajo, una indemnización engañosa. Como en las dos tandas anteriores, se hacen ofrecimientos que no corresponden a la realidad, como pueden atestiguarlos miles de trabajadores que aceptaron la liquidación y no han obtenido las adiciones anunciadas ni han sido considerados para la recontratación. A pesar de que la situación de esos miles de trabajadores timados es conocida entre los que han resistido las tentaciones montadas por el gobierno, éste insiste en la trampa. Su nueva propuesta tiene un móvil ruin: se anuncia una semana después de que la Suprema Corte de Justicia, al confirmar una sentencia en tal sentido, declaró constitucional el decreto de Calderón mediante el cual se liquida a Luz y Fuerza del Centro.

El secretario del Trabajo, en una no por implícita menos grosera confesión de que él manda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ha dictado ya su laudo respecto de la cuestión que dejó pendiente el tribunal constitucional, que es la de aplicar a las todavía vigentes relaciones de trabajo entre el SME y quienes ahora prestan el servicio eléctrico en el centro del país, la figura jurídica de sustitución de patrón. Ésta consiste en trasladar a quien recibe los activos de una empresa fallida -o declarada extinta, como en este caso- las responsabilidades laborales, que no siguen la suerte de la unidad productiva con la que su sindicato contrata. A diferencia de lo que las autoridades laborales pretenden, liquidar a Luz y Fuerza no supone la liquidación simultánea de su agrupación sindical, que existe por voluntad de los trabajadores.

Miembro distinguido de un régimen autoritario -el de Calderón lo es en materia laboral y de seguridad, por lo menos-, el secretario del Trabajo lleva consigo una doble carga de ese estilo, pues a la propia de la administración panista agrega la herencia autoritaria del régimen priista que le concedió altas posiciones. Acaso tenga razón al saber lo que resolverá la Junta, porque quien toma las decisiones en ella no es el presidente ni sus órganos tripartitos. Pero su anuncio es insolente políticamente y desde el punto de vista jurídico puede implicarle responsabilidades exigibles.

La Corte consideró constitucional el decreto del 11 de octubre. Formalmente es la última palabra, si se piensa únicamente en la esfera judicial propiamente dicho. Pero los abogados que promovieron el amparo contra ese decreto y consiguieron que la Corte lo atrajera han anunciado que buscarán someter a juicio político a los ministros que obraron de esa guisa. En su opinión, los miembros de ese tribunal incurrieron "en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho", y caen por ello en los supuestos del juicio político.

No es una operación sencilla montar un juicio de esa naturaleza. Hace muchos años que no se consuma ninguno. En este caso, depende de la voluntad priista porque la bancada tricolor es la de mayor tamaño en San Lázaro. Si no quisieron iniciar una controversia constitucional menos apoyarán el juicio a los ministros.


Cajón de Sastre

Ha concluido la copa mundial de futbol celebrada en Sudáfrica, que fue en realidad una fiesta de la publicidad televisiva, en que se rompió la marca de las infracciones a la norma que limita el tiempo de anuncios en la pantalla chica. La densidad publicitaria, agobiante en el noticiario nocturno del Canal 2, fue mayor en las transmisiones de los juegos, aun después de que el equipo mexicano volvió a casa. Para coronar los abusos del monopolio televisivo, el encuentro semifinal entre Alemania y Uruguay no pudo ser visto en los canales abiertos, sino sólo en Sky, la empresa de difusión satelital propiedad de Televisa, que con esa actitud contraria al interés de los televidentes se habrá asegurado un buen número de suscriptores, que le hacen falta ante la competencia de Dish. En todo el mundo se asegura al público su derecho a todos los partidos en la televisión abierta, menos en México, donde no hay ante quién protestar.